El tema del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es un verdadero nido de ratas que nunca termina. Allí vemos cómo se encarna el verdadero amor por el dinero y el poco interés por la vida. Un viacrucis de la deshumanización dentro de la política. Permitir que muchos niños y jóvenes pasen hambre durante meses en las escuelas, Centros de Atención Infantil (CAI) y Unidades Comunitarias de Atención (UCA) es algo aberrante por parte de una entidad que, durante muchos años, ha funcionado como una máquina criminal que mata niños por desnutrición.
Otra vez el «Presidente» Gustavo Petro promete cambiar el sistema de contratación, donde operadores e intermediarios, por medio de fundaciones sin ningún tipo de experiencia, se roban el dinero de los niños, adolescentes y jóvenes. Fueron muy bonitas y elocuentes sus palabras en Cartagena en el marco del Congreso Nacional de Municipios 2024, pero lo difícil es que desde 2021, cuando comenzó su campaña, viene hablando de lo mismo respecto al ICBF. Parece que a Petro se le olvida que no es candidato y que ya lleva casi 1,000 días como Presidente. Cada año con el mismo cuento; ahora, desde una cumbre de Gobernadores, sale con el mismo discurso. ¿Será que los payasos no le hacen caso al dueño del «circo» o eso es lo que nos quiere hacer creer?
El tema de la contratación con fundaciones e intermediarios ya está en proceso. Tratar de hacer algo ahora es aumentar los días en que los niños no van a los CAI o UCA, lo que parece una gran contradicción cuando estamos en el último año en el que Petro puede hacer algo, al menos por los niños, adolescentes y jóvenes. La directora nacional del ICBF, Astrid Cáceres, sigue el mismo patrón de este gobierno: una cosa dice el jefe y otra hacen ellos. Ya estamos a finales de febrero. Los niños de 0 a 5 años, desde principios de diciembre de 2024 a la fecha, no han recibido una sola atención en La Guajira, un departamento donde los niños mueren de desnutrición a esa edad. Más de 90 días sin comida en los centros de atención alimentaria, en barrios pobres, en rancherías wayuu sin adecuadas condiciones o en zonas rurales, es prácticamente una sentencia de muerte. Si un niño de 0 a 5 años no recibe los nutrientes adecuados para su desarrollo, será difícil que en su vida adulta logre desarrollar plenamente sus habilidades físicas y didácticas. La muerte o discapacidad de un niño por falta de alimentación parece no importarle al ICBF de Gustavo Petro, Astrid Cáceres y todos los gobiernos anteriores.
Los gritos y reclamos de Gobernadores y Alcaldes en todo el país ya comienzan a sentirse. Se está terminando febrero y saben del dinero que se mueve allí, y que vienen elecciones donde puestos y dineros son lo que se necesita para asegurar curules. Si de verdad a los politiqueros les importaran los niños, desde diciembre del año pasado estarían luchando para que, como mínimo, los primeros 15 días del año, los niños de bajos recursos de 0 a 5 años recibieran su atención en las UCA y CAI. Así, los contratos de prestación de servicios estarían listos desde noviembre de 2024 para todas esas madres, profesoras y manipuladoras que, con mucho amor, atienden a esos niños como si fueran sus hijos. En los centros de atención infantil que conozco, puedo decir que se brinda una atención con mucho amor, entrega y dedicación. Son mujeres que se esmeran y preocupan porque sus niños asistan a diario para recibir la atención.
Mi preocupación por los niños del sur de La Guajira me lleva cada año a investigar sobre estos temas. Pero el ICBF no es el único problema. El transporte escolar sigue en un 90% siendo no apto y sin cumplir las normas de tránsito para transportar niños. En Distracción, La Guajira, existe un ejemplo claro de derroche en la contratación del transporte escolar por parte de la Gobernación. Con lo que se gastan en un año en contratos de prestación de servicio para carros, combustible, transportador y ayudante, se podrían comprar cinco buses nuevos, utilizarlos para transporte mixto y cumplir la función de llevar a todos los estudiantes de norte a sur y de occidente a oriente en el municipio. Esos buses tendrían una vida útil de 20 años y además servirían para toda la población, especialmente para los más de 250 alumnos del SENA en Fonseca, cuyos padres deben pagar diariamente más de $10.000 en transporte ida y vuelta en moto.
El tema del PAE tampoco se queda atrás. Por falta de planificación, muchos niños quedan por fuera del programa en las instituciones educativas, lo que no les permite recibir ni desayuno ni almuerzo. Esto no debería ocurrir en un colegio público como el de mi municipio, donde el 99% de los niños, jóvenes y adolescentes son de familias de escasos recursos. La discriminación dentro de esos programas puede llevar a la deserción escolar si no se le presta atención.
Los niños no son culpables y no pueden ser tratados como simples cifras para los políticos. Los niños, jóvenes y adolescentes merecen vivir en un país diferente, donde la prioridad del Estado sea su sano desarrollo y no el contrato, la fundación o el intermediario. Esta odisea de cada año no puede seguir pasando. Desde este escrito, hago un llamado al Gobierno Nacional, a la Directora del ICBF y a los gobernantes:
¡Basta ya de robarse el futuro de nuestros niños!
Luis Alejandro Tovar