Durante varios días, La Guajira esperó un pronunciamiento del presidente de la República frente al acto terrorista ocurrido en el peaje de Alto Pino, sobre la vía Riohacha–Maicao. En el ataque perdieron la vida dos jóvenes trabajadores guajiros: Kerry Alberto Mercado Araujo, operador de tránsito, y Liseth Orozco, recaudadora del peaje. Fue un hecho inédito en la historia reciente del departamento, que estremeció a toda la región. Sin embargo, desde la Casa de Nariño no llegó ninguna palabra de condena, ni un solo gesto de solidaridad hacia sus familias.
Mientras el presidente dedica su atención a los conflictos del Medio Oriente, guarda un silencio doloroso frente a la realidad de los territorios que lo respaldaron en las urnas y que hoy enfrentan una espiral de violencia, pobreza estructural y abandono institucional. La Guajira, como otros departamentos históricamente marginados, ha desaparecido de su agenda prioritaria. Desde Bogotá, la indiferencia no solo es evidente, sino estructural.
La desconexión del gobierno nacional con las realidades locales es alarmante. Desde Bogotá se administran discursos, no soluciones; se recitan promesas mientras las regiones enfrentan en soledad crisis estructurales que requieren respuestas inmediatas. En este escenario, las autoridades departamentales y municipales no pueden seguir ancladas en la espera pasiva de directrices o apoyos que, en la práctica, nunca llegan. Si gobernadores y alcaldes no construyen una agenda conjunta de gestión, exigencia y presión institucional frente al Estado central, si no asumen con decisión el liderazgo que su territorio reclama, sus periodos pasarán sin transformaciones sustantivas. Y, lo más preocupante, sus comunidades seguirán atrapadas en el mismo ciclo de promesas incumplidas y necesidades insatisfechas.
El abandono estatal en La Guajira se evidencia con crudeza en las obras fundamentales que permanecen inconclusas. La carretera Uribia – Puerto Estrella, clave para la conectividad de la Alta Guajira, sigue sin avances. Aunque el contrato fue firmado por el gobierno anterior, los pagos no se han ejecutado. El actual gobierno, que prometió asumir esas obligaciones, simplemente no cumplió. ¿Qué ocurrió con los recursos anunciados? Las obras están detenidas, y con ellas, las posibilidades reales de integración territorial.
La represa del río Ranchería representa otro ejemplo de abandono crónico. Proyectada como una solución estructural para el abastecimiento de agua y el desarrollo agrícola en el sur del departamento, sigue incompleta más de una década después. Las obras complementarias, especialmente los distritos de riego, ni siquiera han comenzado. Hoy no existe voluntad política clara ni recursos asignados para culminar esta infraestructura vital.
Tampoco resulta menos desconcertante el caso del aeropuerto anunciado en Puerto Estrella, una zona remota del norte guajiro que carece de vías pavimentadas y conexiones funcionales. ¿Qué sentido tiene construir una terminal aérea sin carreteras de acceso? El proyecto fue anunciado con bombos y platillos, pero la infraestructura vial necesaria para garantizar su utilidad simplemente no existe. Se trata de una inversión completamente desconectada de las condiciones reales del territorio, sin vínculo alguno con la red logística regional, un proyecto aislado que responde más al espectáculo político que a una verdadera planificación estratégica.
En materia de turismo, La Guajira pasó de ser uno de los destinos emergentes del Caribe, con un crecimiento anual notable y sostenido entre 2017 y 2019, a estar prácticamente paralizada. Durante el actual gobierno no se ha ejecutado ninguna inversión relevante en infraestructura turística, promoción regional o fortalecimiento empresarial. No hubo planes de desarrollo, ni se promovieron alianzas públicoprivadas visibles; otro sector estratégico que, por falta de visión y compromiso, se dejó marchitar.
La situación se agrava con el escándalo de corrupción en la UNGRD, que representa uno de los mayores golpes al presupuesto a nacional en los últimos años. Entre carrotanques, ollas comunitarias y contratos amañados, el desfalco supera los 1,2 billones de pesos. Solo en carrotanques se pagaron más de 46 mil millones de pesos, con sobrecostos que en algunos casos alcanzaron alrededor del 300%. ¿Se repusieron esos recursos? No. ¿Llegaron soluciones reales a las comunidades afectadas? Tampoco. La Guajira fue, una vez más, víctima del saqueo nacional.
Durante la campaña, el presidente Petro prometió la construcción de un tren bala hacia la Alta Guajira, una propuesta que reiteró públicamente en 2022 durante actos en Riohacha y Uribía. Sin embargo, hasta hoy no existe ningún estudio técnico, trazado oficial ni cronograma de ejecución. Una promesa ambiciosa que terminó desvaneciéndose en el polvo del desierto.
Tampoco se cumplió el sueño de hacer de La Guajira el corazón de la transición energética nacional. Empresas como Enel Green Power, Celsia, EDP Renewables y AES Colombia, que proyectaban inversiones por más de 4 billones de pesos en parques solares y eólicos en Uribía y Manaure, han frenado o cancelado sus proyectos. Las razones son múltiples: demoras en licencias ambientales, ausencia de garantías jurídicas, y conflictos sociales sin resolver. Lo que iba a ser una revolución energética terminó convertido en otro capítulo del abandono.
El sistema de salud tampoco escapa a la crisis. La Guajira ha sido el departamento con mayor recepción per cápita de migrantes venezolanos, y sin embargo, el apoyo del gobierno nacional ha sido insuficiente. Actualmente, se adeudan más de 170 mil millones de pesos a los hospitales públicos por la atención prestada a esta población. Las instituciones de salud están al borde del colapso, sin recursos ni respaldo.
Y qué decir del famoso tubo de agua para la Alta Guajira, anunciado por el presidente en 2022 durante su visita a Uribía como una de sus grandes apuestas humanitarias. A día de hoy, no existen estudios, diseños ni trazabilidad presupuestal. Un proyecto que despertó esperanza en las comunidades Wayuu, pero que nunca pasó del discurso.
Este panorama contrasta de forma elocuente con las acciones de gobiernos anteriores. Por ejemplo, solo en 2016, el presidente Juan Manuel Santos destinó más de 96 mil millones de pesos a La Guajira, con inversiones en vivienda rural (más de 900 unidades), 93 aulas escolares, brigadas de salud que atendieron a 14 mil niños y, más tarde, Iván Duque firmó el Pacto Territorial del Cesar–La Guajira, por 4,4 billones de pesos, que incluyó la Conexión Alta Guajira y mejoras sustantivas en saneamiento básico, vías e infraestructura turística.
En cambio, bajo la administración Petro, el desempeño presupuestal ha sido el más bajo de los últimos gobiernos. Para 2025, La Guajira enfrenta un recorte del 23,8 % en inversión regional, según el propio Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Lo que prometía ser un gobierno del cambio para las regiones históricamente marginadas ha terminado por profundizar su desconexión con los territorios; en lugar de una reparación histórica, ha prevalecido el aplazamiento indefinido, y en lugar de ejecución, solo queda la retórica.
Ser oposición frente al gobierno no es un acto de ideología, es un acto de conciencia. Es la respuesta necesaria cuando el poder traiciona sus promesas y convierte la esperanza en abandono. Defender a La Guajira no es atacar al gobierno: es cuestionar su indiferencia. Es ponerse del lado de la dignidad, de la equidad, de la justicia social; en otras palabras, es exigir aquello que el Estado aún no ha sido capaz de garantizar al pueblo guajiro.
Alfredo Deluque Zuleta