Hay palabras que la política utiliza como armas antes que como conceptos. “Comunismo” es una de ellas. En Colombia se pronuncia con temor, con rabia o con intención electoral, pero rara vez se explica con precisión. Por eso, al examinar las prácticas de Gustavo Petro e Iván Cepeda, conviene empezar por una distinción: no es serio afirmar, sin pruebas, que ambos estén intentando instaurar de inmediato un régimen comunista clásico, de partido único y abolición de la propiedad privada. Esa acusación sería históricamente imprecisa.
La crítica más fuerte es otra: algunos de sus métodos y discursos recuerdan la tradición comunista y el socialismo autoritario. Entre ellos están la división permanente entre “el pueblo” y sus supuestos enemigos, la sospecha frente a la empresa privada, la subordinación de las instituciones a un proyecto partidista, la movilización emocional de la calle y la pretensión de que una corriente política representa la única voluntad legítima de la nación.
La creación del llamado “Gabinete por la Vida”, impulsado por Petro y Cepeda para oponerse al Gobierno de Abelardo de la Espriella, puede ser legal y legítima si funciona como equipo partidista de análisis, control y propuesta. Toda oposición tiene derecho a organizarse, fiscalizar al Gobierno y defender su programa. El problema aparece cuando esa estructura se presenta como un gobierno moralmente superior o como la verdadera autoridad del país, desconociendo que las elecciones produjeron un vencedor y un Gobierno con facultades constitucionales.
Un gabinete alterno no puede firmar decretos, administrar presupuesto, dirigir la Fuerza Pública, nombrar funcionarios ni impartir órdenes a las entidades estatales. Su autoridad es política, no jurídica. Si se convierte en una estructura de estudio y control, enriquece la democracia. Si pretende sustituir la legitimidad electoral mediante presión permanente, crea un poder paralelo y erosiona las instituciones.
Esa tentación tiene antecedentes en las lógicas revolucionarias: reconocer formalmente al adversario, pero negarle legitimidad sustancial; aceptar que gobierna en el papel, mientras el movimiento derrotado se atribuye la representación auténtica del pueblo. La democracia no puede reducirse a que una fuerza política considere legítimo gobernar solo cuando gana y moralmente ilegítimo al vencedor cuando pierde.
El pueblo contra el enemigo
Una práctica frecuente de la tradición comunista es dividir la sociedad entre un pueblo virtuoso y una minoría enemiga. En el marxismo, el enemigo era la burguesía; en distintas experiencias latinoamericanas se sumaron la oligarquía, el imperialismo, los medios, los empresarios, los jueces, los militares y todo aquel que cuestionara la revolución.
En el discurso de Petro esa estructura aparece adaptada al presente. El adversario puede ser la prensa, el Congreso, las cortes, el empresariado, la oposición o un supuesto bloque de poderes que impediría el cambio. Cepeda, con un tono más parlamentario, presenta la disputa como la defensa de las reformas sociales frente a quienes quieren desmontarlas.
Defender una reforma no es comunismo. Criticar al empresariado tampoco. Lo peligroso es convertir al contradictor en una categoría moral inferior: no alguien que discrepa, sino alguien que traiciona; no alguien que propone una alternativa, sino alguien que conspira; no un ciudadano con otra visión, sino un enemigo del pueblo.
Esa lógica elimina al ciudadano real, que puede defender la educación pública y criticar una reforma fiscal; exigir transición energética y rechazar la improvisación; reclamar justicia social y pedir seguridad; respaldar los derechos humanos y defender a la Fuerza Pública. La democracia vive de esas combinaciones. El sectarismo las considera incoherencia.
La empresa privada bajo sospecha
Colombia necesita combatir la desigualdad, los monopolios y la corrupción. También necesita derechos laborales, impuestos justos y un Estado capaz de regular. Pero regular el capital no es lo mismo que tratar toda empresa como enemiga del pueblo.
El turismo, la agricultura, la industria, el comercio y las pequeñas empresas requieren seguridad jurídica, infraestructura y reglas estables. La riqueza no se distribuye destruyendo la capacidad de producirla. El Estado puede orientar y redistribuir, pero no sustituir indefinidamente el trabajo, el riesgo y la creatividad de millones de ciudadanos.
Petro sostiene que el cambio exige transformar el modelo económico; esa discusión es válida. Cepeda puede defender mayor intervención estatal. Lo que no es válido es presentar la economía de mercado como una enfermedad y el control político como una cura automática. Los países prosperan cuando combinan libertad económica, regulación, productividad, educación y justicia.
La calle como instrumento de poder
La movilización social es un derecho. Puede expresar inconformidad, defender reformas y exigir respuestas. Pero se vuelve peligrosa cuando se utiliza para presionar a las instituciones cada vez que una decisión no coincide con el proyecto político de turno.
La democracia representativa no significa que el pueblo participe solo el día de las elecciones. Tampoco significa que una manifestación tenga poder de veto sobre el Congreso, las cortes o las autoridades. Cada institución cumple una función y todas deben someterse a la Constitución.
