El anuncio fue hecho el pasado martes 28 de marzo en el auditorio de la Universidad EAN de Bogotá, por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, la ministra de Agricultura, Cecilia López, y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza.
Me refiero al millón de créditos que se han comprometido colocar estas tres carteras en la economía popular. Es una noticia alentadora para millones de pequeños empresarios que mantienen a sus familias con una venta callejera, tienda de barrio, sastrería, peluquería o taller, para citar algunos ejemplos. Son todos esos pequeños empresarios del sector urbano y rural que no existen para sistema financiero del país y que se ven obligados a recurrir a los préstamos con tasas de interés confiscatorias de los “gota a gota”.
También es una noticia esperanzadora para el sector agropecuario, donde el problema de inclusión crediticia es crítico. En el pasado Censo Nacional Agropecuario, el Dane, reveló que, de tres millones de productores encuestados, 2.4 millones dijeron no acceder a créditos del sector bancario. Cifra que corroboran las estadísticas de Finagro. Durante el año 2022, se realizaron solo 430.000 operaciones de créditos para el sector agropecuario. Lo preocupante de este tema, es que, cada cuatro años, vemos la misma fotografía con diferentes actores, los mismos problemas y resultados, por la bendita costumbre de delegar estas responsabilidades en funcionarios públicos que no tienen la experiencia ni el conocimiento en servicios financieros y desconocen el tejemaneje de los negocios en la economía popular.
Ahí está el claro ejemplo del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario. Después de 33 años de haber sido creado, no han sido capaces de bancarizar siquiera un millón de productores del campo, teniendo un fondo para el financiamiento del sector agropecuario (Finagro); un fondo que respalda hasta el 80% el crédito al productor (Fondo Agropecuario de Garantía); un sistema de cobertura de riesgos climáticos (Seguro Agrario); una entidad para tramitar la venta anticipada de sus cosechas mediante contratos forward (Bolsa Mercantil de Colombia); el banco de fomento agropecuario más grande del país (Banco Agrario); una norma que obliga a la banca privada, colocar con recursos propios más del 70% de los créditos al sector agropecuario (TDA) y una entidad que presta servicio de asistencia técnica gratuita al productor (Agencia de Desarrollo Rural). Discúlpenme, pero el problema no es de vehículos, es de choferes.
Apreciados ministros, cuando las cosas no están saliendo bien, hay que ser creativos, cambiar de estrategia y de choferes. La bancarización en la economía popular puede tener victorias tempranas si se baja, por ejemplo, la provisión a los créditos respaldados por los fondos de garantía estatales (FAG y FNG), o si se habilitan los créditos de fomento con respaldo de esos fondos de garantías a las grandes industrias transformadoras de materias primas, comercializadores de alimentos y Cámaras de Comercio, para que esos recursos de crédito sean entregados a manera de anticipo a los pequeños y medianos proveedores que han suscrito un contrato comercial. Con este par de decisiones, resuelven el problema de acceso a créditos, reducen el riesgo de la cartera y de paso formalizan la economía popular.
Indalecio Dangond