Hay amenazas que llegan con explosiones, comunicados y banderas. Otras avanzan de manera silenciosa: se esconden en empresas de papel, atraviesan fronteras con mercancías aparentemente legales, utilizan remesas, compran voluntades y aprovechan las grietas de los Estados. El mayor peligro aparece cuando una estructura terrorista encuentra en el crimen organizado una caja, una ruta, un documento, un contacto o un servicio logístico.
Ese es el asunto de fondo que plantea la reflexión sobre Hezbolá y sus posibles conexiones con redes criminales en América Latina. No se trata de convertir una hipótesis en una sentencia ni de sembrar alarma sin pruebas. Se trata de comprender que el terrorismo contemporáneo no siempre funciona como una organización aislada, visible y fácilmente identificable. En ocasiones opera mediante alianzas, intermediarios y negocios clandestinos que le permiten financiarse, movilizarse y permanecer oculto durante años.
La lección de los atentados en Argentina
América Latina ya conoce las consecuencias de una amenaza internacional que subestima el valor de la prevención. Los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, y contra la Asociación Mutual Israelita Argentina —AMIA—, en 1994, demostraron que el terrorismo internacional podía golpear en el corazón de nuestro continente. Más allá de las discusiones judiciales y políticas que han acompañado ambos casos, existe una enseñanza indiscutible: la distancia geográfica no protege a una sociedad frente a conflictos que nacen en otras regiones.
El terrorismo puede proyectarse a través de comunidades, redes financieras, documentos falsos, empresas fachadas, tráfico de mercancías y contactos locales. No necesita ocupar un territorio para influir sobre él. En muchos casos le basta con encontrar un entorno permisivo, funcionarios corruptibles, controles débiles y organizaciones criminales dispuestas a prestar servicios a cambio de dinero o protección.
Por eso sería un error mirar aquellos atentados como hechos exclusivamente argentinos o como episodios encerrados en la década de los noventa. Su valor para Colombia no está en copiar mecánicamente la experiencia de otro país, sino en entender que una amenaza internacional puede prepararse lejos del lugar donde finalmente se manifiesta. El terrorismo necesita tiempo, financiación, información y logística. Si el Estado solo reacciona cuando ocurre el ataque, ya perdió la batalla más importante: la de la anticipación.
Hezbolá y la lógica de la convergencia
Hezbolá surgió en el contexto de los conflictos del Líbano y de la confrontación regional de Oriente Medio. Es una organización con dimensión política, social, militar y de seguridad, estrechamente vinculada con Irán. Su naturaleza no es idéntica a la de Al Qaeda o el Estado Islámico, y precisamente por eso exige un análisis serio, sin simplificaciones. Las organizaciones terroristas no son todas iguales, ni reclutan, se financian o se relacionan con su entorno de la misma manera.
Una estructura con experiencia política, redes internacionales y capacidad de inteligencia puede utilizar métodos distintos a los de una organización que pretende gobernar un territorio mediante la violencia indiscriminada. Puede combinar presencia comunitaria, actividades sociales, influencia política, obtención de recursos y operaciones clandestinas. Esa combinación hace más difícil distinguir dónde termina la actividad legal y dónde comienza la operación encubierta.
La convergencia con el crimen organizado no significa necesariamente que ambas estructuras compartan una ideología. Muchas veces la relación es transaccional. El grupo criminal ofrece rutas, lavado de dinero, contrabando, armas, documentos, transporte o contactos; la organización terrorista aporta recursos, experiencia, protección o conexiones internacionales. Uno busca rentabilidad y el otro capacidad operativa. El punto de encuentro es el beneficio mutuo.
Esta realidad obliga a superar una visión antigua de la seguridad. Ya no basta con buscar campamentos, uniformes o columnas armadas. Hay que seguir el dinero, identificar intermediarios, vigilar las cadenas logísticas y analizar los vínculos entre negocios aparentemente desconectados. La amenaza puede encontrarse en una cuenta bancaria, un puerto, una empresa exportadora, una casa de cambio, una operación de comercio exterior o una red de comunicaciones.
Colombia: un país vulnerable, no un país condenado
Colombia posee condiciones que pueden ser aprovechadas por redes transnacionales: una economía ilegal de drogas con capacidad de exportación, extensas fronteras terrestres y marítimas, corredores hacia el Caribe y el Pacífico, puertos de gran importancia comercial, minería ilegal, contrabando, lavado de activos y organizaciones criminales con experiencia logística. Reconocer esas vulnerabilidades no significa afirmar que exista una alianza terrorista consolidada dentro del país.
