La política vive tanto de los hechos como de los símbolos. Hay discursos que trascienden una coyuntura porque buscan construir una identidad moral alrededor de un gobierno. Gustavo Petro ha entendido ese recurso mejor que muchos de sus antecesores. Desde que llegó a la presidencia ha convertido la historia en un escenario desde el cual interpreta el presente y proyecta el futuro. No sorprende, entonces, que en Santa Marta durante la conmemoración del 20 de julio del año pasado, evocara a Policarpa Salavarrieta como el ejemplo de dignidad, valentía y fidelidad a unos principios que no admitían negociación.
La imagen de la Pola cumple una función mucho más profunda que la de recordar a una heroína de la Independencia. Representa la idea de que existe una moral pública superior, capaz de imponerse sobre la conveniencia política. En el relato presidencial, quienes luchan por transformar el país deben actuar con mayor rectitud que aquellos a quienes pretenden reemplazar. Esa narrativa ha sido una de las fortalezas de Petro porque conecta la promesa del cambio con una exigencia ética.
Sin embargo, los símbolos también tienen una exigencia silenciosa. Quien los convierte en bandera termina obligado a vivir bajo ellos. Cuando un gobernante construye su legitimidad sobre la superioridad moral, cada decisión deja de medirse únicamente por su legalidad y comienza a evaluarse por su coherencia. Es precisamente allí donde la controversia alrededor de Juliana Guerrero, la joven de las influencias perversas, los contratos amañados, coimas y títulos sin cumplir requisitos, adquiere un significado político que trasciende a la sociedad.
La investigación que adelantan las autoridades sobre sus actuaciones irregularidades deberán resolverse conforme al debido proceso y con pleno respeto por la presunción de inocencia. Pero la discusión pública no gira exclusivamente alrededor de la responsabilidad penal. También se ocupa de la responsabilidad política y ética de quienes ejercen funciones públicas.
En ese terreno, las preguntas son distintas. ¿Debe un gobernante mantener un respaldo irrestricto a un colaborador cuestionado? ¿Conviene hacerlo cuando la principal bandera del proyecto político ha sido precisamente la lucha contra las viejas prácticas del poder?
El presidente Petro optó por respaldar públicamente a Juliana Guerrero, reivindicando sus capacidades y expresando confianza en ella. Desde el punto de vista humano, esa decisión puede interpretarse como un acto de lealtad. Desde la perspectiva política, abrió un debate sobre la distancia que existe entre la solidaridad personal, la prudencia y la coherencia institucional.
Es allí donde aparece lo que podría denominarse el dualismo moral petrista. El presidente suele exigir los más altos estándares éticos cuando examina la conducta de sus opositores y de gobiernos anteriores, pero adopta un tono relajado, comprensivo y hasta cómplice cuando los cuestionamientos recaen sobre personas cercanas a su silla. La percepción de un doble rasero se hace evidente y con ello se debilita la autoridad moral que el propio gobierno ha convertido en uno de sus principales activos.
El propio mandatario ha relativizado el episodio del tráfico de influencia de Juliana, al señalar que no se trata de uno de los grandes escándalos de corrupción del país. Esa explicación puede responder a una lógica política, pero deja abierta una inquietud de fondo. La ética pública no suele medirse por el tamaño del escándalo, sino por la consistencia con la que se aplican los principios, incluso en los casos que parecen menores.
La moral pública no admite excepciones selectivas. Cuando un gobernante convierte la ética en el principal argumento de su liderazgo, también convierte la coherencia en su principal obligación. Los ciudadanos suelen ser más indulgentes con los errores que con las contradicciones. Un discurso puede soportar la crítica; lo que difícilmente resiste es la percepción de que las reglas cambian dependiendo de quién sea el protagonista.
En este episodio, Policarpa Salavarrieta y Juliana Guerrero terminan representando dos dimensiones distintas del mismo poder. La primera simboliza la firmeza de los principios que no se negocian. La segunda recuerda las complejidades, lealtades, tensiones y triquiñuelas que acompañan el ejercicio cotidiano del gobierno. Entre ambas figuras se mueve hoy una parte importante del debate sobre la credibilidad del cambio prometido.
La historia enseña que los gobiernos no siempre son recordados por la grandeza de sus discursos, sino por la consistencia con la que actuaron cuando esos discursos fueron puestos a prueba. Gustavo Petro ha decidido gobernar bajo la bandera de una superioridad ética frente a la política tradicional y todo indica que se ha quedado corto por las declaraciones de su más cercanos aliados que combaten la corrupción.
Ad portas de salir del gobierno, la débil postura del presidente eleva el estándar con el que será juzgado. Entre la Pola, convertida en símbolo de una moral sin concesiones y Juliana Guerrero, que revela todo lo contrario. Allí se encuentra uno de los mayores desafíos para demostrar que la ética invocada desde el poder debe sostenerse con el mismo rigor cuando las pruebas llegan desde el propio círculo de intimidad.
Cesar Arismendi Morales