El departamento de La Guajira se enfrenta a un reto monumental. La inminente clausura de la mina El Cerrejón, programada para 2034, no solo marca el final de una era industrial, sino que también podría desatar una tormenta perfecta si no se maneja con una planificación cuidadosa. Esto podría llevar a una crisis humanitaria de grandes proporciones.
La dependencia económica de la minería ha dejado al departamento con las tasas de pobreza y desnutrición más altas de Colombia. Sin un plan de transición coordinado y efectivo, estas condiciones podrían empeorar drásticamente, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de miles de familias.
La reciente prohibición de exportaciones de carbón a Israel, mercado clave para la producción en El Cerrejón, representa una pérdida de 3.5 millones de toneladas anuales, generándole incertidumbre y riesgo a esta delicada situación. Aunque el impacto económico a corto plazo podría ser manejable, esta medida envía un mensaje claro sobre la inestabilidad del mercado y las presiones geopolíticas que pueden influir en las operaciones. Este contexto, junto con los constantes paros que afectan la vía férrea, podría llevar a la Glencore como dueña de la actividad minera a cerrar antes de lo previsto. Un cierre prematuro y no planificado podría sumergir a la región en una crisis económica y social generalizada.
El cierre de la mina representa una amenaza directa para el sustento de trabajadores, las familias y la economía regional, por la dependencia de cerca de 15 mil empleos directos e indirectos que genera la mina. En los municipios de Albania, Hatonuevo y Barranca, la sostenibilidad fiscal está vinculada con las operaciones carboníferas. La pérdida de estos ingresos, sin alternativas laborales viables, podría dejar a las familias con bajo poder adquisitivo para comprar alimentos y a los municipios sin opciones para generar desarrollo social.
Este escenario representa un gran riesgo para las comunidades wayuu, especialmente en Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha, que están bajo la protección de la Sentencia T-302 de 2017, debido a la violación de sus derechos fundamentales al agua y la alimentación. El cierre abrupto de la mina podría empeorar aún más las ya preocupantes condiciones de desnutrición que enfrentan.
En el informe del Banco Mundial “Spatial Planning for Resilient Economic Diversification, La Guajira – Colombia”, elaborado por James Dobbin, Tatiana Márquez y Jennifer Rietbergen-McCracken, se analizaron las oportunidades para diversificar la economía de La Guajira con línea de base en el 2019, subrayando la importancia de establecer procesos de planificación estratégicos para mitigar estos riesgos.
El documento destacó el potencial en sectores como las energías renovables, la agricultura y el turismo, que podrían convertirse en los pilares de una economía que no dependa de la minería. Sin embargo, este potencial no se podrá aprovechar sin un plan de acción claro y la inversión adecuada. Hasta ahora, tanto el gobierno nacional como el departamental no han logrado poner en marcha una agenda que aborde de manera efectiva el inminente cierre de la mina.
El informe concluye que, con una inversión de casi 2 mil millones de dólares, el PIB de La Guajira podría alcanzar los 8.2 mil millones para 2040, reemplazando la dependencia del carbón. Este dato no es solo una fría cifra; es la prueba de que un futuro próspero es posible, pero requiere una voluntad política urgente y un compromiso inquebrantable de todos los actores.
El Banco Mundial presenta una hoja de ruta con proyectos específicos y ubicaciones concretas, desde la reforestación hasta el desarrollo de la maricultura, que podrían transformar la región, pero que han sido ignorados en los planes de desarrollo departamental y municipal.
La falta de acción para planificar la transición y diversificar la economía de La Guajira podría llevar a un escenario en el que la infraestructura minera, Puerto Bolívar y el ferrocarril, quede sin uso, desaprovechando su potencial para ser reutilizada en el transporte de productos agrícolas, turismo y energía. Si no se actúa con urgencia, se perderá la oportunidad de construir una economía sostenible y resiliente que aproveche las fortalezas naturales y culturales de la región.
La encrucijada es evidente. La Guajira debe prepararse con un plan de acción para el cierre minero, aprovechando las oportunidades ya identificadas, o arriesgarse a un colapso económico y humanitario. La inminente posibilidad de cierre debido a factores externos, como la prohibición de exportaciones, resalta aún más la urgencia de la situación.
Es el momento de convertir esta amenaza en una oportunidad y asegurar que la seguridad alimentaria y la dignidad de las comunidades wayuu y de todos los guajiros sean el eje central de la agenda de desarrollo. El futuro de La Guajira no está predeterminado; se construye con cada decisión que tomamos (o dejamos de tomar) hoy. ¿Estaremos a la altura del desafío?
Cesar Arismendi Morales