Colombia no tiene que escoger entre justicia y austeridad. Tiene que exigir las dos. La estrechez fiscal obliga a revisar cada peso del presupuesto, pero esa obligación no autoriza a descalificar la justicia transicional por consigna. La crítica seria empieza con documentos, continúa con preguntas concretas y termina en resultados verificables. Justamente por eso, la discusión sobre los costos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no puede cerrarse invocando la importancia histórica de su misión.
La cifra que encendió el debate es de enorme magnitud. En una entrevista con La FM, la senadora María Clara Posada afirmó que la nómina de la JEP ascendería a $404.470 millones para 2026. La nota periodística recoge que ella la comparó con los $52.000 millones que, según sus datos, costaría la nómina del Ministerio de Justicia. La diferencia equivale a cerca de 7,8 veces. El reportaje consultado habla de $52.000 millones, no de $50.000 millones, como se ha repetido en otras versiones.
Pero hay que ser rigurosos: esa comparación se refiere a costos de nómina, según cifras presentadas por la senadora; no demuestra que todo el presupuesto de la JEP sea ocho veces el presupuesto total del Ministerio de Justicia. Tampoco reemplaza la revisión de los documentos fuente. La cifra debe ser publicada, desagregada y explicada por la entidad. Si los datos son correctos, la JEP debe poder sostenerlos con su planta, los contratos, las escalas salariales, las prestaciones, los costos asociados y la ejecución presupuestal. Si hay diferencias de metodología, debe precisarlas sin evasivas.
La magnitud de la nómina exige preguntas que no son ataques personales ni interferencias en la justicia: ¿cuántos empleos y contratos componen ese costo? ¿Cuánto corresponde a magistrados, equipos de investigación, relatoría, tecnología y apoyo administrativo? ¿Qué cargos están ocupados, cuáles vacantes y qué funciones cumplen? ¿Qué parte es gasto recurrente y qué parte obedece a obligaciones laborales o a necesidades extraordinarias? ¿Cómo ha evolucionado el costo real de personal desde la puesta en marcha de la jurisdicción? Sin esos datos, el debate queda atrapado entre una cifra alarmante y una respuesta institucional insuficiente.
La discusión no se limita a la nómina. La misma entrevista recoge otros cálculos atribuidos a Posada: gastos en operadores logísticos, tiquetes y arrendamiento de sede, además de una inversión acumulada que, según sus declaraciones, habría alcanzado $3,8 billones y podría acercarse a $4,5 billones. También se le atribuye el dato de 21 sentencias, ocho macrocasos y 333 imputaciones, junto con una estimación cercana a $180.000 millones por sentencia. Esos números deben tratarse como afirmaciones de la congresista, no como conclusiones auditadas en esta columna. Y precisamente por su gravedad requieren documentos, periodos comparables y una explicación completa.
En particular, dividir una inversión acumulada por el número de sentencias puede servir como señal de alerta, pero no basta por sí solo para probar cuánto “costó” cada fallo ni para medir la eficiencia total de una jurisdicción. El gasto de varios años puede sostener investigaciones en curso, comparecencias, atención a víctimas, búsqueda de verdad, equipos territoriales y decisiones que todavía no han llegado a sentencia. Además, en la información difundida aparecen cifras acumuladas y proyectadas que deben reconciliarse antes de sacar conclusiones matemáticas definitivas. La respuesta responsable no es desechar el cálculo: es exigir la base de datos, aclarar el periodo y conocer qué actividades cubre.
También es insuficiente medir el desempeño con un solo indicador. Contar sentencias importa, pero no lo explica todo; tampoco basta con enumerar macrocasos o imputaciones. El país necesita un tablero público que informe, por caso, cuánto se ha gastado, cuánto tiempo toma cada etapa, cuántas víctimas participan, qué resultados se han obtenido, qué decisiones están pendientes y qué medidas restaurativas se cumplen en la práctica. Si la JEP sostiene que su trabajo produce verdad, reparación y garantías de no repetición, debe mostrar cómo se traducen esos objetivos en avances concretos y comprobables para las víctimas.
La preocupación por la proporcionalidad de las sanciones merece el mismo estándar. Hay quienes consideran insuficientes algunas respuestas de la justicia transicional y otros defienden su carácter restaurativo. La discusión no se resuelve con etiquetas. Deben conocerse las obligaciones impuestas, las restricciones efectivas, el seguimiento de su cumplimiento, la participación de las víctimas y las consecuencias de cualquier incumplimiento. Y si se cuestiona un trato desigual entre exintegrantes de las FARC y miembros de la Fuerza Pública, la JEP debe ofrecer información que permita comparar criterios, responsabilidades, tipos de conducta y decisiones, sin sacrificar el debido proceso de nadie.
La independencia judicial no es un cheque en blanco presupuestal. Exigir cuentas no significa que el Congreso pueda dictar sentencias, escoger responsables ni presionar a los magistrados en un caso particular. Significa que una institución financiada por los contribuyentes tiene el deber de explicar su gasto y demostrar su gestión. El control político legítimo y la autonomía judicial pueden coexistir: uno examina recursos, reglas y resultados; la otra protege la decisión jurisdiccional frente a interferencias.
También conviene no confundir los tiempos políticos. La JEP nació del Acuerdo de Paz de 2016, impulsado durante el gobierno de Juan Manuel Santos; no fue creada por la política de “paz total” de Gustavo Petro. El gobierno actual, como los anteriores, sí debe responder por sus propias decisiones presupuestales y por el respaldo político que da a las instituciones. La responsabilidad no se descarga toda sobre un solo presidente ni se extingue con el cambio de gobierno: quien solicita, asigna, ejecuta o defiende recursos públicos debe explicar por qué son necesarios y qué producen.
La austeridad no consiste en recortar a ciegas ni en convertir la justicia en botín político. Consiste en establecer prioridades, cerrar espacios al derroche y exigir que cada cargo tenga una función demostrable y cada gasto un resultado evaluable. Si la nómina de la JEP está justificada, la transparencia la fortalecerá. Si hay gastos innecesarios, la publicación de soportes permitirá corregirlos. Si el desempeño no corresponde a los recursos, el país tiene derecho a pedir cambios y responsabilidades.
La JEP no puede exigir confianza mientras trata las preguntas sobre su costo como una ofensa. La paz no se honra con opacidad ni con instituciones blindadas frente a la crítica. Tampoco se honra con acusaciones sin sustento. Se honra con verdad, justicia, reparación, reglas iguales y cuentas claras. El país no pide fe ciega: pide que cada peso tenga soporte, que cada cifra pueda comprobarse y que los resultados estén a la altura de la misión. La paz no es un cheque en blanco.
Abel Enrique Sinning Castañeda