Hablar de desobediencia civil exige cierta precisión, porque no toda protesta contra un gobierno ni toda movilización política puede ser llamada de esa manera. El concepto tiene una construcción sociopolítica asociada, entre otros, con Henry David Thoreau, quien planteó la posibilidad de que una persona se negara a obedecer o colaborar con una autoridad cuando considerara que esta actuaba injustamente.
Con el tiempo, esta interpretación adquirió una dimensión colectiva y alcanzó especial relevancia en las luchas encabezadas por Mahatma Gandhi y Martin Luther King Jr. Allí la desobediencia civil se convirtió en una forma deliberada, pública y generalmente no violenta de incumplir determinadas normas o disposiciones consideradas injustas, con el propósito de provocar una transformación política o social. Su fuerza no estaba simplemente en desafiar al gobernante, sino en apelar a la conciencia de la sociedad frente a una situación que se consideraba moralmente inadmisible.
Ese origen permite establecer una diferencia fundamental con la oposición política. En una democracia, oponerse al gobierno no constituye una anomalía ni una amenaza en sí misma. Es una función necesaria del sistema. Los partidos que no gobiernan tienen el derecho y, en buena medida, la responsabilidad de cuestionar las decisiones del Ejecutivo, denunciar sus errores, convocar a sus simpatizantes, promover movilizaciones y construir una alternativa de poder.
La protesta social también hace parte de esa democracia y puede ser vigorosa, incómoda y profundamente crítica. Pero una cosa es ejercer el derecho al disenso y otra muy diferente es presentar una estrategia partidista de oposición como si fuera, por definición, un acto de desobediencia civil.
Desde esa perspectiva debe analizarse el discurso que viene desarrollando el Pacto Histórico frente al presidente De la Espriella y frente a su elección. Si la convocatoria consiste en movilizar a sus bases, cuestionar las decisiones del Gobierno, disputar su legitimidad política y preparar una respuesta electoral, estamos fundamentalmente ante una estrategia de oposición. Puede ser una oposición radical, callejera, confrontacional y de fuerte contenido emocional, pero continúa siendo oposición política.
La democracia colombiana no solamente permite esa actuación, sino que reconoce constitucionalmente la existencia de partidos y movimientos de oposición y garantiza instrumentos para ejercerla. La discusión, por tanto, no debería centrarse en si el Pacto Histórico tiene derecho a movilizarse, porque evidentemente lo tiene, sino en la naturaleza política de esa movilización y en el lenguaje utilizado para justificarla.
Llamarla desobediencia civil cambia el sentido de la discusión. Si la finalidad principal es debilitar al gobierno, mantener movilizadas las bases de una organización partidista y construir una alternativa electoral, resulta más preciso hablar de oposición política y movilización social. Utilizar una categoría histórica vinculada con luchas contra la segregación, el colonialismo o graves injusticias puede otorgarle a una estrategia partidista una carga moral que no necesariamente corresponde con su verdadera naturaleza.
Esto adquiere mayor importancia cuando se mira hacia las elecciones regionales de 2027. El Pacto Histórico puede convocar marchas, promover debates, criticar al Gobierno y plantear una narrativa alternativa sobre el rumbo del país. Lo que no resulta conveniente es confundir deliberadamente la oposición con la desobediencia civil, porque hacerlo termina trasladando una disputa democrática por el poder al terreno de una supuesta ilegitimidad del Estado o de la representación presidencial. Y esa diferencia importa, especialmente en un país donde las palabras utilizadas para describir el conflicto político pueden contribuir a profundizarlo.
Es necesario llamar a las cosas por su nombre. El Pacto Histórico tiene derecho a disentir, protestar, movilizarse y hacer oposición, incluso con toda la fuerza política que considere necesaria. Pero si su objetivo es confrontar al Gobierno de De la Espriella, disputar su agenda y preparar una respuesta electoral para 2027, lo que está haciendo es oposición política, no desobediencia civil.
Reconocerlo no disminuye la legitimidad de su protesta ni limita sus derechos democráticos. Al contrario, la ubica en el lugar que corresponde y obliga a asumir la responsabilidad que tiene toda fuerza política de disputar el poder dentro de las reglas de la democracia. La desobediencia civil pertenece a otra historia, la de ciudadanos que se levantan frente a una injusticia que consideran intolerable. La oposición pertenece a esta historia, la de partidos que buscan convencer a los ciudadanos para volver a gobernar.
Cesar Arismendi Morales