Estamos inundados de grupos al margen de la ley por todo el territorio. Varios reclaman el título pomposo de guerrilleros, cuando no son sino unos delincuentes comunes, poderosamente armados hasta los implantes dentales, protegidos por el gobierno anterior y hoy declarados, afortunadamente, como objetivo de la acción de las fuerzas legítimas del Estado.
Bordean los 30 mil hombres, en todos los departamentos, salvo San Andrés y Providencia, por razones obvias. Las 8 organizaciones se disputan con fiereza el territorio, puesto que las F.M. estaban maniatadas, en contra de la voluntad de la gran mayoría de sus generales. Su crecimiento, gracias a la política deliberada de dejarlos andar con pasaportes de “gestores de paz” que expedía el expresidente Gustavo Petro, fue exponencial; de 2019 a 2026, aumentaron su presencia de 212 municipios a 527 (Fundación Paz y Reconciliación). Esto quiere decir que se mueven por más de la mitad del país.
Las peleas por el territorio no tienen origen distinto de hacerse a la producción de cocaína, a las zonas de transformación en clorhidrato de cocaína y a las vías para el traslado del producto hasta los puertos varios desde donde se exporta. El negocio hace que ambicionen cada día más área y más poder armado.
Para la gente joven de esta nación, el término guerrilla tiene sinonimia con narcotráfico. Y así ha sido desde cuando su modus vivendi los hizo abandonar cualquier pretendido de poder, que es el origen de las guerrillas, por un control territorial para beneficiarse del tráfico de estupefacientes. Los albores del siglo llegaron con esa visión nublada de su anterior razón de ser. El 2000 nos despertó con más de 20 mil guerrilleros, entre farc y eln, y unos 15 mil paramilitares. Ya se sentía el fundamento de la pelea, que se daba en tantas zonas, pues la fuerza de la delincuencia narcotraficante terminó por refundir los objetivos de los dos tipos de organizaciones al margen de la ley de ese momento. Y apareció la acción del Estado para combatirlos a ambos, con ayuda de los Estados Unidos en el Plan Colombia, concebido e iniciado por Pastrana y ejecutado con decisión por Uribe.
Nadie piensa que hay algún resquicio por donde se filtre una ideología, un ánimo de solidaridad con la gente, un afán de gobernar para atender lo desatendido. Solo dinero de los ilícitos para aumentar control.
Lo particular de analizar también, es que cuando Santos inició conversaciones con la “guerrilla”, hacía rato habían dejado de pretender reconciliarse con el país. Querían una justicia blanda, como la que consiguieron, hoy con grandes lunares en sus resultados, pero con enormes costos de una burocracia que irrita y guiados por una arrogancia que crispa hasta al más paciente. Las víctimas de los atropellos de las farc, los abusos a menores y las violaciones denunciadas, siguen esperando, en medio de una payasada de sanciones.
Querían una presencia congresional, como la que obtuvieron, para no hacer nada en el parlamento; sentarse a ver debates, lo que hubieran podido hacer por televisión, sin lo que significaba el reto de la concesión de un acuerdo de paz que cada vez rechazan más los colombianos. Fueron a gastar fundillos de los pantalones que les regaló un acuerdo de paz costoso, desde todo punto de vista.
Querían incorporarse a la normalidad colombiana, como cualquier hijo de vecino, pero se hace difícil entender que no paguen por lo que hicieron. No se trata de una actitud vengativa. Tampoco de una terquedad que aleja la reconciliación nacional con estos individuos. No. Se trata de ver la realidad de que quien firmó el acuerdo de paz fue el primero en salir corriendo a delinquir desde Venezuela – y lo sigue haciendo -, para demostrar que le mamó gallo a todo un país, representado en esa mala hora por alguien que no se puede tachar de ingenuo. La guerrilla que negoció con Santos ya no era guerrilla. Eran simples y puros narcotraficantes.
El camino de hoy en día es el que ha adoptado el gobierno De La Espriella: combatir a todo aquel que se arme para delinquir. Y el pueblo colombiano apoyó esa manera de gobernar. La violencia no nos ha conducido sino al miedo. Los indefensos ciudadanos de Santa Marta y su vasta zona rural sufren las consecuencias. Las actitudes petulantes de los bandidos de la Sierra Nevada, cualquiera sea el nombre que lleven, tienen un fundamento: tenían el control de los caminos que bajan de esa estructura montañosa hasta las amplias playas de embarcaderos de droga. Y mientras el nuevo gobierno logra el patrullaje constante y el golpe a esos delincuentes con contundencia, la gente debe guardar esperanzas y tener buena voluntad.
Colombia necesita el camino de la seguridad y el control territorial por la legitimidad. Es la base de una patria digna y próspera. Vamos en buen camino hacia ella.
Nelson Rodolfo Amaya