La reciente decisión de los Estados Unidos de mantener a Colombia en la lista de países descertificados en la lucha contra el narcotráfico no debe leerse como un fracaso del presente, sino como el eco inevitable de un naufragio pasado.
En el complejo escenario de las relaciones exteriores, los errores de una administración no se borran con el cambio de un mandato; se arrastran como cadenas que frenan el avance de la nación. Lo que hoy presenciamos es la dolorosa resaca de las políticas erráticas del gobierno de Gustavo Petro, un periodo caracterizado por la permisividad, el debilitamiento de la fuerza pública y una visión romántica que terminó fortaleciendo a las estructuras criminales. Sin embargo, en medio de este panorama adverso, la diplomacia de la administración del presidente Abelardo ha logrado un hito histórico: que la Casa Blanca reconozca explícitamente dónde radica la verdadera culpa.
Al matizar la descertificación y atribuir la mayor responsabilidad de este rezago a las directrices de la administración de Petro, el gobierno estadounidense ha enviado un mensaje contundente de respaldo al presidente Abelardo. Este matiz no es un detalle menor; es una declaración de confianza internacional. Washington ha comprendido que el actual gobierno no es el autor del problema, sino el bombero que intenta apagar un incendio forestal provocado por la negligencia anterior. Durante el cuatrienio de Petro, la sustitución voluntaria de cultivos se convirtió en una utopía ineficaz, la erradicación forzosa se redujo a mínimos históricos y las zonas cocaleras del país experimentaron una expansión sin precedentes, alimentando la violencia rural y debilitando la soberanía nacional. El resultado de esa desconexión con la realidad es la lista negra en la que hoy permanecemos.
Frente a este oscuro panorama, el gobierno de Abelardo ha asumido el desafío con valentía, seriedad técnica y un pragmatismo renovado. Desde el primer día de su mandato, la administración actual ha trabajado incansablemente por revertir el daño reputacional e institucional. Se han diseñado nuevas estrategias locales que devuelven la moral a las Fuerzas Militares y de Policía, restableciendo el control territorial en aquellas regiones que la administración anterior entregó al arbitrio de los grupos al margen de la ley. La política antidrogas de hoy no se basa en discursos ideológicos ni en la victimización internacional, sino en la efectividad, la inteligencia financiera para perseguir los capitales ilícitos y la interdicción marítima y aérea.
El Palacio de San Carlos, bajo la dirección de la nueva cancillería, ha desplegado una ofensiva diplomática sin precedentes para recomponer los lazos con nuestros aliados estratégicos, especialmente con los Estados Unidos. La confianza, que se construye con años de consistencia y se destruye en un solo día de retórica antiimperialista, está siendo recuperada ladrillo a ladrillo. El hecho de que la administración norteamericana valide las nuevas directrices colombianas demuestra que los canales de comunicación vuelven a ser serios, predecibles y basados en la corresponsabilidad. El gobierno de Abelardo está haciendo todo lo que está a su alcance, demostrando con métricas reales y voluntad política que el rumbo del país ha cambiado radicalmente.
No se puede sanar un cuerpo enfermo en pocos meses si el paciente fue sometido a años de desatención intencional. La descertificación actual es el reflejo técnico de hectáreas sembradas y toneladas producidas que maduraron bajo el amparo de las políticas del pacto petrista. Pretender que la administración de Abelardo revirtiera en tiempo récord la mayor bonanza de cocaína de la historia del país es desconocer las dinámicas de la criminalidad transnacional. Lo verdaderamente valioso de la coyuntura actual es que la comunidad internacional ha otorgado un voto de confianza al plan de choque del nuevo gobierno. Estados Unidos sabe que en Bogotá hoy se encuentra un socio confiable, dispuesto a combatir el flagelo con determinación, y no un interlocutor complaciente que justifica el delito bajo consignas de justicia social.
El desafío que queda por delante es monumental, pero las bases sembradas por el presidente Abelardo invitan al optimismo. La reestructuración de la estrategia de seguridad nacional, combinada con una inversión social focalizada y real en el campo —lejos de la burocracia ineficiente del pasado—, comenzará a dar frutos verificables en los próximos ciclos de medición. La descertificación matizada debe entenderse, entonces, como el último capítulo de la fallida era de Petro y el prólogo de una Colombia que recupera su dignidad y su liderazgo en el hemisferio. El gobierno de Abelardo está haciendo la tarea difícil: limpiar la casa, ordenar las finanzas de la seguridad y devolverle la credibilidad internacional a un país que nunca debió perderla. La transición es dolorosa, pero el respaldo explícito de Washington confirma que el camino adoptado es el correcto.
Oscar Christoffel Díaz