Todos conocemos la devastación que significó el paro del año pasado. Durante mayo del 2021, la violencia en las principales ciudades llevó a pérdidas económicas por encima de los 6 billones de pesos, inflación de productos básicos en más del 100%, aumento de contagios de COVID y un terrorismo psicológico por medio de las redes sociales. El vandalismo destruyó negocios, desapareció empresas y acabó con empleos. Es evidente que muchos de estos hechos sobre todo en el suroccidente están relacionados y financiados por grupos ilegales narcotraficantes.
Los grupos armados y las redes criminales han reformado sus formas de violencia. Ahora logran infiltrar la protesta pacífica e instaurar el terrorismo en epicentros de infraestructura pública. La acción de la policía fue fundamental, pero en muchos casos la violencia organizada la desbordó. La presencia de militares como mecanismo de apoyo a la Policía y el Esmad fue eficiente en contrarrestar el terrorismo.
La ciudadanía también está de acuerdo en que el Estado debe tener una mayor intervención en las ciudades cuando la inseguridad aumenta. La encuesta Invamer reveló que, para diciembre 2021, el 69% de los colombianos estaba de acuerdo con la militarización cuando se presenten situaciones vandálicas. También reveló que el 54% estaba a favor que el ESMAD intervenga cuando hay manifestaciones y protestas, y el 97% estaban en desacuerdo con que los manifestantes actúen de forma violenta. La ciudadanía le está exigiendo al gobierno que cumpla con su deber de proveer y mantener la seguridad. La seguridad es un asunto sobre el cual los mandatarios tienen que actuar. No hay espacio para que decidan otra cosa, al hacerlo violentan la Constitución.
La delincuencia común también está en aumento. Entre enero y septiembre del 2021, los homicidios aumentaron en un 17,9%; más de 10 mil asesinatos. Los homicidios colectivos crecieron un 8,7% con más de 20 casos. El hurto a automotores subió en 16,3% (22.437), y a personas en más del 26% (187.880). Esto sumado a un crecimiento de los asesinatos a miembros de la Fuerza Pública del 42,7%, y el incremento de los heridos en un 76,4%.
He propuesto como candidata al senado para el periodo 2022- 2026, un proyecto de ley que le de la facultad al Presidente de la República de militarizar ciudades y distritos cuando las condiciones de seguridad y orden público no sean sostenibles, sin la necesidad de autorización por parte de alcaldes o gobernadores. La seguridad debe llegar de manera inmediata y eficaz.
Me parece que la lectura de la Constitución permite esta interpretación aún sin modificaciones; pero en un país donde la constante de los mandatarios locales ha sido la de que ellos y ellos solos controlan el territorio, vale la pena plantearlo de manera expresa. La izquierda colombiana que en muchos casos ha sido complaciente o cómplice o alcahueta de la violencia política; no puede seguir imponiendo la idea de que las causas políticas justifican las acciones violentas. Nadie bajo ninguna circunstancia puede proceder con violencia. El monopolio de las armas debe consolidarse definitivamente y exclusivamente en el Estado.
El fondo del asunto es que ningún ciudadano colombiano debe estar obligado a resistir la violencia; hay una obligación total y absoluta de los mandatarios de proteger la ciudadanía, garantizar el orden; por supuesto en el marco de las libertades públicas.
Paloma Valencia