La reciente radicación del proyecto de ley “que busca regular la inteligencia artificial en Colombia para garantizar su desarrollo ético y responsable”, representa un hito histórico para el país. Esta iniciativa, liderada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación no constituye el primer intento para estos procesos, dado que, desde el año 2020, se han presentado cuatro iniciativas de ley que han intentado establecer lineamientos para el uso e implementación de la IA a nivel nacional, algunos tan amplios como para establecer políticas públicas, los cuales fueron retirados o archivados.
En la actualidad, también cursan ante el Congreso de la República siete propuestas legislativas relacionadas con la inteligencia artificial, que buscan desde la creación de políticas estatales hasta la inclusión de agravantes o circunstancias de mayor punibilidad, como es el caso del Proyecto de Ley No. 225 de 2024. De la misma forma, y ante el evidente vacío legal que ha generado la falta de una normatividad que regule estos sistemas en nuestro país, la honorable Corte Constitucional, en la Sentencia T-323 de 2024, definió los principios y orientaciones respecto a su uso por parte de los jueces de la República.
En ese sentido, esta sentencia es la única jurisprudencia que, hasta el momento, ha establecido pautas para el uso ético de la inteligencia artificial, a través de principios como la transparencia, la responsabilidad, la garantía del juez natural, el derecho a la privacidad, la no sustitución de la racionalidad humana, la seriedad y verificación; la prevención de riesgos, la igualdad y equidad, el control humano, la regulación ética, la adecuación a buenas prácticas, el seguimiento continuo y la adaptación e idoneidad.
Por su parte, el nuevo proyecto de ley presentado por Minciencias, aunque no es el primero, sí representa elementos significativos, como la clasificación de los sistemas de IA por riesgos, las reglas para proteger la privacidad, la no discriminación y la dignidad humana, el establecimiento de un sistema de gobernanza como la Autoridad Nacional de la Inteligencia Artificial, la creación del Consejo Nacional Asesor de IA, el fomento a la investigación —el cual es un pilar importante—, y medidas para la transición laboral, lo cual es un avance ante la adaptación profesional de quienes puedan verse afectados por la automatización que conlleva el avance tecnológico. Asimismo, crea incentivos a propuestas de impacto social y científico con enfoque territorial.
Finalmente, un aspecto muy importante de esta iniciativa es que busca garantizar el desarrollo ético y responsable de la inteligencia artificial, creando un capítulo especial de procedimiento, sanciones y responsabilidades para salvaguardar los derechos fundamentales ante su uso. por lo cual, se plantean grandes desafíos, como la suficiencia de la normatividad, el avance exponencial de la IA y el reto en la efectividad de las normas una vez sean aprobadas y promulgadas.
Evidentemente, sin desconocer que el proyecto en sí mismo representa una oportunidad para nuestro país, tal como suelo contar en las cátedras y citando a una colega que admiro bastante, “el derecho es como aquella competencia de atletismo en la que se enfrentan una atleta experimentada (la sociedad) y una estudiante de derecho (las disposiciones jurídicas), muy entusiasta en su competencia, pero sin la destreza de su contrincante. Durante la carrera, como es de esperarse, la atleta lleva la delantera; en algún momento, la estudiante de derecho la alcanzará”. Esperemos, optimistas, que este sea el comienzo con dicho proyecto de ley.
En total coherencia con los principios de transparencia y ética que promueve esta ley y nuestra institución, confieso que utilicé inteligencia artificial como herramienta para redactar esta nota.
Andrea Zarate Covo – Docente Investigadora Uniguajira