“La democracia no se entendería sin los grupos que defienden sus intereses frente a los poderes políticos”
Remy Danton es un cabildero que trabaja para la firma Glendon Hill, la cual tenía dentro de sus clientes a la multinacional SanCorp. Ésta, es una empresa de gas natural que tiene intereses en la toma de decisiones de algunas disposiciones que de una u otra manera le convenga a su cliente.
Desde épocas pretéritas, en cientos de Estados, la función de cabildear o lo que conocemos con el anglicanismo de “lobby”, se encuentra regulado legalmente bajo unos parámetros y principios que buscan darle mayor transparencia a la participación de actores privados en la toma de decisiones públicas bien en el ámbito legislativo o en la rama ejecutiva. Dicho comportamiento, ganó terreno en Colombia y se hace necesario una regulación normativa ya.
Los diferentes movimientos sociales y políticos e incluso, alguno con fines económicos, normalmente constituyen grupos de profesionales del mismo sector o industria con el ánimo de aportar experiencias y relaciones con el sector legislativo y ejecutivo. Emprender tal esfuerzo requiere de una minuciosa preparación.
En su momento el ex magistrado José Gregorio Hernández Galindo manifestaba que el cabildeo se encuentra reglado en muchas legislaciones importantes, pero en nuestro país no se ha avanzado en esta necesaria materia. Incluso, recordaba que “en tiempos de Julio Cesar, de hecho, hubo cabildeo con los miembros del senado Romano; lo hicieron los industriales con los parlamentarios británicos”. Es decir, es una tarea desatendida en nuestro ordenamiento jurídico.
La democracia no se entendería sin los grupos que defienden sus intereses frente a los poderes políticos.
La capacidad de influir en los poderes que tiene los grupos de interés, especialmente en el actual contexto político y económico colombiano, hace particularmente relevante su estudio, debate y desarrollo legislativo. Existe un consenso académico, social, profesional y político sobre la necesidad de regular jurídicamente la actividad de los cabildantes o lobistas, cuya actuación frente a los poderes establecidos puede ser concebida, incluso, como un derecho fundamental de los ciudadanos.
A pesar de esto, en Colombia no se tiene una regulación legal que apoye dicha actividad, lo que contribuye a su ignorancia o a una percepción social negativa de la misma. De ahí la importancia del proyecto de ley No. 120 de 2022 – Senado, presentado recientemente por los congresistas Alfredo Deluque y Jorge Cerchar que busca, tal como se establece en su objeto y marco de referencia “establecerlas reglas y principios en el lobby en aras de una mayor transparencia en la toma de decisiones”, estableciendo los límites, quienes y la forma de ejercerla. Este proyecto al leerlo, recoge las experiencias que viven en países del hemisferio denotando las bondades del ejercicio y abriendo nuevos caminos de relaciones público privadas transparentes.
¡En hora buena, bienvenido el debate!
Roger Mario Romero