Colombia tiene hoy un presidente diferente. Abelardo De la Espriella llegó a la Casa de Nariño con un discurso fuerte, sin ambigüedades y con una promesa que repitió durante toda su campaña: recuperar la autoridad del Estado y devolverle a los colombianos la tranquilidad que durante tantos años les ha sido esquiva.
Apenas han transcurrido dos meses desde su posesión y ya comienza a sentirse el sello de un gobierno que decidió cambiar el rumbo. No ha llegado a administrar la incertidumbre ni a contemporizar con quienes viven al margen de la ley. Ha llegado, como él mismo lo anunció, a gobernar con firmeza.
Abelardo es, para decirlo en el lenguaje popular de nuestras tierras, un presidente tropero y de armas tomar. Tropero porque entiende que gobernar un país como Colombia exige carácter, disciplina y capacidad para enfrentar las dificultades. Y de armas tomar porque ha dejado claro que el Estado no puede seguir retrocediendo ante los violentos.
Su mensaje ha sido contundente: terroristas, narcotraficantes, extorsionistas y delincuentes de todos los pelambres tendrán que enfrentarse a un Estado dispuesto a ejercer plenamente la autoridad que le confiere la Constitución y la ley.
Y eso fue precisamente lo que prometió en campaña. No engañó al elector. No escondió su pensamiento detrás de discursos ambiguos ni de fórmulas políticamente correctas. Dijo que enfrentaría al narcotráfico, que recuperaría el control territorial y que respaldaría a las Fuerzas Militares y a la Policía. Hoy está comenzando a cumplirlo.
En sus primeros sesenta días, el propio Presidente ha presentado su gestión como una etapa de decisiones difíciles y trabajo intenso. Y uno de los ejes centrales ha sido precisamente la seguridad, asunto que para millones de colombianos dejó de ser una estadística para convertirse en una necesidad diaria.
Porque Colombia no puede acostumbrarse a que el comerciante cierre su negocio por miedo a la extorsión, que el campesino tenga que pagarle al bandido para poder trabajar, que el transportador sea víctima de amenazas o que una comunidad entera quede sometida al poder de una organización armada.
Allí está uno de los grandes desafíos del nuevo Gobierno: recuperar el monopolio legítimo de la fuerza y demostrar que en Colombia manda la Constitución, no el fusil del delincuente ni la extorsión del grupo armado.
La creación de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano es una muestra de esa nueva orientación. Desde el Cesar, territorio que conoce de cerca los efectos de la violencia y de las economías ilegales, el Presidente anunció una ofensiva contra estructuras narcoterroristas y sus redes de financiación.
No es un asunto menor. Se trata de coordinar Ejército, Armada, Fuerza Aeroespacial y Policía para atacar las estructuras criminales allí donde más les duele: sus hombres, sus corredores, sus finanzas, sus redes de abastecimiento y sus economías ilícitas.
El mensaje presidencial ha sido igualmente claro frente a la extorsión y el secuestro. Ningún discurso ideológico puede convertir un delito en una actividad legítima. El campesino que es amenazado, el comerciante extorsionado y la familia que vive bajo el miedo no necesitan explicaciones políticas: necesitan que el Estado los proteja.
Esa es quizás una de las mayores diferencias que Abelardo quiere establecer con el pasado reciente: poner al ciudadano honrado en el centro de la política de seguridad. Que el miedo cambie de bando y que quienes durante años han intimidado a la población sepan que ahora existe un Estado dispuesto a perseguirlos.
Pero un presidente tropero no puede confundirse con un presidente arbitrario. La firmeza debe caminar siempre de la mano de la Constitución, de la ley, del debido proceso y del respeto por los derechos humanos. La autoridad democrática es fuerte precisamente porque está sometida a reglas.
Colombia necesita autoridad, pero también necesita instituciones. Necesita soldados y policías respaldados por el Gobierno, pero dentro de la legalidad. Necesita jueces que castiguen a los delincuentes y fiscales que investiguen con rigor. La seguridad no puede ser solamente un discurso: tiene que convertirse en resultados.
Y ahí estará la verdadera prueba para Abelardo. El entusiasmo inicial debe transformarse en una política de Estado sostenible, capaz de recuperar territorios, reducir homicidios, combatir la extorsión, golpear las finanzas del narcotráfico y devolverles confianza a millones de colombianos.
También tiene por delante otro enemigo silencioso: la corrupción. Porque el corrupto que se roba los recursos públicos también le roba oportunidades al pueblo. Cada peso que termina en un bolsillo particular es un aula que no se construye, una carretera que no se arregla, un hospital que no recibe equipos o un acueducto que no llega a una comunidad.
Por eso la lucha contra la corrupción debe tener la misma determinación que la lucha contra el narcotráfico. El bandido que utiliza un arma para extorsionar y el funcionario que utiliza su cargo para enriquecerse pertenecen a mundos diferentes, pero ambos perjudican profundamente a la sociedad.
Abelardo recibió un país cansado de la inseguridad, de la extorsión, del narcotráfico y de la sensación de que muchas veces el ciudadano honesto termina siendo el más débil. Su gran desafío es demostrar que la autoridad puede volver a convertirse en una palabra respetada.
En su discurso de posesión ya había anunciado una ofensiva contra el crimen organizado y una recuperación del orden y la autoridad. Reuters registró entonces su compromiso de enfrentar a grupos armados y narcotraficantes y de fortalecer la seguridad como uno de los pilares de su administración.
Dos meses después, sus actuaciones comienzan a guardar coherencia con aquellas promesas de campaña. Esa coherencia es importante en política. El elector no solamente quiere escuchar lo que un candidato promete; quiere comprobar que, cuando llega al poder, tiene la capacidad y la voluntad de hacerlo.
Por eso Abelardo ha despertado esperanza en unos sectores y preocupación en otros. Es natural en una democracia. Un Gobierno que pretende cambiar el rumbo del país inevitablemente genera debate. Pero la crítica también debe ser parte del juego democrático y la firmeza presidencial debe convivir con el pluralismo y el respeto a quienes piensan diferente.
Colombia no necesita otro gobierno paralizado por el miedo a tomar decisiones. Tampoco necesita un gobernante que confunda autoridad con autoritarismo. Necesita un Presidente que sea capaz de ejercer el poder con firmeza, pero siempre dentro de las instituciones.
En ese sentido, los próximos meses serán decisivos. La luna de miel política se acabará y llegarán los problemas económicos, sociales, fiscales y regionales. Llegarán también las grandes discusiones del Congreso y las presiones de todos los sectores. Allí se sabrá si el carácter de Abelardo es solamente una característica de su discurso o una verdadera forma de gobernar.
Por ahora, después de sesenta días, puede decirse que el Presidente está intentando hacer exactamente aquello que ofreció. Ha escogido la seguridad como una prioridad y ha enviado un mensaje inequívoco a las organizaciones criminales: el Estado no está dispuesto a entregarles el territorio ni a reconocer como política la violencia criminal.
Colombia necesitaba un cambio de actitud frente a quienes durante décadas han desafiado al Estado. Abelardo De la Espriella ha decidido asumir esa batalla de frente. Por eso, en el lenguaje sencillo de nuestros pueblos, podemos decir que tenemos un Presidente tropero y de armas tomar: un mandatario que llegó dispuesto a arriar el ganado descarriado, a poner orden en la finca y a demostrar que en Colombia la autoridad legítima debe estar siempre por encima del miedo. El tiempo dirá hasta dónde llegará esta apuesta, pero una cosa está clara: Abelardo prometió mano firme y, en sus primeros dos meses, está intentando cumplir su palabra.
Hernán Baquero Bracho