LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA

Los «derechos de la naturaleza» son como esos discursos de domingo en la tarde: bonitos, emotivos y completamente ignorados. Un país, donde la Constitución habla de protección ambiental con la misma pasión con que un niño habla de su juguete favorito… hasta que se le rompe. Y en este caso, el juguete ya tiene fisuras. Se llama Cañaverales, y aunque no es un parque de diversiones ni un yacimiento arqueológico, sí es el nuevo epicentro de una batalla tan épica como desigual: la mina contra el manantial.

Resulta que, en la media Guajira, donde el agua es más preciada que un billete de lotería ganador, una multinacional —con sus trajes bien planchados y sus abogados más afilados que las espinas del cardón— quiere extraer carbón. Pero claro, en el camino se encuentra un pequeño obstáculo: un manantial. No cualquier manantial, no. Uno que le da vida a comunidades enteras, que alimenta el alma de una provincia y que hace parte de la cuenca del río Ranchería —ese río que solo aparece en los mapas y en los discursos oficiales cuando hay crisis—, y que, según la ley, debería tener «derechos». Sí, señores, derechos. Porque en Colombia, hasta el agua tiene abogado. O al menos eso dice la Constitución, la Corte Constitucional, y algunos poetas románticos que aún creen en la justicia.

Pero aquí en La Guajira, donde el viento lleva más polvo que promesas cumplidas, los derechos de la naturaleza se enfrentan a una realidad tan dura como el suelo bajo el cual se esconde el carbón: una estructura económica que se mueve con más fuerza que las dunas, y una clase política que parece creer que el desarrollo es sinónimo de destrucción disfrazada de progreso.

Y entonces aparece el manantial de Cañaverales, como un David frente a una Goliat. ¿Qué puede hacer un manantial frente a una mina que está próxima a obtener permisos, inversiones, y la bendición tácita del poder? Pues convertirse en símbolo. En bandera. En excusa para escribir columnas como esta, en las que uno se pregunta si en verdad vivimos en un país donde la naturaleza tiene derechos o si solo los tiene quien puede pagarlos.

Claro que el asunto no es solo ecológico. Es social. Es humano. Es de esos casos en los que el agua no solo da vida, sino dignidad. Y cuando el Estado permite que se sacrifique un manantial por carbón, lo que realmente está diciendo es: «Tu dignidad no vale tanto como el precio del kilovatio en el mercado internacional».

Así que mientras los habitantes de Cañaverales se aferran a su agua como quien se aferra a la última esperanza, los abogados de las multinacionales despliegan sus estrategias legales como quien despliega un mantel en el desierto: con mucha pompa, pero sin nada que comer. Porque bien lo dice la sentencia impregnada en las camisetas de algunos locales “queremos comer queso, no carbón”.

Y nosotros, los espectadores cómplices de esta tragedia burocrática, solo nos quedamos con la duda: ¿cuándo vamos a entender que los derechos de la naturaleza no son una moda de izquierdas o progresistas, sino una necesidad de supervivencia? Si de la pervivencia cultural y el derecho a existir de una comunidad campesinas y poblaciones afrodescendientes que se niegan a extinguirse a la sombra de un mejor porvenir. Un porvenir pintado de negro como la melanina de su piel, pero que llevará a cuestas la tragedia de decadencia y el nulo compromiso con las próximas generaciones.

Pero bueno, mientras tanto, en La Guajira sigue el sol, sigue el viento, y sigue el agua… si es que aún queda algo que defender. Porque como bien lo dijo un campesino afro en una audiencia: “Si se llama reserva es para que nadie la toque, es la herencia que le vamos a dejar a los hijos de nuestros hijos.”

Arcesio Romero Pérez

Escritor afrocaribeño

Miembro de la organización de base NARP ASOMALAWI

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