Me propongo llamar la atención de los candidatos sobre la importancia de tomar en consideración en sus programas de gobierno la Agenda de las regiones y sus asignaturas pendientes. Como es bien sabido, Colombia es un país de regiones, caracterizada por la centralización política y la concentración de los recursos por parte de la Nación.
Es tal la distancia entre el centro del país y la periferia, en donde está la Colombia profunda, que ésta, al decir del líder indígena Nasa Feliciano Valencia, está muy distante de Bogotá, que es donde está el centro del poder. Y a menudo sus funcionarios están más cerca de los escritorios que de los territorios. Es tal el centralismo en este país, que mientras no llueva en Bogotá se asume por parte de quienes nos gobiernan que no hay invierno en el país.
Me permito poner sobre el tapete varias iniciativas, las que a nuestro juicio deben estar en la agenda de los aspirantes a ser inquilinos de la Casa de Nariño, por considerarlas relevantes y de interés estratégico para las regiones:
Hacer extensiva a las regiones productoras de recursos naturales no renovables (RNNR) y/o generadoras de energías renovables (FNCER), la aplicación de la Ley 1819 de 2017 y la Ley 1147 de 2020, que les permite a las empresas financiar y ejecutar obras en donde operan con cargo al impuesto de renta que deban pagar a la Nación, bajo la figura de Obras por impuestos. Hoy ello solo es posible en las Zonas más afectadas por el conflicto armado (ZOMAC) y en los municipios en donde se implementan los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET). Esta sería una manera de compensar mejor a dichas regiones, que vieron afectados sus ingresos con el recorte de las regalías directas que venían percibiendo.
Este y los anteriores gobiernos han incumplido su compromiso de fortalecer el Sistema General de Participaciones (SGP), con el objetivo de aumentar las transferencias de recursos de la Nación hacia las entidades territoriales (ET), las cuales se vieron menguadas por los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007. El Congreso facultó al Gobierno mediante la Ley 1962 de 2018, de fortalecimiento de las RAP, para crear una Misión de descentralización (integrada mediante el Decreto 1665 de 2021) para que la misma le recomendara una propuesta de proyecto de acto legislativo para reformar el SGP. Dicha Misión está en mora de presentar sus conclusiones y recomendaciones, para que el Congreso de la República a su vez las tramite. Hay que ir mas allá de las promesas.
Es urgente impulsar una reforma tributaria territorial, con el fin de fortalecer las fuentes de recursos propios de los departamentos y municipios del país. Entre los años 1990 y 2019 se han tramitado y aprobado por parte del Congreso de la República 17 reformas tributarias, en promedio una cada año y medio, todas, absolutamente todas, para arbitrarle recursos a la Nación, ninguna en beneficio de las entidades territoriales. El Congreso de la República, a través de la Ley 1943 de 2018, autorizó al ejecutivo para que integrara una Comisión de expertos para que recomendara los términos de una propuesta de reforma tributaria territorial, la cual le fue presentada al Gobierno hace más de 8 meses, sin que se haya avanzado un ápice.
Es urgente establecer una fecha límite para que la Nación le reintegre a las regiones los $14.8 billones, provenientes del Sistema general de regalías (SGR), de los cuales dispuso el Gobierno Nacional arbitrariamente para financiar el Fondo de mitigación de emergencias (FOME) para enfrentar la pandemia del COVID 19, mediante el Decreto 444 de 2020.
Profundizar y acelerar la Transición energética, que debe ser justa y equitativa. La Transición energética debe ir de la mano de la Transformación productiva para diversificar la economía y reducir su dependencia de la actividad extractiva. Tanto la Transición energética como la Transformación productiva, así como los 17 Objetivos del desarrollo sostenible (ODS) deben ser territorializados, aterrizándolos en las regiones. A estos se debe sumar el cierre de la brecha digital (objetivo 18), ampliando la cobertura de la conectividad de internet, pues, la misma ha ampliado y profundizado la desigualdad social, su cierre contribuye a reducirla. Ello es inaplazable.
Es menester el fortalecimiento y puesta en marcha de una política de fronteras, la cual brilla por su ausencia, se ha quedado escrita, como letra muerta. Definitivamente el papel puede con todo. Por ello la gestión de la política de fronteras amerita contar con una Consejería al más alto nivel que se ponga al frente de la implementación de la Ley de fronteras, le haga un seguimiento e involucre a las regiones en su implementación, concertando e involucrando a las regiones en ella.
De la misma manera, se deben revivir y fortalecer las comisiones regionales de competitividad (CRC) y los planes regionales de competitividad (PRC) que sustentan la Agenda Interna para la Competitividad (AIC), qué hay que rescatarla de los anaqueles oficiales y actualizarla. Este es nuestro principal reto como país, que acusa un enorme rezago en productividad y competitividad y ningún país puede llegar a ser competitivo si sus regiones no lo son.
Amylkar D. Acosta M[1]
[1] Miembro de Número de la ACCE