El lenguaje de la movilización permanente puede hacer que toda derrota legislativa parezca una agresión contra el pueblo y que toda decisión judicial sea presentada como un golpe de las élites. En ese ambiente, la protesta puede dejar de ser expresión ciudadana para convertirse en intimidación política. No toda protesta es terrorismo y no toda desobediencia civil es delito; pero ninguna causa política justifica amenazas, violencia, destrucción, bloqueo indefinido de servicios o ataques contra ciudadanos.
¿Comunismo, populismo o izquierda radical?
También sería un error llamar comunista a todo programa de izquierda. La socialdemocracia defiende impuestos progresivos, salud pública, educación universal, derechos laborales y regulación económica sin abolir la democracia liberal ni la propiedad privada. Esas políticas no son comunismo por sí mismas.
Petro mezcla ecologismo, estatismo, redistribución, nacionalismo económico, discurso antiélite y una visión histórica de confrontación. Cepeda representa una izquierda más disciplinada en lo partidista, con énfasis en derechos humanos y reformas sociales. No son idénticos, aunque hoy converjan en la oposición.
La descripción más rigurosa sería la de una izquierda populista y estatista, con rasgos de radicalización discursiva y una tendencia a interpretar la política como lucha entre proyectos irreconciliables. Hay elementos que recuerdan al imaginario comunista, pero la etiqueta no debe reemplazar el análisis de las decisiones concretas.
Las preguntas esenciales son otras: ¿respetan la separación de poderes?, ¿aceptan una derrota?, ¿toleran la prensa crítica?, ¿protegen la propiedad sin tolerar privilegios?, ¿reconocen los límites fiscales?, ¿permiten que sus adversarios gobiernen cuando ganan?
Límites legales
Petro y Cepeda pueden organizar la oposición, crear equipos de estudio, convocar ciudadanos, formular políticas y cuestionar al Gobierno. La Constitución y el Estatuto de la Oposición protegen la crítica, la réplica, la reunión y la participación política.
Pero esos derechos tienen límites. Un gabinete alterno no puede usurpar funciones públicas, utilizar recursos estatales como si fuera un gobierno paralelo, dar órdenes a funcionarios, intimidar autoridades ni financiar violencia. Si existieran amenazas, coacción, destrucción de bienes, coordinación armada o intimidación masiva, tendrían que investigarse delitos concretos.
No se puede llamar terrorismo a una oposición solo porque sea dura. La organización de un equipo político, la crítica al Presidente, la defensa de reformas y la movilización pacífica no bastan para configurar terrorismo. La acusación exige hechos demostrables de violencia o intimidación grave orientada a sembrar terror. Pero tampoco puede llamarse libertad de expresión a una acción violenta solo porque invoque al pueblo.
## La intención política
La pretensión de Petro y Cepeda parece triple: conservar la identidad del Pacto Histórico, fiscalizar y desgastar al Gobierno de De la Espriella y construir una alternativa electoral para regresar al poder. Esa finalidad es legítima. Lo que debe vigilarse es el método.
Si el “Gabinete por la Vida” produce diagnósticos, proyectos y control político, puede ser útil. Si se convierte en una maquinaria para negar la legitimidad electoral, desconocer decisiones institucionales o calentar la calle hasta hacer ingobernable al país, será una amenaza política, aunque no necesariamente terrorismo en sentido penal.
Colombia no necesita una guerra de gobiernos imaginarios. Necesita oposición firme, pero responsable; autoridad, pero limitada; reformas, pero financiables; justicia social, pero sin destrucción económica; seguridad, pero dentro de la ley.
La izquierda tiene derecho a volver al poder. La derecha tiene derecho a gobernar si ganó las elecciones. Ninguna puede reclamar el monopolio de la patria.
Conclusión
El verdadero examen para Petro y Cepeda no consiste en demostrar que son más radicales que el Gobierno que enfrentan. Consiste en demostrar que pueden hacer oposición sin destruir la confianza pública, defender al pueblo sin apropiarse de su voz y criticar al poder sin pretender sustituirlo por una autoridad paralela.
Las prácticas que recuerdan al comunismo aparecen cuando el adversario se convierte en enemigo absoluto, cuando el Estado se confunde con el partido, cuando la propiedad privada se trata como pecado moral, cuando la movilización reemplaza la deliberación y cuando la derrota electoral se interpreta como una injusticia que debe corregirse por presión callejera.
Pero esas prácticas no se combaten con insultos ni persecuciones. Se combaten con instituciones fuertes, prensa libre, justicia independiente, elecciones limpias, economía productiva y ciudadanos capaces de pensar sin obedecer consignas.
Petro y Cepeda pueden liderar una oposición democrática. También pueden convertirla en una máquina de polarización. Todo dependerá de si aceptan que el pueblo no es propiedad política de nadie, que el Estado no pertenece a ningún partido y que la democracia consiste en saber ganar, saber perder y volver a competir dentro de la ley.
Colombia no necesita mesías de izquierda ni salvadores de derecha: necesita ciudadanos libres y un Estado que no se arrodille ante ningún partido.
Abel Enrique Sinning Castañeda