Cada vez que ingreso en un escenario en el que se llevará adelante algún debate, aquellos tan particulares como una Asamblea de Accionistas, o de propietarios, o de representantes sindicales, sólo para poner algo de contexto, recuerdo con claridad inusitada aquel dicho popular según el cual «En la guerra no hay que despertar a los perros». Para cualquiera de ustedes y para mí, esa puede ser una máxima de prudencia muy aconsejable en todo momento de la vida, aunque suene bastante aplicable en el campo militar, si es que se quiere pasar desapercibido frente al enemigo, tanto como en el campo de lo político, si es que no se está dispuesto a tener que lidiar con “enemigos dormidos”, o desatar conflictos innecesarios, o reactivar tensiones que pueden tener consecuencias desfavorables a la hora de conseguir un propósito. Si las cosas están calmadas, carece de sentido “alborotar el avispero” o “meterse a molestar al perro que duerme”. Mi abuela María Teresa lo decía con total autoridad siempre que mis hermanos y yo salíamos por ahí de excursión, y no era porque no quisiera que nos divirtiéramos sino porque esperaba que regresáramos vivos de la aventura, es decir, sin heridas, es decir, sanos y salvos.
Para ir al Congreso a atender su primer debate de control político, el señor Ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, pudo haber recurrido a esa enseñanza, de seguro revivida más de una vez en el agitado curso de su vida. El debate en cuestión revestía una importancia extrema para el gobierno que comienza en tanto se trataba de discutir los pormenores del Presupuesto de la Nación para la vigencia 2027, que es una herencia directa del gobierno que sale y que se recibe en el nuevo equipo de Gobierno con todas las reservas y prevenciones del caso, obviamente. No era prudente, en cualquier caso, que el Ministro desplegara tan airada secuencia de ataques, señalamientos y reclamos al proyecto de Presupuesto y a sus autores, con lo cual consiguió enrarecer el ambiente y diluir la oportunidad de conseguir el valioso respaldo de las distintas bancadas del Congreso para la tarea de gobierno que se viene, teniendo en cuenta que es el Ministro de Hacienda el funcionario con mayor demanda de responsabilidades de contacto e interacción con los legisladores para manejar los asuntos económicos de la Nación. Aunque fuera necesario sustentar “la devolución del Proyecto de Ley de Presupuesto para la realización de los ajustes necesarios en la óptica del nuevo gobierno”, resultado que se consiguió en efecto, la actitud provocadora del Gobierno puede tener consecuencias incontrolables frente a la bancada de oposición del Pacto Histórico y las demás que se agreguen en el camino que apenas comienza. Si con el ruido y el alboroto “se despierta al perro que duerme», es posible imaginar efectos políticos de muy diverso orden, como pueden ser la apertura de nuevos frentes de oposición, la aparición de “enemigos” y la generación de hostilidades que son perjudiciales para el buen transcurso de la tarea de gobierno. El país no resiste, y el equipo de Gobierno que comienza tampoco, una escalada de “violencia legislativa” que genere incertidumbre y aplace peligrosamente resultados de gestión.
Significa que, en medio de situaciones de alta tensión y polarización como las que han venido viviendo en el país desde los tiempos de campaña electoral y más atrás, no luce inteligente promover o activar conflictos “dormidos”, o fomentar actitudes agresivas que cierren los espacios de diálogo y consenso que se requieren para gobernar en armonía. En la coyuntura política actual, entendido el grado de polarización que impregna la llegada del nuevo gobierno, el principio táctico de “no despertar los perros” se aplica directamente a la obligación y conveniencia de identificar con oportunidad cualquier situación de crisis que pueda desembocar en la radicalización de posturas que afecten la dinámica legislativa y amenacen la gestión de gobierno. La polarización desmedida es un enemigo fatal del debate democrático, aquel que construye y estabiliza el Estado, al tiempo que asegura la gobernabilidad y la paz.
No hay que olvidar que en el curso de toda acción violenta “la piedra siempre se puede venir de rebote”. No se puede creer que la actitud del Gobierno sea la de propiciar el caos legislativo y la violencia, claramente, de tal modo que se puede esperar que sus ministros y equipos de trabajo se aparten de toda señal de animosidad para corregir o reparar daños imputables al gobierno anterior, con tal que se corrijan los problemas más angustiantes sin que haya necesidad de caer en batallas campales que solo saben dejar heridos y malos resultados. El Presidente ya lo dijo en su posesión: “voy a gobernar con todos”, y eso constituye una señal de alivio, pero será necesario que todo el aparato gubernamental se sincronice en esa línea para bien de todos y del país. Serán necesarias altas dosis de gallardía y de nobleza en las altas esferas del gobierno y del Congreso, que no es lo mismo que tibieza y falta de carácter, pero es preferible ese esfuerzo con tal que todos tengamos al final el resultado de prosperidad y bienestar que merecemos. El diálogo y el consenso serán la vía natural para tender los puentes de comunicación que se requieren con el Congreso, siendo así que se pueda neutralizar de entrada cualquier amenaza de “parón o sabotaje legislativo” que se interponga a las reformas que promueva el Gobierno y el trámite de las Leyes que requiere el país en la presente coyuntura política. Este será el momento de “enfriar” los debates innecesarios y filtrar la agenda legislativa para conseguir un desempeño óptimo que fluya libre del “ruido” político.
Sin ofender, esto de que “no hay que despertar a los perros» no se refiere a las personas, por más que algunas puedan sentirse aludidas. Más bien advierte sobre el peligro que representa para Colombia el reactivar sin necesidad conflictos dormidos, azuzar tensiones extremas contra adversarios que hoy se muestran radicales pero que bien pueden ceder al entrar en razón, o desatar oleadas incontrolables de rencor y resentimiento que terminen devorando la tarea de Gobierno hasta dejarle en el borde de confrontaciones sangrientas de costos político y social inimaginables.
