El pasado 9 de noviembre asistimos al Conversatorio ¿Qué es la paz total? en el Metropolitan Club, con la intervención de los doctores Alfonso Valdivieso, Juan Lozano, Pedro Medellín, José Fernando Torres, Orlando Bustillo y Carlos Alonso Lucio, magistralmente moderado por la periodista Diana Sofía Giraldo.
Este evento de la Fundación Víctimas Visibles y el Club, fue un magnífico ejercicio de análisis desde diferentes orillas y miradas, sobre la ley y la propuesta del actual gobierno Petro sobre Paz Total; allí con más o menos escepticismo, los analistas entregaron muchos puntos interesantes y hoy quiero compartir algunos.
Lo primero que creo vale la pena resaltar, es que un debate tan importante se tiene que dar dentro y fuera del Congreso, como afirmó uno de los panelistas, si se espera que esa visión de paz sea política de Estado, debe ser debatida y avalada por amplios sectores de la sociedad, que van más allá de quienes comparten la visión del actual Gobierno. La denominada Paz Total como política de Estado, debería ser entorno a un gran consenso, no sólo corresponder a la voluntad del Presidente.
Una de las preguntas fue si la Paz Total se trata de la legalización del negocio del narcotráfico a cambio de que no maten. Cuando el Gobierno Petro afirma que se revisará el tema de la extradición, que no se judicializarán los cultivos ilícitos y que se le lavará el dinero a quienes se sometan o negocien, pareciera que de eso se trata la propuesta.
Preocupa pensar a quién representa el actual Gobierno y hasta qué punto esta política responde a exigencias o acuerdos con quienes apoyaron a Petro para llegar a la Casa de Nariño. De hecho, Carlos Alonso Lucio preguntó si lo que se busca es profundizar una crisis de legitimidad.
Por otro lado, el que la Paz Total, recoja como base el Acuerdo de La Habana, genera desazón porque ese fue un acuerdo que no satisfizo, al que los ciudadanos en un plebiscito dijeron NO y que hoy sigue generando enormes controversias, porque fue una negociación sin límites claros, sin respeto a los estándares internacionales y a los valores mismos de la sociedad colombiana. Porque, por ejemplo, para muchos colombianos es ética y moralmente inaceptable que responsables de crímenes atroces y de lesa humanidad reciban amnistías o indultos y sean premiados con curules en el Congreso de la República. Además, para muchos la Justicia Especial para la Paz -JEP, es el mayor fracaso.
Pareciera que la Paz Total es, como afirmó Juan Lozano, un nombre elegante para entregarle a los bandidos una solución a su medida; aprovechándose del anhelo de paz de todos los colombianos y partiendo del déficit de justicia del acuerdo con las Farc. Se evidencia además el desprecio de Petro por la Constitución, al permitir que el criminal alias Iván Márquez sea posible beneficiario, a pesar de que debería estar excluido de cualquier proceso, como lo ha expresado reiteradamente el negociador de La Habana, Humberto de la Calle.
Como dijo alguno de los ponentes, la situación es catastrófica, pero no apocalíptica, ante la falta de capacidad del Congreso, donde no prima la razón ni los intereses superiores de la Patria, sino las prebendas, se espera que la Corte Constitucional este a la altura de las circunstancias a la hora de analizar de forma y fondo la ley, y lo que se plantee para las negociaciones y el sometimiento.
Ojalá, más temprano que tarde los colombianos entendamos que sin justicia no hay paz, y que el Estado nunca puede renunciar al ejercicio legítimo de la autoridad, porque esa es la base del contrato social; sino vamos a continuar en una espiral infinita de violencia donde pareciera que el mensaje siempre es que importa más el delincuente, que proteger a la sociedad.
Paola Holguín