Hoy hace 26 años, se fundó el M19. Cuatro años después, cometía su primer delito, el robo de la espada de Bolívar. De aquella acción simbólica a crímenes horrendos no hubo sino un paso. El asesinato de José Raquel Mercado, líder afro y presidente de la CTC, el secuestro y asesinato de Nicolás Escobar, las infames “cárceles del pueblo” que usaron para esconder y torturar a centenares de plagiados, la alianza con Pablo Escobar y el asalto al Palacio de Justicia…
Petro no solo jamás se ha arrepentido de los miles de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos, sino que saca pecho, orgulloso de su pasado criminal. Y se ha venido de frente contra la Constitución del 91, en parte herencia del Eme de la mano de Antonio Navarro, Álvaro Gómez y Horacio Serpa.
Esa carta política es, quizás, el hecho histórico que reivindica los procesos de paz y los acuerdos con los grupos violentos para su desmovilización y desarme. Procesos que, en general, han salido mal. El de Uribe con las autodefensas desmovilizó a decenas de miles y estableció la regla de que los mayores responsables de crímenes internacionales deberían pagar al menos unos años de prisión, pero algunos se reciclaron en otras bandas mafiosas. Santos, en su desaforado afán por el Nobel, manoseó la Carta con el fast track, le rompió la columna vertebral a la justicia con la JEP, se burló de la democracia al desconocer el triunfo del No en el plebiscito, y no solo dejó en impunidad los crímenes de las Farc sino que los premió con beneficios políticos y económicos que nunca hemos tenido quienes jamás delinquimos. Para rematar, lo pactado en materia de narcotráfico alimentó las disidencias, invitó a reincidir, y fue un incentivo perverso que incrementó sustantivamente los narcocultivos. Las Farc tienen más hombres hoy que en el 2013, cuando se iniciaron los diálogos.
Lo de Petro es peor. Desechó las enseñanzas de décadas de experiencia en procesos de paz, con fatales consecuencias. Las treguas pactadas al inicio de las conversaciones, la exigencia a la Fuerza Pública de que incumpla su mandato constitucional, la renuncia a pedirle a los violentos que dejen de delinquir, la liberación de delincuentes detenidos, las alianzas con los bandidos para ganar elecciones y gobernar, la abdicación en la lucha contra el narcotráfico, el tratamiento igual a guerrillas y bandas estrictamente mafiosas, entre otras muchas decisiones que han favorecido a los violentos, han traído como consecuencia que hoy haya muchos más violentos en armas, más homicidios, más secuestros, más extorsiones, más coca y más cocaína, que cuando se firmó el pacto con las Farc. El supuesto gobierno «de la vida” solo ha traído muerte y desolación. La “paz total” ha sido un fracaso catastrófico.
Con todo, la infiltración y desmonte del sistema nacional de inteligencia es uno de los más atroces efectos del gobierno de Petro y de la izquierda. La inteligencia es indispensable tanto para la seguridad como para la defensa. Es la información estratégica, táctica y operacional de inteligencia la que permite a militares y policías tanto defenderse de manera eficiente de los ataques de los violentos y prepararse frente a las amenazas internacionales como operar de manera eficaz contra los grupos violentos y las bandas delincuenciales. Sin inteligencia, las Fuerzas están ciegas.
Más grave aún es que el sistema de inteligencia haya sido infiltrado por los criminales. La pregunta de si ha sido solo por dinero, por complicidad o si es resultado de una acción deliberada del gobierno, es legítima, dados los hechos. Los íntimos de Petro controlan los organismos del Estado que manejan inteligencia e información ciudadana sensible: Migración, la Unidad Nacional de Protección, la Unidad de Información y Análisis Financiero y la Dirección Nacional de Inteligencia. En todas esas entidades, Petro nombró sus compadres del M19, sacó centenares de técnicos que llevaban años trabajando y nombró fulanos sin preparación y sin experiencia, pero altamente ideologizados y leales. No solo dejaron de hacer sus tareas funcionales, esenciales para combatir la delincuencia y proteger al país y a los ciudadanos, sino que convirtió las entidades en instrumentos de policía política.
La reincorporación del general Huertas, el nombramiento de Wilmar Mejía, un licenciado en educación física, en la DNI y ahora en la UIAF, a sabiendas de su vinculación con Calarcá, y la defensa que de los dos ha hecho Petro, demuestra el peligroso grado de control institucional que ha alcanzado la criminalidad en este gobierno. Y plantea una necesidad: si el país decide seguir el peligroso rumbo de seguir negociando con bandidos, debe ser sobra la base de prohibir de manera expresa que los desmovilizados accedan a cargos que, como los del Ministerio de Defensa, inteligencia y los de estas entidades, son vitales para la seguridad y defensa nacionales.
Rafael Nieto Loaiza