He considerado siempre que la moto es una solución eficiente para la movilidad urbana, gracias al poco espacio que ocupan en las calles, comparándolas lógicamente con los automóviles, camionetas, camiones y buses que circulan por las vías de los centros poblados; de veras creo que ayudan de forma decisiva a la fluidez del tráfico y la descongestión de las calles. Es indudable que son un vehículo menos contaminante y permiten desplazarse a sus usuarios con facilidad ante la falta de verdaderas soluciones de transporte público entre los sitios de residencia, lugares de trabajo, establecimientos educativos y las limitaciones de parqueo para otros medios de transporte. Además, han servido como una solución laboral formal (domiciliarios y mensajeros) e informal (mototaxistas) ante la falta de oportunidades de generación de riqueza. Sea la oportunidad de hacer visible a aquellos motociclistas que las adquieren por la pasión de sentir el viento chocar con sus rostros y la adrenalina de su velocidad cuando salen a rodar, como el caso de mi amigo José Luis Arias en Bucaramanga.
Economía y optimización del tiempo, son parte de las ventajas de las motocicletas, o es que nos estamos olvidando que el galón de gasolina está casi a $10.000 pesos y para ñapa el gobierno está desestimulando las exploraciones de combustibles fósiles, lo que quiere decir que en pocos años usar vehículos de tanque grande será un verdadero privilegio de los que están en la rosca burocrática. A pesar de todo lo que significa para la sociedad moderna, como resultado de su uso para la comisión de delitos y ser el medio de transporte que más reporta accidentes viales está siendo estigmatizada, obligando a muchos gobiernos territoriales a restringirlas perjudicando a los actuales propietarios que las perciben como una solución de vida.
Entender que la restricción al uso de las motos ayudará a disminuir la inseguridad ciudadana, no es del todo cierto, pues está demostrado que los delincuentes reaccionan estratégicamente, cambiándose a otras zonas urbanas donde haya poca presencia de reguladores de transito que permitan ser efectivas las medidas o simplemente utilizan otros medios de transporte. No es por ser pesimista, pero creo que los actuales gobiernos locales no tienen la capacidad de hacer respetar las prohibiciones, por eso los afectados no son los bandidos sino los ciudadanos respetuosos de las normas. Está suficientemente demostrado que las restricciones al uso de estos vehículos desvían la atención de las autoridades, pues se dedican a subir motos a grúas y llevarlas a los patios, hechos que no reducen delitos, solo producen migraciones espaciales y de horarios en la comisión de los crímenes por parte de los malhechores, pero al contrario imponen costos a la ciudadanía.
Es común el resultado de la mayoría de los estudios de seguridad respecto al uso de las motos para la comisión de delitos, los cuales concluyen que no está probada que la restricción de su uso impacte en la disminución en la comisión de delitos, entendiendo que no es la vía idónea para combatirlo por la mutabilidad de actores y contextos. Lo que si es cierto es que la criminalidad se combate con asignación de capacidades estratégicas, recursos logísticos y buenas relaciones con las autoridades; así mismo, aumentar el pie de fuerza en sitios neurálgicos y las actividades de inteligencia como verdaderas estrategias para impactar en el crimen organizado. Quien osa dudar que si desarrollan explicitas tareas de inteligencia se puedan determinar quién es quién en cada banda, haciendo que sea más factible descomponer e inutilizar las estructuras criminales pues es más fácil ir por sus cabezas.
Por otro lado, fortalecer la cultura vial de los motociclistas es imperativo. No más ayer, estando en un semáforo de Santa Marta pude percibir que por cada cambio de luz verde el 60% de los vehículos que logran pasar son motos, de las cuales muchas estaban sin las luces correspondientes, los conductores sin los chalecos y cascos reglamentarios, y por si fuera poco, casi el 50% de estos con las placas adulteradas. Es obvio los usuarios también deben poner de su parte primando el respeto y cordialidad por los otros conductores, seguidamente cumpliendo con todos los reglamentos de tránsito y observando las medidas de seguridad lo que llevaría indudablemente a la reducción del riesgo.
De veras, con todo ello no hay claridad sobre cuál será el mejor escenario para que los usuarios y las autoridades se pongan de acuerdo, traté de hacer una aproximación al conflicto de intereses que existe entre propietarios, usuarios de motos y las autoridades. Se abre el telón de las opiniones que permita diseñar una política pública eficiente para regular el uso de las motos que facilite la movilidad general, mejorar las relaciones entre motociclistas y peatones; además de bajar los índices de criminalidad y accidentalidad.
Adaulfo Manjarrés Mejía
Muy acertado y real este artículo