Como es consabido, Colombia lleva muchos años arrastrando con los déficits gemelos (déficit fiscal y déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos), los cuales se mantuvieron aún en medio del largo ciclo de precios altos de los commodities (2003 – 2011), a contrario sensu de lo acaecido en el resto de países de la región.
Ello se explica en gran medida porque el recaudo impositivo en Colombia se estancó hace rato y oscila alrededor del 15% del PIB, mientras que, según la CEPAL, el promedio en Latinoamérica está en el 22.8% y el promedio en la OCDE, club de buenas prácticas al que ingresó Colombia recientemente, es del 34.2%. Se aspira y espera que con la entrada en vigencia de la reforma tributaria que acaba de aprobar el Congreso de la República se supere ese umbral.
En contraste el nivel del gasto público fluctúa en torno del 19%, de manera que se presenta de manera recurrente un descalce entre ingresos y gastos de 4 puntos porcentuales del PIB. La única manera balancearlos es incrementando los ingresos corrientes de la Nación y/o reduciendo el gasto. Pero, el gasto público en Colombia, según la Comisión del gasto integrada por el gobierno en 2017, está indexado de un año a otro a ritmos del 4% real anual. De modo que no queda otra alternativa que arbitrar mayores recursos vía impuesto, a riesgo de seguir abultando la ya de por sí elevada deuda pública.
El déficit fiscal de la nación es estructural y desde que el Ministro de hacienda Alberto Carrasquilla asumió dicha cartera, en lugar de corregirlo se propuso mimetizarlo, recurriendo a prácticas poco ortodoxas. Y sí, se dedicó a pagar deuda con deuda, emitiendo TES a tutiplén. Se están “utilizando formas de contabilización heterodoxas… el recurso a la contabilidad creativa genera incertidumbre y desconfianza y pueden conducir a rebajas en la calificación de riesgo del país”, manifestó contrariado Guillermo Perry Rubio, entonces miembro del Comité consultivo para la Regla fiscal. Sus palabras resultaron premonitorias, pues a poco andar Colombia perdió la calificación inversionista de su deuda soberana
En qué consiste la “contabilización creativa” que denunció Perry, en la práctica del ex ministro Alberto Carrasquilla de “recontratar” la deuda pública, pagando deuda con deuda, mediante la emisión de TES y de este modo hacer pasar el gasto público por financiamiento para hurtarle el cuerpo a la regla fiscal. Se colige de lo anterior que las cifras oficiales no han sido confiables y lo corrobora el propio órgano de control fiscal, como lo veremos a continuación.
Dicho lo anterior, no es de extrañar el pronunciamiento de la Contraloría General de la República luego de auditar las cuentas de la Nación al corte de diciembre 31 de 2021. Lo que sí es de extrañar es que el mismo haya pasado por desapercibido a pesar de su gravedad que, en otras circunstancias, daría pie para un severo juicio sobre el manejo de las finanzas públicas por parte del ejecutivo por parte del nuevo Congreso de la República.
En su Informe al Congreso de la República “la CGR consideró que la evidencia de auditoría obtenida proporciona base suficiente y adecuada, por lo que concluye que las incorrecciones fueron materiales y generalizadas en la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la nación, por lo tanto, emite una opinión no razonable para la vigencia 2021. La CGR evidenció incorrecciones que sumaron $49,30 billones, 14,3% del presupuesto definitivo”.
En dicha rendición de cuentas la Contraloría General, además, se destaca el incremento de la deuda en $137,23 billones, al pasar de $737,65 billones en 2020 (73.9% del PIB) a $874,88 billones (o sea el 74.3% del PIB). Respecto a diciembre del 2020, la deuda total del sector público aumentó en términos nominales $137,23 billones (18,6%). Al comparar con diciembre de 2020 la deuda total del Gobierno Nacional Central (GNC) aumentó en 2021 $112,42 billones (18,8%). El nivel de deuda pública del GNC, según la Contraloría “alcanzó un nivel histórico en 2021”, por lo que en su concepto es necesario evaluar las condiciones para su sostenibilidad en el mediano plazo. Dicho de otra manera, la Nación quedó endeudada hasta el cogote.
Y hablando del déficit fiscal, según la Contraloría General el gobierno nacional registró para 2021 un balance fiscal deficitario de $83,69 billones, equivalente a 7,11% del PIB. Claro está que si se añade el déficit del Fondo de Estabilización de los precios de los combustibles (FEPC), que supera los 3 puntos porcentuales del PIB, dicho déficit bordeaba el 12% del PIB, lo cual es una monstruosidad.
Este año el descuadre del FEPC es mucho mayor, según la proyección del Ministerio de Hacienda su déficit estará alrededor de los $38 billones, más de 3 puntos porcentuales del PIB. Y ello, a pesar del alza del precio de los combustibles autorizado por la administración Petro para el último trimestre de 2022. De modo que el déficit fiscal proyectado para este año por parte del ex ministro de Hacienda de la administración Duque, José Manuel Restrepo, de – 5.6%, se queda corto al momento de sincerar las cifras, mientras el déficit en cuenta corriente de la Balanza de pagos se amplió en el tercer trimestre de este año hasta alcanzar el 7.2% (¡!).
Amylkar D. Acosta M[1]
[1] Miembro de Número de la ACCE