Por segunda vez, el Congreso de la República promovió un debate de moción de censura en contra de la señora Irene Vélez, Ministra de Minas y Energía, promovida por las bancadas parlamentarias de los partidos Centro Democrático y Cambio Radical, con asiento en el Senado.
Pese a las claras presentaciones de los Senadores Miguel Uribe y David Luna, voceros de los Partidos citantes, y a la abrumadora evidencia que respalda la censura a la funcionaria, el bloque parlamentario de Gobierno, como lo había anticipado al término del debate, la rechazó.
Con todo, vale la pena reiterar las razones por las que procedía, y voté positivo, por conveniencia general, la separación del cargo de la señora Vélez:
De un lado, contrario a lo que afirmaron algunos Congresistas, la moción era conducente como herramienta de control político, y de pesos y contrapesos, establecido en el artículo 135 de la Constitución Política, donde se dispone que se puede adelantar en cualquier momento por asuntos relacionados con funciones propias del cargo.
Por otra parte, la moción es necesaria por el riesgo que, por ignorancia, imprudencia o mala fe, se está generando al sector minero- energético, el cual representa el 33% de la inversión extranjera directa, el 57,5% de las exportaciones, el 5,6% del PIB, genera más de 100.000 empleos, y por concepto de Regalías, aporta, para solo citar el presupuesto bianual 2023- 2024, $31,3 billones a las regiones.
Cada día se hace más evidente, que la Ministra ha puesto en grave riesgo el sector, y con esto la seguridad energética, fiscal y social del país, por:
- Abuso de poder e ideologización en el manejo del sector, que se demuestra, por ejemplo, con la expedición de la Resolución 40316 del 19 de agosto de 2022 que modificó el manual específico de funciones y competencias laborales del Ministerio, para contratar perfiles que no tienen relación ni capacidad técnica. De hecho, la demanda de nulidad a la resolución fue admitida por el Consejo de Estado.
- En febrero de este año la revista Portafolio denunció persecución en el Ministerio y una fuente afirmó que “no revisan tanto la hoja de vida ni la experiencia sino la ideología”. Se está presentado, además, presunto tráfico de influencias de servidor público y denuncias sobre nombramientos en el marco de la moción de censura que se surtió en la Cámara de Representantes.
- Por la incertidumbre que generan los anuncios y afirmaciones irresponsables sobre el sector, por ejemplo, sobre la no firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos.
- La presunta manipulación y falsificación de información que se dio en el documento “Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para transición energética justa”, donde hay errores técnicos que fueron advertidos por la exviceministra Belizza Ruiz, el exdirector de Hidrocarburos Camilo Andrés Rincón y el expresidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos- ANH Armando Zamora; en el que, para hacerlo más grave, al parecer se usaron firmas no autorizadas para respaldarlo. Por este hecho presenté demanda que está en indagación preliminar en la Fiscalía, por falsedad ideológica en documento público, revelación de secreto y tráfico de influencias.
- Los esfuerzos por llevar a Colombia a depender del gas de Venezuela con el riesgo y el sobre costo que esto supone para millones de hogares.
Es importante resaltar que la transición energética empezó desde el Gobierno Uribe cuando se inauguró el parque eólico Japirachi, en 2014, y se profundizó durante el Gobierno Duque con medidas como la Ley 1715 de 2014 que reguló la integración de energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional; la Ley 2099 de 2021 sobre disposiciones para transición energética; el paso de 28 MWP a 880 MWP en energías renovables, y los avances en hidrógeno verde, cuya Ley promovió el Centro Democrático.
En la actualidad, Colombia es líder regional y mundial en transición energética con 65,95%, muy por encima del promedio de economías desarrolladas 58,6%, y de América Latina 58,6%, este no es un tema nuevo.
Finalmente, los ministros deben cuidar su sector y la ministra de Minas y Energía además de las anteriores observaciones, ha promovido decisiones adversas, como la política prohibicionista en el Plan Nacional de Desarrollo, o los duros golpes a través de la reforma tributaria. La protección del sector minero energético, nada tiene que ver con temas ideológicos, partidistas o financiaciones de campaña, como afirman algunos Congresistas; se trata de cuidar un sector que es estratégico para el país, por lo que representa en recursos, empleos y pilar del desarrollo.
Paola Holguín