Desde hace siete años, se reglamentó ley 1787 de 2016, que legaliza el uso de cannabis, destinadas para producción de medicamentos, cuyos cultivos, manejos y procedimientos, se destinan para uso medicinal, en el territorio nacional. La aprobación generó mucho entusiasmo, para campesinos interesados de participar en la alternativa de oportunidad de negocios prevista de explotación económica, que facilite, mejorar el estilo de vida, con bienestar, comunitario y social. En las reglamentaciones, de la ley, se dispuso a expedir licencias, para cultivos, semilleros y utilización específica, de las transformaciones y productos, derivados de la marihuana, de nombre científico, cannabis.
El gobierno del expresidente, Juan Manuel Santos, delegó por decreto las expediciones de licencia, al Ministerio de Justicia, cuando ha debido ser el Ministerio de Agricultura, por las condiciones agrícolas, implícitas en los cultivos e implementaciones de estándares de tecnificación y calidad, regido por Invima, autoridad competente, para certificar la producción comercial, internas y externas.
No habido por parte del gobierno nacional, pasados, ni presentes, divulgaciones e informaciones, que motive con estímulos, a los pequeños, medianos y grandes terratenientes; previendo, cultivos de cáñamos y cannabis psicoactiva, garantizando el mercadeo de producción, para procesamientos industrial de consumos medicinales, alimenticios en infusión, cosméticos y series de innovaciones, originadas de los tallos de cáñamos. Los decretos hacen alusión a pequeños y medianos agricultores, para expedir licencia, de media hectárea o 500º metros cuadrados, con condiciones, prohibiciones y sanciones, drásticas algunas, por incurrencias de errores, que nunca faltan en acciones y operaciones, en principios y también rutinaria, por causas de ignorancias y descuidos.
Los valores de las distintas licencias, para cultivos de media hectárea, oscila entre 20 a 50 millones, por un término de cinco años, lo que no es muy fácil, para una cantidad de campesinos, en estado de pobreza. Además de la licencia, debe hacer inversiones en arados, encerramientos y acondicionamiento, de tierra estructuradas en invernaderos, construidos por profesionales y técnicos, especialistas en referenciados cultivos, teniendo en cuenta, variedades en factores climáticos y relacionados, con PH del suelo, temperaturas, vientos, sol, donde nace y muere, reguios, drenajes etc. Seguidamente inversión en semillas y semilleros, por último, asistencias técnicas, durante cuatro a seis meses, hasta la recolección del producto agrícola.
Los costos de los servicios que conlleva el primer cultivo, son bastante altos y después se reducen, para los pequeños y medianos agricultores, que requieren de subsidios del gobierno nacional, bajar los precios de las licencias, a por lo menos un 20% del valor actual implementado emprenderlos, facilitando: abonos, semillas y seguridad policiva; suscribiendo créditos con bajos intereses, en entidades financieras y pólizas de seguros.
El negocio del cannabis es una valiosa alternativa, para mejorar las condiciones críticas que estamos viviendo, con las violencias desatadas, por carteles y bandas criminales, que se nutren de ilicitudes y confrontaciones, armadas sangrientas, en el territorio nacional, con alto grado de inseguridad e incertidumbre, que aleja la inversión de quienes, quieren producir, comercializar y recrear turismo; generadora de fuentes económica, que de mucha utilidad en beneficios, le sirve a Colombia.
Los ingresos de rentabilidad que se originarían del comercio de cannabis, superarían rentas provenientes del café y bananos, conjuntamente. También podría equilibrarse, con los ingresos generados por las explotaciones de hidrocarburos o carbón; por causa del cambio climático y el recalentamiento, tienden a erradicarse, antes del año 2050. Canadá, Alemania, Brasil y otras naciones, están interesadas comprar cualquier cantidad marihuana, para uso medicinal y recreativo, pero se requiere, levantar la prohibición constitucional a las dosis mínimas, implementada, por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que necesita de la aprobación de ochos debates, en Cámara de Representante y Senado; durante dos periodos legislativos.
El gobierno del presidente Gustavo Petro, debe planificar un programa de inversión agrícola direccionadas a cultivar 50 mil hectáreas de cannabis, complementada con cultivos de pan coger, para dinamizar una revolución agrícola, estimulando y acondicionando, la participación de las comunidades, de manera indiscriminadas, en territorios y género humano. La proyección, apertura oportunidades laborales, servicios y comercios; beneficiándose de manera directa e indirecta, a más de dos millones de personas, mayores de edad, bajando el índice del desempleo, que no deja de ser un gran alivio, para el gobierno, familias, sociedad y comunidades.
De otra parte, incrementa rentabilidad, para la nación, por ingresos de cultivadores y comercializadores; relacionadas con las ganancias, de las operaciones, relacionadas con ventas, nacional e internacional, del cannabis, cuando el precio estimado, de exportaciones por tonelada, supera el millón de dólares; cantidad que puede recogerse en media hectáreas. Se cultivan dos cosechas al año.
Martín Barros Choles