El estallido social en Colombia por un lado no es más que el resultado de la mala comunicación entre el partido de gobierno y la presidencia de la república; haciendo una análisis de medios de comunicación desde el día de la posesión presidencial, durante los casi tres años de mandato no ha habido un mensaje claro a los habitantes del país, pues en algunas las decisiones lo presionaron y luego lo dejaron solo o salieron a marcar diferencia con el Jefe del Estado; así mismo, en algunas regiones los parlamentarios de la bancada de gobierno se hicieron dueños exclusivos de la burocracia regional (supuestamente no había mermelada) y se inclinaron por adoptar una agenda propia, distinta de la de Duque; hechos suficientes para generar incertidumbre sobre la legitimidad de las ordenes presidenciales y sembrar resistencia en algunos sectores de la sociedad.
Por otro lado, hace pocos días el Presidente Duque responsabilizó en una reciente entrevista sobre la crisis de gobernabilidad en su periodo presidencial al candidato derrotado, no sé hasta qué punto sea exclusivo del Señor Petro y sus aliados, lo que si es cierto es que este último ha desbordado muchas veces las limitaciones contenidas en la ley donde se regula la oposición política; además de promover acciones anárquicas y antidemocráticas a través de las redes sociales, hecho que han denunciado ante las autoridades correspondientes y de las cuales se espera el resultado que en derecho se decida, lógicamente respetándole las garantías y el derecho de contradicción constitucionalmente tutelado.
En medio de los dos extremos se encuentra la población mayoritaria reclamando la presunta desconexión entre las políticas públicas para enfrentar las crisis económica, sanitaria y educativa sobrevinientes a la expansión de la pandemia del coronavirus y las propuestas legislativas del gobierno, lo que llevó a muchas personas a respaldar las primeras acciones de la protesta pacífica convocada por las centrales obreras, que luego por situaciones no planificadas, se tornaron en hechos violentos, así como la comisión de delitos por personas indeterminadas y el abuso en el uso de la fuerza, en algunos casos de cometidos por agentes del estado; por todo eso hoy, se debe encontrar un punto de encuentro para salvar a Colombia.
Es imperativo que se evalúe y castigue en los casos que se comprueben abusos en el comportamiento de la fuerza pública en las actuaciones donde se han vulnerado los derechos humanos; no obstante, se deben castigar a quienes hoy día aún persisten en situaciones violentas, bloqueo de vías, vandalización de bienes públicos y privados; no es justo que en Colombia se hable de corredores humanitarios, trincheras y escudos humanos, o es ¿Qué acaso estamos en guerra civil y no en una protesta pacífica?
Reitero mi complacencia a los ejercicios de protesta pacífica y a las manifestaciones permanentes sin afectar los derechos de los demás, pero no podemos desconocer que algunas divisiones territoriales como las del Cauca y Valle del Cauca, las apostadas en Usme y las Américas en Bogotá se han sobrepasado; la convocatoria a la resistencia se hace con la base de llamar derechos a las acciones de los manifestantes aunque sean violentas o criminales; y abusos a las acciones u omisiones de cualquier persona, institución o gremio que no esté alineado a sus pretensiones; podría parecerse a lo que analistas sociales llaman “la pequeña dictadura” según la cual un número reducido de ciudadanos mantiene su nivel de preferencias con cierto nivel de intolerancia a fin de que toda la sociedad se someta.
El éxito de la “resistencia” ha sido la inconformidad en muchos sectores del país que se sienten distantes de las políticas del gobierno, ciudadanos distribuidos por todo el territorio nacional que aunque sean minorías y “débiles” han creado lazos uniformes para legitimar sus acciones, estableciendo inconscientemente una red social de apoyo alentada por la financiación de personas con intereses personales, políticos y/o económicos que se benefician de las acciones realizadas por el reciente bloque; además que han aprovechado hábilmente el escudo político que le han garantizado algunas organizaciones.
La mayoría que supera el 47% de la población que decidió no participar en las pasadas elecciones presidenciales posa inerte esperando las actuaciones de la autoridad y de los sectores sociales minoritarios, a perdido su capacidad propositiva y de reclamación de sus derechos; es evidente su desdén por el devenir social y solo levantan la voz en circulos cerrados; no participan en encuestas, son políticamente inactivos, y siempre callan a pesar de las trasgresiones a sus derechos; es la hora que se levante la mayoría para que de manera ordenada, democrática y garantizando el respeto a los demás consigne sus demandas para que sean escuchadas, seguro que allí no hay derecha ni izquierda, hay amor, sentido común y observancia al ordenamiento jurídico y social.
ADAULFO MANJARRÉS MEJÍA
Es cierto que se debe levantar la voz del que no está y no pertenece a ningún partido político con indicaciones direccionales: ni de izquierda, ni de derecha. Solo que en medio de esta controversial polémica política del absolutismo del poder y la verdad, son pocos o nulos los esfuerzos cambiarios, que una minoría puede hacer por este país. El diálogo es la mejor solución, pero que sea de aceptación, como lo dices en tu columna, debe ser real y con aceptación al cambio de un país que solo desea oportunidad de vida y de trabajo.
Totalmente de acuerdo buena publicación