Hay decisiones del Estado que no requieren un gran debate jurídico para entender que algo no está bien. Basta el sentido común. Lo que está ocurriendo con alias “Calarcá” es uno de esos casos en los que cualquier ciudadano, sin necesidad de conocer normas o ser abogado, percibe que la lógica se rompió. Mientras la Fiscalía anuncia imputaciones por delitos gravísimos cometidos, además, en medio de un proceso de negociación, la orden de captura de algunos bandidos permanece suspendida. Es decir, el propio Estado reconoce que hay hechos que merecen reproche, pero al mismo tiempo mantiene una situación en la que ese reproche no tiene una consecuencia inmediata.
El problema no es la negociación. Colombia lleva décadas intentando encontrar salidas a un conflicto complejo y sería ingenuo desconocer que esos procesos implican concesiones. El problema, realmente, es de coherencia. Si el fundamento de esos beneficios es suspender la persecución penal para facilitar el diálogo bajo la condición de no seguir delinquiendo, entonces lo mínimo que se espera es que, si esa condición se rompe, el beneficio desaparezca. No es una discusión de ideología, es una cuestión de lógica. Si alguien continúa cometiendo delitos mientras negocia con el Estado, ¿qué justifica que conserve las ventajas que se le otorgaron precisamente para dejar de delinquir?
Ahí es donde aparece la sensación de un país que funciona al revés. Las reglas parecen aplicarse de manera selectiva, donde la gravedad de los hechos no siempre se traduce en decisiones proporcionales y donde la justicia pierde su capacidad de transmitir un mensaje claro. Más allá del caso concreto, lo que está en juego es la credibilidad institucional. El ciudadano del común no analiza los matices técnicos de un proceso de paz, pero sí entiende algo elemental: quien delinque debería enfrentar consecuencias, y más aún si lo hace bajo la sombra de un acuerdo que justamente buscaba lo contrario.
Lo verdaderamente preocupante es el mensaje que se envía. Si la suspensión de una orden de captura puede mantenerse aun cuando existen indicios de que la actividad criminal continúa, entonces el incentivo se distorsiona por completo. El beneficio deja de ser una herramienta para la paz. Y en ese punto, la discusión deja de ser jurídica para convertirse en institucional. ¿Puede el Estado exigir cumplimiento cuando no es capaz de reaccionar frente a su incumplimiento?
No se trata de desconocer la necesidad de negociar ni de cerrar puertas a posibles soluciones. Se trata de no perder la coherencia en el camino. Cuando el derecho deja de responder a una lógica básica y cuando la excepción se vuelve regla, deviene una consecuencia gravísima y es la pérdida de confianza en la justicia.
Creemos que esa es una línea que no debería cruzarse nunca. Unos bandidos delinquiendo mientras que son amparados por el Estado. No quisiera pensar que es una estrategia electoral pero lo cierto es que, en esta situación particular, estamos frente al mundo al revés.
Abel Enrique Sinning Castañeda