Los proyectos para el aprovechamiento de yacimientos de hidrocarburos y minerales son gigantescos. Las cifras para su desarrollo, igual de enormes. No se hacen con centavos. Requieren también un tiempo de construcción y durante ésta y su operación deben contar con el acompañamiento del Estado como gran regulador, de las empresas que aportan iniciativa, tecnología y capital, y de las comunidades que se benefician de ellos y las que son directamente impactadas en su desarrollo y operación.
Es el trípode sobre el cual se construyen. Si uno de esos pilares falla, no es viable la consecución de resultados exitosos e indispensables para el país. Cada uno en su esfera de responsabilidades.
Al gobierno le corresponde asegurar que las políticas públicas vayan en consonancia con la creciente demanda de energía del país y del mercado internacional, al igual que impulsar la riqueza minera nacional para atender los compradores mundiales en varias de sus áreas. Debe también dar la seguridad jurídica que los inversionistas buscan para que sus proyectos se hagan en tiempo y sin alterar la planeación de sus complejidades. El Estado en esto incluye a los jueces, puesto que tutelar los derechos de comunidades forma parte de las competencias que el mundo de hoy le otorga a esa rama del poder público.
Todos deben interactuar con las comunidades cuyo entorno se ve afectado por las tareas de construcción y operación. El gobierno para garantizar que sean escuchadas en sus preocupaciones, los jueces como garantía igual de sus derechos y las empresas, en el marco de un proceso dialogado, que deben tramitar lo que se denomina CONSULTA PREVIA, un paso sin el cual no hay proyecto que se lleve a cabo, por urgente y conveniente que parezca, durante el cual se atienden inquietudes, necesidades, observaciones y peticiones de los directamente afectados en su territorio por los desarrollos. Está catalogado como un derecho fundamental, por lo cual tiene una jerarquía mayor.
Me refiero hoy a un tema crítico del país y es el desarrollo de unos pozos de gas costa afuera, explorados con éxito por Ecopetrol y Petrobras, en aguas territoriales de La Guajira, a 77 kilómetros del litoral y cuya entrada en producción podría abastecer al país en un futuro más cercano del esperado hace un par de años.
El asunto no es de poca monta ni cuantía. El déficit de gas nacional que nos ha llevado a importarlo para atender la demanda puede estar acumulando unos $4-5 billones de pesos por año. Y poner a producir los pozos y conducir el nuevo gas hasta la conexión con la tubería que lo hace llegar a los centros de consumo nacional demanda una inversión cercana a los US$ 5.000 millones, más de 15 billones de pesos, algo así como la mitad de los costos de reconstrucción de los daños ocasionados por el nefasto terremoto del pasado 10 de agosto.
La ideología del gobierno anterior atacaba el desarrollo y aprovechamiento de combustibles fósiles, salvo que fueran hechos para saltar del pozo petrolero al bolsillo de los y las secuaces del régimen. A pesar de ello, los asociados en esta labor exploratoria dieron a conocer la existencia del gigantesco yacimiento, lo que implicaba adelantar entre otros procesos, los trámites de consulta previa con 116 comunidades registradas ante el Ministerio del Interior como potencialmente afectadas por la actividad económica que se desarrollaría.
La comunidad de Taganga, de pescadores descendientes de amerindios, fue reconocida como tal mediante resolución 10 de 2020 del Ministerio del Interior. Es la más lejana al gasoducto, a 32 km. Sin embargo, por declaraciones de la gerencia de Ecopetrol, se encuentra en una actitud “extorsiva” a la empresa y es aquella que tiene parada la continuidad de la siguiente fase para obtener gas en 2030.
Los acuerdos económicos que se hacen entre las empresas y las comunidades durante estas consultas previas son confidenciales. Me pregunto a quien beneficia esa confidencialidad. Se puede catalogar de extorsivo, por el montón de plata que exigen, según los términos de la señora gerente Elsa Jaimes, pero no se pueden conocer sus cuantías. El país necesita saber eso, porque cuando hay tanto interés nacional y empresarial de por medio, el ocultamiento de la información se presta para cualquier desviación de las compensaciones. Hay un juez de por medio, que tuteló las peticiones de la Comunidad.
Lo que aquí se narra corresponde a uno de los tantos trámites similares que se suceden en el país en el marco de la legislación aplicable para atender los potenciales impactos a las personas directamente afectadas por estos gigaproyectos, que se ha prestado para diversas situaciones de distintas consecuencias.
La primera es que se ha desprestigiado la figura de la Consulta Previa y hoy aparece solo como una descarada petición de dinero de compensación por acciones dentro del área en la que las comunidades han vivido, viven y vivirán sus descendientes. No menos cierto es que la prisa por desarrollarlos dentro de estrictos cronogramas haya llevado en muchas ocasiones a las empresas a entregar la plata con mucha soltura y a manos llenas, lo que por supuesto es igualmente criticable de su parte.
La segunda es que el rezago de atención estatal para la gente en ciertas zonas del país que coinciden con proyectos debería ser parte del “paquete” de acuerdos para la Consulta Previa, pero normalmente el gobierno se hace el de la vista gorda y deja toda la carga en manos de la empresa que termina por abrir sus arcas para acelerar el trámite y asumiendo temas que escapan a sus verdaderas competencias.
La tercera es que bajo ninguna circunstancia deberían quedar las conveniencias públicas al arbitrio de unos pocos, a riesgo de paralizar el interés general. Lo estamos presenciando con el gas guajiro, para lo que debe haber pronta coordinación de gobierno y empresa, y sentar a los comuneros de Taganga a enfrentar una compensación equilibrada, no exorbitante.
Esto debe hacerse ya. No da más espera.
Nelson Rodolfo Amaya