Vuelve y juega. En La Guajira, la historia de nunca acabar persiste debido al desinterés político por buscar soluciones verdaderas. La lucha por el agua se ha convertido en un bochornoso episodio sin fin. A lo largo de los años, nos enfrentamos a la misma paradoja: un recurso vital, abundante en ciertas zonas, pero cuya distribución está marcada por la corrupción y la burocracia. Lo que debería ser un derecho fundamental se convierte en un instrumento para conseguir contratos, crear puestos innecesarios y acumular poder político, sin que esto beneficie a quienes más lo necesitan. La situación es casi tan absurda como la trama de «Los Juegos del Hambre», donde la supervivencia depende de superar pruebas imposibles. En nuestra Guajira, la batalla diaria es por el acceso al agua, mientras que los líderes buscan sacar provecho para futuras elecciones, transformando la corrupción y la politiquería en una tragedia cíclica que se repite día tras día.
Desde que comenzó este gobierno, se han lanzado iniciativas para, supuestamente, poner fin a esta sed histórica. El presidente Gustavo Petro declaró una inconstitucional Emergencia Económica, Social y Ecológica para La Guajira, con la promesa de soluciones definitivas. Sin embargo, después de más de dos años, solo hemos sido testigos de un gobierno que ha perdido toda vergüenza al robar recursos. Sus simpatizantes se excusan con frases como «antes también robaban», minimizando y normalizando la corrupción.
En este «Juego del Agua», el escenario está marcado por una lucha de poder entre Senadores de partidos aliados al gobierno como lo son los Guajiros Alfredo Deluque (santista) y Martha Peralta Epiayu (petrista), en una confrontación que se reduce a quién pierde y quién gana más poder y recursos. La ley que busca crear el Instituto del Agua ha generado polémica política, pues quitaría poder y presupuesto a las autoridades departamentales, afectando intereses, como los de la ESEPGUA, un bastión político del senador Deluque. La senadora Peralta, por su parte, ha sido mencionada en casos de corrupción relacionados con las «Ollas Comunitarias», y su credibilidad como defensora de los derechos Wayuu está en entredicho debido a su participación, apoyo y gestión en los CARROTANQUES de la UNGRD de Olmedo López y la mejora y creación de Hospitales Públicos donde ya se han perdido más de 2 Billones de Pesos. Una Senadora llena de ignorancia, brutalidad, mentira y mala fe, como el famoso proyecto de ley aprobado en el congreso que da derechos al Río Ranchería y lo declara «sujeto de derecho» una ley que dirigió la Senadora la cual goza de mucho desconocimiento y que es inconstitucional al excluir a los pecadores, veedurías y cadena de valor del turismo que vive del Río Ranchería.
Mientras tanto, quienes sufren las consecuencias de esta falta de gestión y planificación son las comunidades más vulnerables, especialmente en la Alta y Media Guajira, donde la falta de estrategias claras en la inversión ha devastado la región e infectado como nunca antes este departamento de corrupción, donde gracias al Gobierno del Pacto Histórico se han multiplicado por 100 como mínimo.
Mientras se habla de empresas, institutos y de agua, ninguno de los Senadores sabe cómo dar verdadera solución social, ya que el plan de agua no se soluciona solo hablando de empresa publico privada o Institutos si no también en la preservación, conservación y protección de las fuentes generadoras de agua y como ese preciado liquido también pueda servir para avance de la agricultura y el ganado de manera sostenible, mucho más hoy donde el mundo está centrado en lo que pasa con la COP16. No solo las comunidades necesitan agua y por eso se debe de hablar de porcentajes. Aunque las comunidades de la Alta han aprendido a sobrevivir con lo mínimo, adaptándose a una vida de privaciones, cuando deberían tener acceso al agua como un derecho básico. El agua, que debería ser fuente de vida, se ha transformado en moneda de poder y control, en un juego de intereses políticos que pone en riesgo la dignidad de un pueblo gracias a un interés monetario de los políticos y no de soluciones reales.
A pesar de que el Instituto del Agua podría ser un paso hacia la gestión efectiva del recurso, la realidad es que hemos visto demasiados proyectos fracasar bajo el peso de la corrupción. El reto de esta nueva entidad no es solo técnico, sino también moral y ético: el agua no debe servir a los intereses de unos pocos, sino al bienestar de todos. En un entorno donde el cambio climático ha exacerbado la crisis, la gestión del agua requiere de transparencia, compromiso y, sobre todo, una visión clara de justicia social.
Al igual que en los juegos de supervivencia, los obstáculos parecen insuperables. En un lugar donde la naturaleza es dura, pero su gente aún más, esta competencia no debería existir. Todos los habitantes de La Guajira tienen derecho al agua, sin importar si están en las zonas más remotas o en los centros urbanos.
El verdadero desafío radica en la implementación de soluciones genuinas, pensadas por y para los guajiros. No se puede permitir que las promesas caigan en saco roto, como ocurrió con el famoso tubo de 2 billones de pesos que debería llevar agua desde la represa del río Ranchería a la Alta Guajira, anuncio hecho por un Presidente Gustavo Petro que a superado hasta en las mentiras a los últimos 5 presidentes juntos. La dignidad de un pueblo se mide por el cumplimiento de sus derechos básicos, y el agua no puede seguir siendo un privilegio reservado a unos pocos.
La intervención del gobierno nacional, si bien ha traído algunos recursos, también ha sido objeto de saqueo y mala gestión. No podemos seguir siendo espectadores pasivos de nuestra propia tragedia.
En definitiva, prefiero malo conocido (ESEPGUA) que bueno por conocer (Instituto del Agua). Prefiero un gobernador guajiro, como Jairo Aguilar, con conocimiento de nuestra realidad, a una senadora ignorante que parece desconocer el departamento y cuyas acciones solo parecen guiarnos hacia un abismo.
Luis Alejandro Tovar