El gobierno de Gustavo Petro deja una discusión que en Colombia no debería cerrar con el simple balance de cuántos contratos se firmaron, cuántos subsidios se entregaron o cuántos recursos fueron ejecutados. La pregunta de fondo es mucho más exigente. ¿Qué cambió realmente en la capacidad del Estado para garantizar derechos y resolver problemas que llevan décadas reproduciéndose?
Si bien son dos responsabilidades del Estado en la producción de bienes, servicios y redistribución de ingresos, contratar y asignar subsidios no constituye, por sí mismo, una transformación. Son instrumentos legítimos, pero adquieren verdadero sentido cuando hacen parte de una estrategia focalizada capaz de modificar las condiciones que mantienen a millones de colombianos en situación de vulnerabilidad.
La afirmación de que en Colombia no se necesita ser presidente para contratar o repartir subsidios puede parecer una provocación política, pero contiene una reflexión que merece ser tomada en serio. Gobernar no puede convertirse en administrar una caja de recursos disponibles para atender demandas inmediatas.
Cualquier gobierno puede contratar, transferir dinero y crear programas. Lo difícil es construir un Estado que sepa hacia dónde conduce esas decisiones, cómo las articula y qué resultados espera obtener en el corto y mediano plazo. Esa es precisamente la diferencia entre ejecutar presupuesto y desarrollar una política pública con capacidad de transformar una realidad.
El gobierno Petro llegó al poder con la promesa de producir un cambio profundo en la manera de enfrentar las desigualdades. Por eso, la expectativa razonable no era únicamente que ampliara la cobertura de los programas sociales y bienes públicos, sino que utilizara esos recursos para poner en marcha un circuito estratégico de satisfacción de derechos.
Ese circuito debía conectar educación con empleo, alimentación con productividad, salud con prevención, vivienda con hábitat, infraestructura con desarrollo territorial, creación de externalidades económicas y transferencias con generación de autonomía económica. Cuando esas conexiones no existen, cada programa termina funcionando como una respuesta aislada y el ciudadano recibe una ayuda, pero no necesariamente encuentra una ruta para superar la condición que hizo necesaria esa ayuda.
Los subsidios tienen una función social indiscutible. Pueden evitar que una familia caiga en una situación más grave, proteger a una persona mayor, garantizar alimentación o contribuir a superar una emergencia económica. La dificultad aparece cuando la política social queda atrapada en la lógica de entregar recursos sin construir las condiciones para que las personas puedan depender cada vez menos de ellos.
Un Estado que transfiere dinero, pero no logra ampliar las oportunidades económicas, mejorar la educación, garantizar servicios públicos de calidad y generar empleos dignos termina atendiendo las consecuencias sin modificar suficientemente las causas. El subsidio puede ser el comienzo de una política social, pero difícilmente debería ser su punto de llegada.
Con la contratación ocurre algo parecido. El país necesita contratar para construir escuelas, hospitales, vías, sistemas de agua, infraestructura productiva y servicios públicos. El asunto no es contratar menos, sino contratar mejor y con una finalidad claramente definida. Cada peso público debería responder a una pregunta elemental: ¿qué capacidad queda instalada cuando ese contrato termina?
Si la respuesta es solamente que se ejecutó una actividad, se entregó un producto o se gastó un presupuesto, algo fundamental está faltando. La contratación pública debería dejar instituciones más fuertes, comunidades con mayores capacidades y soluciones que puedan sostenerse cuando cambie el funcionario, el contratista o incluso el gobierno.
Por eso, el balance de estos cuatro años no debería construirse únicamente desde las cifras de ejecución ni desde la defensa o el cuestionamiento político de las reformas promovidas por el presidente Petro. El verdadero examen consiste en determinar cuánto de lo realizado puede sobrevivir al cambio de gobierno y convertirse en política de Estado.
Una transformación auténtica no debería depender de que permanezca el mismo presidente, del mismo ministro o del mismo programa. Debe quedar incorporada en instituciones capaces de continuarla, en presupuestos sostenibles, en sistemas de información confiables y en ciudadanos que puedan ejercer efectivamente sus derechos. Esta es la misión de la izquierda propia del siglo XXI.
Colombia necesita superar una idea demasiado pequeña de lo que significa gobernar desde el progresismo. Gobernar no es solamente contratar para atender necesidades ni subsidiar para aliviar carencias. Gobernar es construir las condiciones para que esas necesidades disminuyan y para que los derechos puedan ser garantizados de manera permanente.
Cesar Arismendi Morales