Esta distinción es esencial. Una cosa es señalar que Colombia ofrece oportunidades para quienes buscan ocultar dinero, mover mercancías o establecer contactos; otra muy distinta es presentar como hecho probado la existencia de una operación determinada sin evidencia judicial y de inteligencia que la respalde. La seguridad nacional no puede edificarse sobre rumores, titulares estridentes ni asociaciones automáticas.
El país debe mantener la alerta sin caer en la paranoia. La prevención inteligente consiste en formular preguntas concretas: ¿Quién controla ciertas rutas? ¿Cómo se financian determinadas operaciones comerciales? ¿Qué empresas importan o exportan mercancías sin una justificación económica clara? ¿Qué movimientos de dinero no corresponden con la actividad declarada? ¿Qué redes de contrabando coinciden con corredores utilizados para el narcotráfico? ¿Qué actores extranjeros aparecen repetidamente en operaciones financieras, societarias o logísticas?
Las respuestas deben surgir de investigaciones verificables, coordinación institucional y decisiones judiciales. Acusar sin pruebas debilita la seguridad porque destruye la credibilidad de las instituciones y puede estigmatizar a comunidades enteras. La prudencia no consiste en mirar hacia otro lado; consiste en investigar con rigor y actuar cuando la evidencia lo exige.
El peligro de confundir comunidades con amenazas
Hay un límite ético que no puede ser ignorado. No toda persona libanesa es integrante de Hezbolá. No todo musulmán es extremista. No toda comunidad chií tiene vínculos con el terrorismo. No toda actividad comercial de origen extranjero es sospechosa. La lucha contra el terrorismo debe proteger a la sociedad sin convertir la nacionalidad, la religión, la raza o la condición migratoria en criterios de sospecha.
Las comunidades migrantes y las colectividades de origen árabe han hecho aportes importantes a la vida económica, cultural y social de América Latina. En muchos casos, sus integrantes también son víctimas del terrorismo y de la violencia política. Confundir una organización armada con una comunidad entera no solo es injusto: también es contraproducente. La estigmatización cierra puertas, rompe la cooperación ciudadana y dificulta que las autoridades reciban información útil.
La seguridad democrática debe perseguir conductas, redes y responsabilidades individuales, no identidades colectivas. Investigar una transferencia sospechosa, una empresa fachada o una operación de lavado es legítimo. Convertir una religión o una procedencia familiar en prueba de culpabilidad es inaceptable y, además, ineficaz.
La primera línea de defensa está en las finanzas
Una organización terrorista necesita recursos para pagar desplazamientos, adquirir equipos, sostener contactos, producir documentos, mantener comunicaciones y garantizar la supervivencia de sus operadores. Por eso, el combate contra su financiación no puede ser un asunto secundario ni una tarea reservada a una sola entidad.
Colombia necesita fortalecer la inteligencia financiera, el intercambio de información entre la Unidad de Información y Análisis Financiero, la Fiscalía, la Policía, las Fuerzas Militares, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, las autoridades portuarias y los organismos de control. También debe profundizar la cooperación con otros países, porque el dinero no respeta fronteras y puede recorrer varias jurisdicciones antes de llegar a su destino.
La vigilancia debe abarcar tanto al sistema financiero formal como a los circuitos informales: comercio exterior, casas de cambio, remesas, compraventa de oro, criptomonedas, empresas de transporte, organizaciones sin ánimo de lucro, sociedades de importación y exportación y negocios que manejan grandes cantidades de efectivo. No se trata de paralizar la economía ni de imponer controles irracionales. Se trata de identificar patrones que, vistos de manera aislada, parecen normales, pero que adquieren otro significado cuando se conectan entre sí.
La lucha contra el lavado de activos requiere jueces, fiscales y analistas especializados. Congelar una cuenta puede ser útil, pero desmantelar una red exige demostrar quién ordena, quién ejecuta, quién se beneficia y cómo se ocultan los recursos. La confiscación de bienes, la extinción de dominio y la condena de los responsables deben descansar en expedientes sólidos, no en declaraciones políticas.
Puertos, fronteras y tecnología
Colombia no puede hablar de seguridad transnacional sin mirar sus puertos y sus fronteras. El país necesita sistemas modernos de inspección, análisis de riesgo, trazabilidad de contenedores y cooperación permanente con las autoridades de los países de origen y destino de las mercancías. El control físico de cada carga es imposible; por eso son fundamentales la inteligencia, la interoperabilidad de las bases de datos y la selección de operaciones de alto riesgo.
