El pasado 30 de noviembre en Bogotá, se llevó a cabo el segundo foro de precandidatos presidenciales del Centro Democrático sobre seguridad; un nuevo esfuerzo de análisis a fondo sobre los temas de interés nacional, tras el encuentro sobre seguridad energética y transición de Barranquilla, en el que tuvimos la oportunidad de exponer nuestra visión, diagnóstico y propuestas para reimpulsar el sector.
Ante el fracaso de las políticas de Seguridad Humana y de Paz Total de Petro, urgen evaluaciones y propuestas de corto, mediano y largo plazo, que garanticen a los colombianos seguridad, libertad y orden perdidos por cuenta del fortalecimiento de la criminalidad en todo el País, que según un reciente informe del Comandante General de las FFMM se dio por falta de operaciones ofensivas, que les permitió reorganizarse y aumentar sus capacidades delictivas.
En 2023, los grupos armados ilegales pasaron a controlar 324.736 km2 (ocho veces Bogotá), ahora delinquen en 455 municipios y más de 9.000 veredas de 29 de los 32 departamentos. Solo en 2023, las estructuras criminales sumaron 1.647 miembros más en sus filas. Según INDEPAZ, crecieron 54%, sus acciones criminales aumentaron 11%, los ataques contra la Fuerza Pública 32% y contra la infraestructura civil 27%, y la violencia entre ellas 85%.
Durante este Gobierno se han presentado 195 masacres con 633 víctimas, han sido asesinados 406 líderes sociales, indígenas y defensores de DDHH, el secuestro creció 70%, el homicidio 8%, la extorsión 13%, el reclutamiento de menores 3% (68,4% de comunidades indígenas), el hurto a personas aumentó 11%, a vehículos 7%, a residencias 3%, y los delitos contra el medio ambiente 26%. Además, el País está inundado en coca, hay 253.000 hectáreas cultivadas, y en 2023 la producción de cocaína creció 53%.
Todo esto se da en medio de diversas mesas de negociación con varias estructuras criminales que, de acuerdo con el Alto Comisionado para la Paz, a 31 de octubre de este año, han costado más de 32 mil millones de pesos.
Es hora de ponernos de acuerdo en unos mínimos como Nación. Por ejemplo, en que la seguridad no es solo un derecho, sino la condición indispensable para la realización de todos los demás; sin ella, la vida, la libertad y la dignidad humana quedan sometidas a la barbarie de los violentos; por eso, debe ser una política de Estado y no de Gobierno.
Tenemos que entender que sin seguridad no hay democracia, justicia, convivencia pacífica, libertades, ni crecimiento económico pleno; la seguridad es un valor democrático, un derecho humano y un bien público que el Estado está en la obligación de garantizar, y que va de la mano con la justicia, porque un país donde el índice de impunidad supera el 90%, es caldo de cultivo para toda forma de violencia y delincuencia.
Necesitamos una política de seguridad integral, que comprende prevención, control, represión y rehabilitación, y que parta de una visión multidimensional.
Hoy necesitamos formación, información y tecnología que nos permitan enfrentar nuevos retos, como la transnacionalidad, la criminalización del ciberespacio y la interoperatividad criminal; y garantizar la seguridad jurídica, bienestar, dignidad y capacidad operativa a nuestra Fuerza Pública, que es el corazón de la seguridad, de la mano de la ciudadanía, que desde la solidaridad, cooperación y responsabilidad compartida, tiene un papel importante que jugar.
Nuestra experiencia como Nación y esta dolorosa radiografía demuestran que la seguridad es el principal derecho.
Paola Holguín
Realmente al escuchar a la precandidata del centro democrático, es la que marca la diferencia, tiene claro lo que requiere Colombia para tener identidad y paz. Adelante su coherencia sin ataques y con buenos argumentos puede alcanzar el progreso colectivo
Bendiciones