Las declaraciones de la designada ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño y de Jhenifer Mojica, coordinadora del equipo de empalme del sector agropecuario, respecto al programa de redistribución de tierras, han suscitado todo tipo de especulaciones en medios de comunicación y gremios del sector agropecuario.
En realidad, no entiendo por qué se armó esta tormenta en un vaso de agua, si lo acordado en el primer punto de la Habana, es lo que han estado reclamando por años, los tres millones de productores del campo y las comunidades de 691 municipios rurales del país, para dignificar su trabajo y aumentar las rentas de sus agronegocios. Es decir, escuelas de capacitación y emprendimiento rural, acceso a crédito de fomento, formalización de la posesión de sus predios, transferencia de tecnología, distritos de riego, conectividad digital, vías tercerías y un sistema de seguros agrarios que les proteja sus rentas de los riesgos climáticos y las fluctuaciones de los precios de mercado.
Tampoco hay que alarmarse por la creación del Fondo de Tierras, para distribuírsela a pequeñas familias rurales y trabajadores del campo que las requieran para trabajarlas y tener un ingreso digno que les permita sacar adelante a sus familias. Aquí lo importante es definir los criterios técnicos de adjudicación, la población beneficiaria, el número de hectáreas a entregar por familia, el paquete tecnológico que deben aplicar y el crédito para financiar el proyecto productivo. El resto es mirar el inventario de tierras con que cuenta el gobierno para implementar el programa.
En un documento elaborado por varios investigadores de la Universidad de los Andes, sugirieron una cifra de 2.6 millones de hectáreas de tierras, de las cuales el 37,6% provendrían de la recuperación de baldíos indebidamente ocupados; el 41,2% de la extinción judicial del derecho de dominio y el 21,2% de la sustracción de reservas forestales. El estudio propuso aumentar el banco de tierras hasta 5,3 millones de hectáreas con: i) tierras donadas; ii) baldíos que no están ocupados y de algunos que tienen procesos de ocupación, pero no han sido formalmente adjudicados; iii) tierras adquiridas o expropiadas con indemnización y iv) extinción de dominio administrativo por tierras inexplotadas.
En medio de este debate, vuelve a tomar fuerza la pregunta sobre cuáles serán los criterios técnicos para determinar cuando un predio está sub utilizado. Claramente, la explotación agrícola, ganadera y forestal, está sujeta a factores de clima, suelos, distancia, seguridad, biotecnología, mercado, financiamiento, etc. Tal es el caso de la Orinoquía, donde la Unidad Agrícola Familiar -UAF- es de 1.840 hectáreas o más. Allí, lo dominante es la ganadería extensiva y los campesinos mantienen una o dos cabezas por cada 10 o 20 hectáreas. Si no tienen en cuenta los anteriores criterios terminarán expropiando a todo el país.
En esta coyuntura de incertidumbre económica que vive el país, por el asomo de una recesión mundial, alta inflación, trepada del dólar, altos costos de insumos agrícolas, exceso de lluvias y fluctuación en los precios de las materias primas, lo conveniente es crear confianza y seguridad jurídica en los productores y empresarios del campo. Sin ello, es imposible producir y garantizar los alimentos de 50 millones de colombianos.
Indalecio Dangond