En las fronteras, el desafío es todavía mayor. Allí se mezclan economías legales e ilegales, pasos formales e informales, migración, contrabando, presencia de grupos armados y comunidades que dependen de relaciones comerciales transfronterizas. La respuesta no puede reducirse a militarizar el territorio. Se requiere presencia integral del Estado, justicia cercana, inversión social, control aduanero y protección para las comunidades que colaboren con las autoridades.
La tecnología puede ser una aliada, pero no reemplaza el criterio humano. La inteligencia artificial, el análisis de grandes datos y los sistemas de reconocimiento de patrones pueden ayudar a detectar conexiones financieras o logísticas. Sin embargo, cualquier herramienta debe estar sometida a controles legales, protección de datos y supervisión judicial. Una tecnología utilizada sin garantías puede producir falsos positivos, vulnerar derechos y terminar persiguiendo a inocentes.
La seguridad también se construye con confianza
Ningún sistema de inteligencia funciona si la ciudadanía no confía en las instituciones. Las personas no informan lo que saben cuándo temen represalias, filtraciones o indiferencia. Las empresas no cooperan cuando sienten que toda alerta será interpretada como culpabilidad. Los países no comparten información cuando dudan de la seguridad de sus datos.
Por eso Colombia debe proteger a denunciantes, fortalecer los controles internos y sancionar la corrupción que permite que una red criminal penetre las instituciones. Un funcionario que facilita un pasaporte falso, permite el paso de una carga ilícita, alerta a un investigado o manipula un expediente puede ser tan decisivo como quien transporta físicamente el dinero o las armas.
La prevención exige una cultura de seguridad que no dependa solamente de los organismos armados. Los bancos, las empresas de transporte, los operadores portuarios, las universidades, los medios de comunicación, las organizaciones sociales y los ciudadanos tienen un papel. Cada sector debe saber qué señales observar y cómo reportarlas sin convertir la sospecha en persecución.
El desafío político: prevenir sin instrumentalizar el miedo
El terrorismo siempre intenta producir un efecto mayor que el daño material de sus acciones. Busca miedo, polarización y respuestas desproporcionadas. Un Estado democrático no puede permitir que la amenaza lo lleve a abandonar sus principios. La seguridad es indispensable, pero también lo son el debido proceso, la libertad religiosa, la protección de las minorías y la rendición de cuentas.
Tampoco es admisible que el temor se utilice como instrumento de propaganda. Presentar cada vínculo comercial internacional como una conspiración o atribuir a Colombia alianzas criminales sin pruebas puede servir para obtener titulares, pero no para proteger al país. La opinión pública necesita información responsable, y los gobiernos deben distinguir entre una alerta de inteligencia, una hipótesis investigativa y un hecho judicialmente demostrado.
La verdadera firmeza no necesita exagerar. Un Estado fuerte es aquel que puede investigar en silencio, prevenir con eficacia, llevar a los responsables ante los jueces y comunicar los resultados con transparencia. El ruido puede acompañar la política; la seguridad, en cambio, necesita método, paciencia y evidencia.
La advertencia final
Colombia no debe esperar a que aparezca una acción terrorista para preguntarse cómo se financió, quién facilitó la logística y por qué nadie vio las señales. La amenaza puede no presentarse con el rostro que esperamos. Puede esconderse detrás de una operación comercial, un esquema de contrabando, una red de lavado o una alianza ocasional entre criminales locales y actores internacionales.
Pero prevenir no significa acusar a todos. Significa conocer mejor el territorio, seguir los recursos, proteger las fronteras, vigilar las rutas, fortalecer la justicia y trabajar con otros países. Significa comprender que la seguridad nacional no se defiende solamente con armas, sino también con inteligencia, instituciones honestas, cooperación internacional y ciudadanía informada.
Hezbolá, el crimen organizado y las redes transnacionales representan un desafío que debe analizarse con seriedad. No hay lugar para la ingenuidad, pero tampoco para la histeria. Colombia necesita una política de seguridad que vea venir el peligro sin inventarlo, que investigue sin estigmatizar y que actúe antes de que la amenaza deje de ser una posibilidad para convertirse en tragedia.
La mejor victoria contra el terrorismo es impedir que encuentre aquí el dinero, la ruta y la complicidad que necesita para actuar.
Abel Enrique Sinning Castañeda