Unas horas después de la intervención armada de Estados Unidos en Venezuela, diferentes jefes de gobierno y actores políticos sustentaron sus opiniones a partir de la violación de la soberanía nacional. El uso de este concepto exige una comprensión más amplia desde lo político, jurídico, económico y social. Lejos de ser una noción monolítica e inmutable, la soberanía ha evolucionado históricamente y hoy se expresa en múltiples dimensiones y todas concurrentes con la legitimidad.
En la América Latina del siglo XX y XXI, la soberanía no puede entenderse únicamente como ausencia de intervención extranjera, sino como una relación compleja entre el Estado, la población, el capital y la comunidad internacional, especialmente, cuando el poder se ejerce sin legitimidad democrática ni controles efectivos. La soberanía es un instrumento de protección a la autoderminación y protección de los pueblos, pero no puede invocarse para justificar dictaduras.
En el caso del gobierno venezolano, este ha reducido la soberanía a una dimensión defensiva y retórica, centrada exclusivamente en el rechazo a cualquier forma de presión externa. Esta lectura selectiva omite que la soberanía moderna supone obligaciones concretas hacia la ciudadanía, entre ellas la garantía de derechos políticos básicos y claridad en la regla de juego en lo económico. La eliminación progresiva de la competencia electoral real, evidenciada en procesos con inhabilitaciones arbitrarias de candidatos opositores, control absoluto del órgano electoral, el miedo a los colectivos armados, muestran un ejercicio de poder que vacía de contenido la soberanía popular.
El uso sistemático de las instituciones del Estado para neutralizar a la oposición política constituye otro ejemplo claro de los límites internos de la soberanía. La cooptación del Tribunal Supremo de Justicia, que ha anulado decisiones de la Asamblea Nacional electa en 2015 y ha validado estados de excepción prolongados sin control parlamentario, revela una ruptura del equilibrio institucional. En este contexto, la soberanía estatal opera sin contrapesos y se desvincula de su fundamento democrático.
En el ámbito de los derechos humanos, el comportamiento del gobierno venezolano ha generado una acumulación de denuncias documentadas por organismos internacionales. La represión de protestas sociales, visibles en el 2014, 2017 y 2019, con uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y persecución judicial, pone en evidencia que la soberanía nacional no puede servir como escudo frente a prácticas que vulneran estándares mínimos aceptados internacionalmente.
La dimensión económica de la soberanía también ha sido profundamente erosionada por decisiones del propio régimen. La gestión discrecional de la renta petrolera, la expropiación indiscriminada, la destrucción de la capacidad productiva de PDVSA y la falta de transparencia fiscal han reducido drásticamente la autonomía económica real del Estado. Paradójicamente, en nombre de la soberanía, el gobierno ha comprometido recursos estratégicos mediante acuerdos opacos con actores externos, debilitando la capacidad futura de decisión nacional.
En el plano social, la crisis humanitaria prolongada desmiente la narrativa de soberanía plena. El colapso de los sistemas de salud y alimentación, así como la migración forzada de millones de venezolanos, refleja un Estado que no logra garantizar condiciones mínimas de vida. La negativa inicial del gobierno a reconocer la emergencia humanitaria y bloquear la cooperación internacional humanitaria, mostró una interpretación rígida de la soberanía que priorizó el control político sobre el bienestar de la población.
El régimen político de Venezuela ha logrado mantenerse dentro de una legalidad formal, mientras desmonta progresivamente la democracia sustantiva. Elecciones periódicas sin garantías reales, partidos opositores intervenidos judicialmente y medios de comunicación cerrados o cooptados, son mecanismos que permiten al gobierno reivindicar soberanía electoral sin respetar los estándares que la legitiman. Este uso instrumental de la soberanía demuestra cómo el concepto puede ser resignificado para consolidar regímenes autoritarios en contextos de debilidad institucional.
La soberanía, entendida en su dimensión relacional, implica también responsabilidad frente a la comunidad internacional. Cuando un gobierno incumple de manera sistemática sus compromisos en materia de derechos humanos y democracia, pierde su legitimidad para exigir el respeto a la integridad nacional.
La situación venezolana demuestra que la soberanía no puede seguir tratándose como un principio incuestionable y homogéneo. Sus múltiples dimensiones imponen límites que se activan cuando el poder se ejerce sin rendición de cuentas y contra la propia sociedad. La defensa de la soberanía solo es consistente cuando está anclada en la protección efectiva de la ciudadanía, instituciones, activos y no en el interés situacional de unos pocos.
Cesar Arismendi Morales