Todo esto está sucediendo mientras apenas estamos iniciando una transición de poder hacia un nuevo gobierno de derecha. Todavía se viven rezagos y no se acallan los tambores de rebelión tras la muy atrevida convocatoria a la desobediencia civil que encabezó el Pacto Histórico. Esa sola acción, aliñada con el llamado a las “milicias y brigadas libertadoras”, arrojó el país a un estado de susceptibilidad en el que puede haber movilizaciones no controladas que representan un riesgo muy serio para el orden público, la estabilidad de las instituciones y la paz nacional.
Si coincidimos en que los resultados electorales suelen ser una radiografía de la Nación, lo primero que hay que reconocer es que la sociedad colombiana se reparte hoy en dos mitades casi iguales, lo cual quiere decir, de hecho, que cualquiera de las dos puede elegir Presidente, por lo tanto, radicalizar los discursos es incitar a la otra mitad a desatar la furia de una “oposición masiva” que puede causar más daños que beneficios. Una oposición muy concreta sería la que se puede ejercer desde las mayorías en el Congreso con el liderazgo de las bancadas de izquierda, pero otra muchísimo más potente y manipulable desde las toldas opositoras es el bloqueo proveniente de todas las fuerzas sociales del Pacto Histórico, que podrían “despertar” en estallido social y paros nacionales en clave de “sabotaje y desobediencia civil”, si es que se les llega a dar orden. Aun si esa orden no les fuese dada, si es que por alguna razón llega a ser excesiva la presión del nuevo gobierno y las bases sociales se llegan a sentir agobiadas con sus políticas. De allí que el “perro dormido” del estallido social podrá manifestarse igualmente, sin mucha necesidad de que los líderes de oposición hagan o digan nada, o quizás haciéndolo, aprovechando esta vez el malestar provocado por el Gobierno.
El centro del problema que hereda el nuevo Gobierno parece estar en el Déficit Fiscal del 7,8% del PIB[1] y la necesidad de corregir los números y tendencias para los próximos años, no sea que el país se vaya definitivamente a la bancarrota. Esa era la motivación esencial del Ministro en su discurso ante el Congreso, aparte de hacer notar las deficiencias técnicas flagrantes en las que supuestamente incurrió el Gobierno anterior en la construcción del Presupuesto – dicho casi en sus propias palabras-. Un déficit de ese tamaño se puede valorar en 144,5 Billones de pesos, lo cual representa un desafío descomunal para cualquier administración. De ese tamaño es el desequilibrio que se recibe.
Sin embargo, el nuevo gobierno no puede –o no debe- distraerse culpando al anterior por el desastre que entrega, sino que tiene la responsabilidad de introducir los ajustes y correcciones que permitan hacer viable y sostenible la gestión del Estado, tomadas en cuenta todas las restricciones y obligaciones presentes. Para superar tal desafío no puede enemistarse con el Congreso sino, al contrario, lograr pleno respaldo para introducir las medidas de racionalidad en el gasto que serán necesarias para superar la crisis fiscal evidente. No debe perder de vista que, para presentar y lograr aprobación de su nueva versión de Presupuesto, la que se ajusta a las formas y expectativas del nuevo gobierno, deberá el Ministro moderar el discurso quejoso y pendenciero y concentrarse en lo que realmente importa, que son las estrategias y cifras que el Gobierno propone introducir para cumplir con una gestión equilibrada y justa que logre proyectar el país hacia “el milagro ofrecido” sin dejar de atender la emergencia del terremoto. El problema que tiene ahora es que debe convencer y conseguir también el respaldo de aquellas mayorías que se sintieron agraviadas con su discurso y que alzaron su voz para defender la intención del gobierno anterior.
Casi que al ejemplo de lo vivido durante la pandemia del COVID, el arranque del período presidencial del abogado De la Espriella coincidió con el devastador terremoto del 10 de agosto. Una emergencia de esta magnitud redirecciona sin duda todas las prioridades de un gobierno, en tanto deja cientos de víctimas y desaparecidos y mucho que reconstruir, de donde proviene la certeza que las disputas políticas enredadas en ideologías y posturas radicales pueden resultar fatales a la hora de conseguir resultados de urgencia. Es un error «Despertar los perros» de la polarización y la discordia partidista en medio de una situación de necesidades tan urgentes de reconstrucción y alivio para las víctimas y damnificados, en la que hay que dar muestra de la capacidad de gestión y coordinación de acciones gubernamentales antes que cualquier otra cosa. La prudencia política es una virtud prioritaria que debe estar por encima de cualquier interés sectario y dogmático, sin radicalismos, sin posturas extremas, en donde se espera que concurran con la misma decisión y propósito gobernadores y alcaldes, sin el menor asomo de rencores y resentimientos.
Será la tarea de gobierno el sedal que une el país en todos sus territorios, todas sus gentes, todos sus ideales. No hay espacio para el odio y la mezquindad. En un país históricamente dividido, tan violento e institucionalmente tan frágil, la unión entre todos viene a ser nuestro principal recurso para “no despertar los perros» y evitar que devoren los pocos lazos de estabilidad y de unión que nos quedan para seguir amaneciendo cada día como una Nación en paz.
Arturo Moncaleano Archila
[1] Cifra identificada en las Comisiones Económicas de empalme. Calculado sobre un PIB total de 1.852 Billones de Pesos, cifra de referencia DANE en el Balance Financiero presentado por el Gobierno Nacional para el empalme.