La seguridad en La Guajira no se puede analizar desde la frialdad de las estadísticas ni bajo el lente de una polarización ideológica que durante años convirtió la paz en un concepto abstracto, desprovisto de contexto y funcional para el fortalecimiento de los grupos al margen de la ley. Las intimidaciones de paro armado y flagelos tan dolorosos como el reclutamiento de menores impulsado por graves factores estructurales como la economía ilegal, la gobernanza ilegal y la extorsión, cuyas consecuencias directas derivan en el homicidio, el desplazamiento forzado y la pérdida de tejido social nos recuerdan que nuestra región ha cargado con el peso de una arquitectura de paz mal diseñada. La gravedad de esta violencia homicida se refleja crudamente en el distrito de Riohacha, donde la tasa de homicidios ha llegado a duplicar el promedio nacional, impulsada de forma implacable por el auge del sicariato y el control criminal. Sin embargo, en medio de este panorama, hoy es justo y necesario reconocer un cambio sustancial: por fin existe un puente real de comunicación y un diálogo directo entre el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y las autoridades locales de nuestro departamento.
Atrás quedaron los tiempos del desdén centralista. Quienes habitamos La Guajira recordamos con frustración cómo en el pasado, ante atentados tan graves como los saboteos a la línea férrea del Cerrejón o la voladura del peaje de Alto Pino, el Gobierno nacional guardaba un silencio cómplice y operaba de espaldas al territorio. Hoy, tener al presidente recorriendo y sintonizándose con nuestras necesidades representa un avance histórico y un voto de confianza para enfrentar unidos a la criminalidad.
No obstante, la seguridad por sí sola no basta ni agota la solución. El verdadero peligro radica en que el Estado deje vacíos profundos que los violentos no tardan en ocupar. Por eso, la presencia de la fuerza pública debe ir de la mano con programas sociales contundentes que generen confianza en la ciudadanía, bienestar y desarrollo real. Necesitamos oportunidades concretas para los jóvenes y los campesinos guajiros, para que nuestra tierra deje de ser sinónimo de pobreza y exclusión, y se convierta en una despensa de verdaderos emprendedores.
Pese a estos retos, es imperativo poner la lupa sobre quienes sostenemos la institucionalidad en la región. A menudo, desde los estudios de radio y los micrófonos de la capital como ocurrió recientemente en entrevistas donde se cuestionaba con severidad el papel del gobierno departamental y los municipios, se juzga el accionar local con ligereza. Se señalan deficiencias sin conocer el laberinto diario que significa administrar en medio de las falencias heredadas y de un arraigo criminal profundo.
Pero el punto central no es la queja, sino la vocación. Es cierto que el servidor público es un ser humano y que tiene todo el derecho a sentir miedo en un país marcado por la violencia sistemática contra quienes ejercen la autoridad. La historia reciente de Colombia está plagada de dolores y amenazas directas contra el Estado local. Sin embargo, lo verdaderamente notable es que, muy a pesar de ese temor legítimo, el servidor público no se esconde: se mantiene firme, da la cara y cumple con su deber.
Habitar el territorio que se administra implica una doble responsabilidad. No somos burócratas de escritorio; somos vecinos, somos parte de la comunidad, caminamos las mismas calles y compartimos los mismos riesgos. Y es precisamente ese arraigo el que alimenta nuestro compromiso.
El Estado tiene la obligación inexcusable de combatir la delincuencia y recuperar el monopolio absoluto de la ley. Para lograrlo, la alianza actual entre el Ejecutivo nacional y las autoridades territoriales, unida a la inversión social, es el camino correcto. Con las garantías necesarias, el respaldo operativo y, sobre todo, honrando la vocación de los funcionarios que sostienen nuestra región, lograremos que el orden, la reconciliación y la tranquilidad vuelvan a ser una realidad en La Guajira.
Misael Velásquez Granadillo