Cumpliendo promesas de campaña de llevar más regalías para las regiones productoras, el gobierno Duque promovió la modificación del sistema general de regalías (SGR).
Mediante la reforma del artículo 361 de la Constitución, y a través de la Ley 2056 quedó establecida la correspondiente reglamentación.
El nuevo régimen del SGR impone que los ingresos obtenidos se tienen que destinar a la financiación de proyectos de inversión que contribuyan al desarrollo social, económico, y ambiental de las entidades territoriales (ET); y dichos proyectos deben cumplir con los principios de Buen Gobierno, además de las características de pertinencia, viabilidad, sostenibilidad e impacto.
Los proyectos tienen que estar articulados con los planes y políticas nacionales, territoriales y grupos étnicos, además del mejoramiento en necesidades básicas insatisfechas (NBI) y las condiciones de empleo.
Para que los proyectos de inversión sean financiados con recursos del SGR, deberán incorporarse en el plan de desarrollo en un capítulo independiente de inversiones que se denominará “inversiones con cargo al SGR”.
El nuevo SGR le otorga mayor autonomía a las regiones, para que los recursos se conviertan en obras que mejoren la calidad de vida de las comunidades; también fortalece la descentralización de las ET, simplificando los procesos e instancias de decisión que participan en la definición de los proyectos de inversión, pasando a tener solo 8 OCAD de los 1.152 que existían. Así mismo, deberá atender el principio de planeación con enfoque participativo, democrático y de concertación.
La nueva distribución del SGR quedó establecida como enseguida se muestra:
7% Financiar la implementación de la Paz con Legalidad, incluyendo proyectos destinados a la reparación de víctimas.
20% Asignaciones Directas para ET donde se adelante explotación de recursos, y con puertos marítimos y fluviales por donde se transporten.
5% Asignación Directa adicional a municipios.
15% Asignación para Inversión en Ambiente y Desarrollo Sostenible de los Municipios con criterios de NBI y población
34% Asignación para la Inversión Regional en los departamentos, municipios y distritos a través de los OCAD.
1% Asignación para la conservación de áreas ambientales y contra la deforestación.
10% Asignación para Ciencia, Tecnología e Innovación
0,5% Para Municipios ribereños del Río Magdalena y Canal del Dique a través de CORMAGDALENA
2% Funcionamiento, operatividad y administración del SGR, fiscalización, conocimiento y cartografía, evaluación y monitoreo del licenciamiento ambiental.
1% Operatividad del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control; la mitad para la vigilancia por parte de la Contraloría General de la República.
4,5% FONPET y Fondo de Ahorro y Estabilización.
El mayor valor que recaude el SGR, comparado con el presupuesto aprobado, será distribuido de la siguiente manera: 20% asignaciones directas para ET productoras y con puertos de transporte; 10% para municipios más pobres; 20% para conservación de áreas ambientales estratégicas y deforestación; 5% para proyectos de emprendimiento y generación de empleo y 45% para ahorro y estabilización.
Los rendimientos financieros que se obtengan por el manejo de recursos del SGR en el sistema financiero, serán distribuidos 70% para inversión en el cumplimiento de los acuerdos de paz y 30% para municipios productores y municipios con puertos de transporte.
En términos generales, queda muy reducida la discrecionalidad de gobernadores y alcaldes para la ejecución de los recursos de las Asignaciones Directas y la Asignación para la Inversión Local, porque se tiene que realizar un proceso de participación ciudadana a través de mesas públicas que definan y prioricen los proyectos de inversión. Se acabó el recreo con los recursos de la regalías.
Es decir, no se ejecutarán los proyectos que a los gobernadores y alcaldes les dé la gana sino los que defina la comunidad. Y eso está bien!
Ahora la evaluación de los proyectos incluye a la gente, y asi resulta mejor porque hay participación y se obtienen mejores resultados. Así mismo, la pertinencia de los proyectos es mejor cuando hay más participación de la gente, porque las comunidades son las que conocen los problemas que padecen todos los días, de tal manera que en ese sentido se mejora la alineación de las inversiones públicas con las necesidades de los ciudadanos. Este nuevo modelo de participación ciudadana en el uso de los recursos de regalías también se mejora el nivel de compromiso del ciudadano en los asuntos de su territorio porque permanecen en contacto con sus autoridades.
De todas maneras el control social a las regalías tiene que estar apoyado con acceso a la información y con rendición de cuentas. De esa forma los ciudadanos de manera individual y las comunidades organizadas ejercerán su derecho a la participación y acceso a la información pública sobre los proyectos de regalías; y de manera consecuente podrán ejercer un seguimiento sistemático y efectivo de la inversión y ejecución de estos recursos de impacto local y regional.
Para que se materialice la concertación, los gobernadores deben invitar a la Asamblea Departamental, Organizaciones de Acción Comunal, organizaciones sociales, Universidades y principales sectores económicos con presencia en el departamento. Por su parte, en el nivel local, los alcaldes, deben invitar a las Juntas Administradoras Locales, Concejo Municipal, Organizaciones de Acción Comunal, organizaciones sociales, y principales sectores económicos con presencia en el municipio.
El proceso de concertación debe constar en actas, y la Contraloría departamental debe ser garante del cumplimiento del procedimiento. Los gobernadores y alcaldes no podrán delegar su participación.
En este sentido, la gobernación y municipios de La Guajira ya deben estar organizando las mesas públicas y modificando el plan de desarrollo para incluir los proyectos que serán financiados con recursos del presupuesto de regalías para el bienio 2021-2022 que fue aprobado por la suma de $17,3 billones cuya distribución quedó para la región Caribe $3,6 billones; región Llano con $2,9 billones; región Centro Oriente con $1,7 billones; región Pacífico con $1,4 billones; región Centro Sur Amazonía con $1,2 billones y región Eje Cafetero con $1,05 billones.
A partir de un análisis comparativo muy simple, lo que se puede observar del nuevo SGR que está contenido en la Ley 2056 es que las asignaciones directas se duplican, y el nuevo sistema también promueve la equidad con más recursos para más de 1.000 municipios con mayores NBI.
Los recursos asignados para Ciencia, Tecnología e Innovación fueron aumentados; y se mantiene la inversión para proyectos de impacto regional con criterios de población, pobreza y desempleo.
Por primera vez, se asignan recursos de regalías que permitirán financiar proyectos relacionados con la conservación de áreas ambientales estratégicas y la lucha nacional contra la deforestación. A partir de ahora, las CAR pueden participar en la formulación y presentación, viabilidad, registro y ejecución de proyectos ambientales.
Ahora lo que sigue es unirse por intereses comunes y dejar a un lado los intereses mezquinos.
Luís Alonso Colmenares Rodríguez
@LcolmenaresR