Todas las mañanas, antes de iniciar mis reuniones de trabajo, suelo consultar los indicadores económicos, estadísticas, normas o estudios, que tienen incidencia en el financiamiento del sector agropecuario, para encontrar alternativas de solución a las dificultades de acceso que tiene este importante sector de la economía del país.
Sin duda alguna, el principal problema del acceso al crédito agropecuario, es la misma institucionalidad que lo opera o administra. Un Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, que a pesar de tener todas las líneas básicas de financiación que los productores necesitan, son de difícil acceso, tardías y caras. Un sistema de crédito que es obsoleto, porque las condiciones de mercado y desarrollo tecnológico del sector agrícola, son diferentes a las encontradas por el legislador en 1.990, cuando se expidió la legislación actual.
Llevamos 33 años, viendo la misma foto. Un sector agropecuario, con más de 3 millones de productores del campo, pero el 89% de ellos, está por fuera del sistema financiero. Han pasado más de tres décadas, inyectándole millonarios recursos públicos para condonación de intereses, capitalización del Fondo Agropecuario de Garantía (FAG), compras de carteras vencidas y subsidio de tasa de interés, pero según Asobancaria, los créditos destinados al sector agropecuario solo representan el 2.6% del total de la distribución de la cartera comercial. Desde su creación, Finagro pasó de 231.000 operaciones de créditos en 1991 a 468.000 operaciones en 2021, lo que representa un crecimiento por año de 7.900 operaciones de crédito. A este ritmo se van a necesitar 67 años para bancarizar siquiera un millón de productores del campo, que hoy son financiados por el comercio de los agro insumos y las industrias.
Les doy un dato final. Durante los últimos cuatro, mientras Finagro, concentró el 70% de los créditos de fomento en grandes empresas en diez ciudades capitales, a los pequeños campesinos de 690 municipios rurales, solo les llevó el 15% de los desembolsos, incluyendo el costoso microcrédito rural. En el año 2020, por ejemplo, les prestaron a 46.000 inocentes campesinos, 138 mil millones de pesos, en montos promedios de microcréditos de 3 millones de pesos, a una tasa de interés promedio del 38% efectivo anual, teniendo en Finagro, líneas de crédito para ellos, que no superaban el 12% efectivo anual. Por Dios, eso no se hace con una población humilde y desprotegida.
Pero las cosas están cambiando. El pasado 20 de diciembre, los nuevos miembros de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, presidida por la ministra de Agricultura, Cecilia López, tomaron la decisión de establecer una meta de colocación de $5.4 billones en créditos para pequeños productores; $4.6 billones para el sector primario y $2.6 billones para mujeres rurales. Además, habilitó la línea de crédito de integrador bursátil, para que las grandes industrias, puedan dar anticipos a sus proveedores de materias primas, con respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), a través de contratos forward, registrados en la Bolsa Mercantil de Colombia. Ahora solo queda, reformar el Seguro Agrario, el FAG y el ICR, para lograr una verdadera bancarización del agro.
Indalecio Dangond