DOS PROPUESTAS DE REFORMAS QUE TIENDEN A FRACASAR

Es lo que está ocurriendo con la cuestionada propuesta de reforma al sistema de salud. El gobierno nacional está empecinado en imponer un cambio arrasador, sin valorar los aspectos positivos construidos durante muchos años con el sistema de salud actual, y sin una clara estrategia de manejo del cambio, solo porque algunas EPS son manejadas por algunas entidades financieras en las que tienen participación accionaria algunas familias ricas del país. Es decir, es una propuesta influenciada por la ideología y la ya vetusta lucha de clases.

La incertidumbre que esta situación genera en la mayoría de los colombianos es enorme, pues no visualizan, ni se les ha dicho con claridad, como va a cambiar la atención de salud que hoy disfrutan -los momentos de la verdad de los servicios-, aun con las conocidas limitaciones de acceso y el débil enfoque preventivo. La mayoría de los colombianos preferimos el sistema actual mixto, con las mejoras necesarias en la gestión humana de los miles de empleados y profesionales de la salud, el reforzamiento de la prevención y en el acceso en zonas marginadas, de libre escogencia y con mejores y más robustos controles, en vez de un sistema estatizado, cuyos recursos sean manejados por una entidad centralizada, paquidérmica, burocratizada y expuesta al crecimiento de las prácticas corruptas.

Mientras no exista una clara estrategia del gobierno nacional para el manejo del cambio de las transformaciones requeridas, sin arrasar los aspectos positivos actuales, a implementarse en forma gradual, es altamente probable que el proyecto de reforma al sistema de salud no obtenga la aprobación de la mayoría necesaria en el congreso, por supuesto si sus miembros atienden el deseo de la mayoría de los colombianos y actúan con independencia e integridad ética.

Por otra parte, el gobierno nacional ya ha anunciado algunos de los elementos principales de la llamada reforma laboral, que en general representan mayores costos para las empresas. Se han escuchado algunas alertas de posible incremento en el desempleo y en la inflación. Los empresarios del sector de comercio, restaurantes y hoteles, que generan aprox. el 25% del total del empleo que se crea en el país, piensan que de aprobarse esta reforma laboral, tal como está planteada hasta el momento, corren peligro muchos puestos de trabajo actuales por los altos costos que tendrían asumir.

Consideran que de aprobarse las iniciativas planteadas en el borrador de la reforma, las empresas tendrían que asumir unos sobrecostos que podrían superar el 20%, o más, si se tiene en cuenta la jornada laboral, que cada año, a partir de 2023, se le restará una hora hasta llegar a las 42 horas semanales. Estiman que con el incremento del salario mínimo del 16% los costos laborales de este año, frente al año anterior, serían superiores entre el 35 y 40%.

Se estima que alrededor del 85% de las empresas desarrollan actividades en horario diurno, nocturno, domingos y festivos, por lo que encarecer la contratación para quienes laboran en las noches afecta a todos los negocios: restaurantes, bares, alojamientos, transportes, entretenimiento y hasta empresas de vigilancia y seguridad privada. Eso podría llevar a los empresarios a tomar decisiones que estarían orientadas a no generar más puestos de trabajo, o por el contrario a reducirlos, lo que contribuiría a aumentar el desempleo. Igualmente, las normas relacionadas con las terminaciones de contratos laborales contemplados en la reforma podrían afectar el crecimiento del empleo digno o enviar personas de la formalidad hacia la informalidad.

Un importante sector de los empresarios considera que si se encarecen los costos laborales se necesitarían reajustes adicionales a los precios de los productos y servicios que comercializan, lo que implicaría otra presión a la inflación y podría comprometer la sostenibilidad de sus empresas.

A las preocupaciones por la reforma, se suma la cautela en materia de contratación para este año, considerando factores como el encarecimiento del crédito, la incertidumbre política, la inseguridad jurídica, la reducción esperada de la rentabilidad y la alta inflación que persiste.

Algunos importantes líderes gremiales han planteado la necesidad de posponer la radicación de esta reforma laboral para el segundo semestre de este año, lo que podría ser beneficioso para el país, si existiera la voluntad política del Gobierno para que sea concertada.

Sin dudas, sería conveniente que el gobierno del presidente Petro atendiera una de las recomendaciones de su admirada economista Mariana Mazzucato y diera el primer paso -que deberían dar las economías como la de Colombia- dirigido a invertir en las capacidades de las personas para que sean parte de la generación de riquezas y de esa forma mejorar la productividad y lograr un crecimiento sostenible. Porque debería ser claro que si no se crea riqueza no hay nada que redistribuir, haciendo imposible la principal idea del populismo.

Álvaro López Peralta

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