Una de las discusiones más interesantes que dejó la reciente campaña presidencial en Colombia, fue la manera como los dos candidatos mas fuertes de la contienda terminaron representando, para buena parte de la opinión pública, dos formas distintas de entender la moral y la política. Iván Cepeda, filósofo y senador, llegó a al escenario con una trayectoria ligada a la defensa de los derechos humanos y al acompañamiento de personas detenidas o procesadas que habían tenido vínculos con organizaciones guerrilleras.
Abelardo de la Espriella, abogado litigante y empresario, construyó buena parte de su imagen desde el ejercicio profesional de la defensa judicial de personas vinculadas a sectores políticos cuestionados y a casos relacionados con paramilitarismo. Más allá del resultado electoral, esa confrontación dejó diversas inquietudes que vale la pena discutir con cierta distancia y sin las pasiones de campaña.
Durante el proceso se hizo evidente que una parte de la discusión pública no se concentró únicamente en las ideas de los candidatos, sino también en la valoración moral de las personas a las que cada uno había defendido o acompañado. En ese contexto apareció una especie de clasificación entre causas buenas y causas malas.
Defender a una persona con pasado guerrillero podía presentarse como una expresión de compromiso con los derechos humanos, mientras representar judicialmente a alguien relacionado con el paramilitarismo podía ser asumido como una señal de cercanía con ese mundo. Esa lectura tiene fuerza política, pero resulta insuficiente si se quiere comprender cómo funciona realmente un Estado de derecho.
Una de las diferencias se puede establecer desde la naturaleza de las actividades. Cepeda no es abogado litigante. Su papel ha estado relacionado con la política, el Congreso y la defensa pública de los derechos humanos. De la Espriella sí ejerció como abogado penalista y, por tanto, su actividad profesional incluyó la representación judicial de personas que enfrentan investigaciones o procesos.
No son funciones equivalentes. Sin embargo, existe un punto en el que ambas trayectorias pueden encontrarse. Defender los derechos de una persona no significa necesariamente compartir su historia, sus ideas ni las conductas que se le atribuyen.
Ese asunto resulta especialmente importante porque permite observar una contradicción frecuente en las democracias. La sociedad necesita condenar hechos como el terrorismo, el secuestro, las masacres, la corrupción o el paramilitarismo, pero al mismo tiempo necesita garantizar que cualquier persona acusada de cometer un delito tenga un proceso justo.
La Constitución colombiana establece la igualdad ante la ley, el debido proceso y la presunción de inocencia. Esas garantías no fueron diseñadas para proteger únicamente a quienes generan simpatía. Su verdadero sentido aparece cuando deben aplicarse a quienes provocan rechazo.
Todos queremos justicia, pero muchas veces entendemos por justicia que gane el lado que consideramos correcto. El problema es que una democracia no puede depender de que todos estén de acuerdo sobre quién es el bueno y quién es el malo. Si cada grupo político pudiera decidir qué derechos merece su adversario, las garantías dejarían de ser derechos y se convertirían en premios otorgados por el poder. Por eso el Estado de derecho establece reglas que deben funcionar, incluso cuando el acusado tiene una historia que nos resulta incómoda.
Un político puede ser cuestionado por las causas que decide acompañar y un abogado puede ser criticado por sus clientes, sus argumentos o su trayectoria. También puede haber actuaciones que deban ser investigadas por las autoridades cuando existan elementos que así lo justifiquen. La diferencia está en no convertir automáticamente la representación o el acompañamiento de una persona en una prueba de complicidad con sus actos.
Después de una campaña electoral tan intensa, esta discusión deja una enseñanza que va más allá de Cepeda y De la Espriella. Colombia necesita aprender a discutir las ideas sin convertir cada diferencia política en una batalla entre buenos y malos. Las trayectorias de ambos pueden ser examinadas, cuestionadas y valoradas de acuerdo con sus decisiones concretas. Pero ninguna corriente política debería apropiarse de la moral ni presentar sus propias causas como las únicas legítimas.
La campaña terminó, pero el debate que dejó sigue siendo útil. Quizás la verdadera prueba de madurez política no consiste en demostrar que un candidato es moralmente superior al adversario, sino en aceptar que los principios que se defienden deben aplicarse también cuando favorecen a alguien con quien estamos en desacuerdo.
La justicia no puede tener un rostro para los amigos y otro para los enemigos. Si una democracia solo defiende los derechos de quienes considera buenos, todavía no se ha aprendido lo más difícil de la democracia y ello está centrado en que los derechos existen precisamente para proteger también a quienes se piensan que están equivocados.
Cesar Arismendi Morales