En la memoria histórica de La Guajira, persiste una etiqueta oxidada, pero aún funcional para justificar la exclusión: los «bárbaros hoscos». Así llamaban los cronistas coloniales a las gentes indomables que en estas tierras no entendían la lengua del conquistador ni la lógica del mercado esclavista. Hoy, siglos después, esa etiqueta ha mutado de piel, pero conserva su esencia. Ya no son vistos como salvajes por falta de civilización, sino como obstáculos por exceso de arraigo. Pero hay una ironía amarga en esta nomenclatura. Mientras el mundo moderno celebra la civilización como sinónimo de extracción intensiva, los supuestos salvajes, mantienen intacta la única brújula ética que podría salvarlos: la conciencia de que la tierra no se posee, se habita.
Y ahora, cuando el gigante carbonífero de El Cerrejón prepara sus maletas para irse —o al menos eso promete el discurso oficial—, nos venden la ilusión óptica de la «rehabilitación territorial». Pero detrás de ese eufemismo se esconde la cicatriz abierta de un desarraigo sistemático que legalizó el despojo bajo el manto del “derecho” y del interés general. Porque, como bien advierte Eduardo Gudynas (2015), el neoextractivismo no solo extrae minerales; extrae territorios, cosmovisiones y futuros. Y con el cierre anunciado de la minería de carbón en el corazón de La Guajira, surge la pregunta que nadie quiere responder con valentía: ¿Podrán estos «bárbaros» volver a gozar de sus territorios ancestrales?
La respuesta corta, si seguimos operando bajo la lógica actual, es un rotundo NO. La respuesta larga requiere destapar la caja negra de la «rehabilitación posminera». Durante años, el discurso oficial vendió la idea de que, tras sacar el carbón, se podía devolver “la montaña” a su estado original mediante movimientos de tierra y reforestación cosmética. Hoy, vemos que la realidad supera la ficción. Lo que queda después de 50 años de voladuras masivas, excavaciones profundas y alteración hidrológica no es un terreno listo para recibir de vuelta a las comunidades desterritorializadas. Es una herida abierta que necesita más que cemento vegetal: necesita tiempo geológico y justicia social.
Y aquí es donde entra en juego el concepto de «hosco». A menudo usado peyorativamente para describir la resistencia terca a ceder derechos, el hosquismo es, en realidad, la defensa última contra el olvido institucional. Recordemos que, las comunidades afectadas directamente por la expansión minera fueron desplazadas, muchas veces bajo la presión de indemnizaciones irrisorias o promesas de empleo fantasma. Y ahora, cuando en pocos años la máquina se va a detener, el Estado y la multinacional proponen planes de cierre que priorizan la estabilidad física del talud sobre la viabilidad socioeconómica de los dueños originales de ese uso: los ancestros.
Volver a gozar del territorio ancestral implica mucho más que pisar la tierra “rehabilitada”. Implica recuperar la hidrología subterránea. Implica restaurar la biodiversidad nativa permitiendo la regeneración lenta y dolorosa de los matorrales xerófilos y los bosques secos tropicales que caracterizan al centro de La Guajira. Implica, fundamentalmente, reconocer la propiedad colectiva y la autonomía étnica sobre esos predios restituidos. Pero hoy, la barrera para lograr ese propósito no es solo ecológica, es jurídica y política. El derecho minero colombiano ha sido diseñado para proteger la inversión, no para garantizar la restitución integral. Una vez que la licencia expira, la responsabilidad legal suele difuminarse entre la empresa cerradora y las autoridades, dejando a las comunidades en un limbo administrativo. Los planes de rehabilitación son técnicamente insuficientes y representan la continuación del colonialismo interno: decidir por el «bárbaro» cuál será su futuro, imponiéndole un paisaje artificial mientras se niega la devolución de la soberanía sobre su propia historia.
No hay sujetos sin territorio o que viven más allá de los territorios, hay en todo caso, individuos y grupos excluidos que viven en condiciones precarias en sus territorios de origen o en otros, cuyas dificultades de supervivencia cotidiana más que provocar la disolución de sus lazos territoriales, les pueden llevar incluso a reconstruir su identidad en torno a dichos territorios y a aglutinarse en torno a la defensa delos mismos o a la reproducción de unos códigos culturales asociados a un determinado territorio evocado. Vivencian así un territorio red, con múltiples conexiones es tanto físicas como virtuales. A esas ontologías, Arturo Escobar las llama ontologías o mundos relacionales. Dentro de esta visión, los territorios tienen una importancia más allá de la dimensión geográfica, pues son concebidos y vividos como “espacio-tiempos vitales de interrelación con el mundo natural” (Escobar, 2014: 59)
La minería no solo arrancó árboles; arrancó esos símbolos vitales y al desviar los cauces culturales y comunitarios secó las fuentes de vida espiritual. Al imponerse una lógica mercantil donde todo tiene precio (incluida la tierra), el desarraigo y la expulsión territorial trajo consigo lasta el oficio de leer el paisaje y la escucha del canto de la naturaleza. Esto es una transfiguración negativa del pueblo hosco, que pasó de ser sujeto activo de su destino a objeto pasivo del consumo y la pseudomodernidad. Cabe recordar que este concepto se estudia en sociología y teoría crítica (como en las teorías del chivo expiatorio de René Girard), al referirse en la forma en la que el miedo, la hostilidad colectiva o la frustración transforman los valores de una comunidad en dinámicas de persecución y violencia.
Para que los pueblos «hoscos» puedan realmente regresar y gozar de sus tierras, deben exigir tres cosas innegociables: Primero, la revocación inmediata de cualquier concesión futura en zonas sensibles hasta que se complete una auditoría independiente de daños acumulados. Segundo, la creación de Zonas de Reserva Étnico-Ambientales específicas para las áreas post-minería, donde la decisión sobre el uso del suelo pertenezca exclusivamente a las juntas de acción comunal, cabildos wayuu y consejos comunitarios afrodescendientes, con financiamiento estatal garantizado por ley, no por presupuesto anual sujeto a vaivenes políticos. Tercero, la implementación de tecnologías de remediación basadas en soluciones naturales (NbS) adaptadas al contexto semiárido, supervisadas por científicos locales y sabedores tradicionales, rompiendo el monopolio de la consultoría cara e irrelevante culturalmente.
Y aunque devuelvan la tierra, es claro que devuelven un espacio huérfano de significado. Un territorio sin alma fácil de volver a explotar, porque ya no hay quien defienda su sacralidad. Porque los mayores y mayoras, a pesar de su terquedad ancestral, yacen cansados de insistir en que la tierra tiene memoria y que el retorno territorial debe ser un objetivo superior al bienestar de los “otros”.
A la espera de tal suerte, el reloj corre al son de las voces de quienes fueron expulsados por el carbón y olvidados por la polvareda de la indiferencia. Si, por quienes creen que la civilización consiste en dejar atrás a los «bárbaros» para avanzar hacia un progreso abstracto. Por quienes, a pesar de su formación y estudios, siguen siendo primitivos en lo humano, aunque sofisticados en lo extractivo de sus discursos. Porque, guajiros y guajiras, la verdadera contraprestación no será cuántas regalías se generaron durante la explotación, sino cuánta dignidad logramos devolver a quienes siempre estuvieron aquí, esperando, hoscos y firmes, que la tierra vuelva a respirar y traer de vuelta a la memoria. Hasta entonces, el regreso sigue siendo una utopía negada, un sueño interrumpido por la codicia disfrazada de futuro.
Arcesio Romero Pérez