A veces creemos que una ley puede transformar por sí sola la realidad. Cambiamos una categoría, agregamos la palabra “especial”, creamos una nueva sigla y pensamos que, desde el día siguiente, la administración empezará a funcionar de otra manera. Pero quienes conocemos el Estado desde adentro sabemos que las cosas no son tan sencillas.
Riohacha es un buen ejemplo.
En 2015 fue reconocida como Distrito Especial, Turístico y Cultural. La decisión tenía razones de sobra: es la capital de La Guajira, puerta de entrada a una tierra diversa, corazón de una riqueza cultural extraordinaria y territorio con un inmenso potencial turístico. Convertirse en distrito representaba una oportunidad para ganar autonomía, recibir nuevas competencias y organizar mejor su desarrollo.
Sin embargo, el nuevo nombre no llegó acompañado de todo lo necesario para hacerlo realidad.
Ángel Tuirán Sarmiento y Ella Romero Zubiría estudiaron el caso de Riohacha en su artículo sobre las capacidades institucionales y el tránsito de municipios a distritos. Al revisar el periodo comprendido entre 2015 y 2018 encontraron debilidades en la planeación, en la continuidad de los procesos, en los sistemas de medición y en la capacidad técnica, financiera y humana para asumir las responsabilidades del nuevo régimen.
No se trata de culpar a una administración en particular ni de negar la importancia de la distritalización. Se trata de entender algo más profundo: el Congreso le entregó a Riohacha un traje nuevo, pero no se aseguró de que tuviera cómo ponérselo.
Esta preocupación no aparece solamente en el caso de nuestra capital. Una investigación reciente de Leidy Milena Posada Giraldo sobre las limitaciones de la Ley 617 de 2000, aplicada al municipio de Segovia, llegó a una conclusión que merece atención: una categoría definida principalmente por la población y los ingresos puede no representar adecuadamente la realidad operativa, técnica y administrativa de una entidad territorial.
Y no fue una afirmación sacada del aire. La investigación combinó el análisis de las normas con información presupuestal, indicadores fiscales, documentos de gestión y entrevistas. Es decir, comparó lo que establece la ley con lo que realmente puede hacer una administración.
Ahí está el centro del debate: una cosa es la categoría que aparece en el papel y otra, muy distinta, la capacidad que existe en el territorio.
Esta inquietud tampoco es nueva para mí. En mi tesis de grado estudié el impacto de la categorización de los departamentos en la regionalización administrativa de la Región Caribe de Colombia. Desde entonces me quedó una convicción: no se pueden tratar como iguales territorios que tienen realidades completamente distintas.
La Guajira no es Atlántico. Sucre no es Bolívar. Cesar no es Magdalena. Cada departamento tiene una población, una geografía, una economía, una diversidad cultural y unas capacidades administrativas diferentes. Pero desde Bogotá se siguen repartiendo funciones bajo la idea de que todos cuentan con las mismas herramientas para cumplirlas.
Después, cuando los resultados no llegan, la responsabilidad recae sobre el territorio. La Nación entrega la obligación, conserva buena parte de los recursos y finalmente pregunta por qué el departamento o el municipio no cumplió.
La Misión de Descentralización volvió a poner este debate sobre la mesa. Su informe reconoce que la categorización vigente, basada principalmente en la población y los ingresos, sirve para establecer límites fiscales, pero no alcanza a mostrar lo que realmente puede hacer una entidad territorial.
Una administración no es fuerte solamente porque recauda más. También necesita buenos funcionarios, estabilidad en sus equipos, información confiable, capacidad para formular proyectos y claridad sobre quién responde por cada tarea.
Por eso, el caso de Riohacha debe servirnos de advertencia ahora que hablamos de llevar la RAP Caribe hacia una Región Entidad Territorial.
Yo creo en la Región Caribe y en la necesidad de que nuestras decisiones no sigan dependiendo siempre del centro del país. Pero sería un error crear una gran estructura regional sin saber primero con qué capacidades cuenta cada departamento y qué necesita fortalecer.
Antes de repartir cargos o escoger una capital, deberíamos definir las competencias, garantizar los recursos y preparar las instituciones que van a ejercerlas. También necesitamos un fondo regional para cerrar las diferencias administrativas entre los departamentos y un sistema público que permita medir los resultados.
La nueva región tampoco puede convertirse en una pequeña Bogotá instalada en el Caribe. No tendría sentido reclamar descentralización frente al Gobierno nacional para después concentrar las decisiones dentro de nuestra propia región.
Riohacha nos enseñó que una categoría puede abrir oportunidades, pero no reemplaza la construcción institucional. La futura Región Caribe será una oportunidad histórica si aprende esa lección.
Porque la autonomía no consiste solamente en recibir más funciones. La verdadera autonomía comienza cuando un territorio tiene con qué ejercerlas.
Misael Velásquez Granadillo