El declive del debate político y la responsabilidad de representar a Colombia.
Durante décadas el debate político ha sido marcado por la violencia, por el ataque y por el silenciamiento hacia quienes no comulgan dentro de las mismas ideas, practica que le ha costado a este país un sin número no solo de vidas si no también de fracaso institucional y político.
Con el pasar de los años este país fue construyendo una civilización política, con la constitución de 1991, le generamos al país la capacidad de construir democracia, de debatir con base a ideas y propósitos, de la existencia de vertientes que representen a todos los sectores de la nación, lo que nos debía llenar de esperanza en el sistema político administrativo del estado.
Analizando nuestro contexto nacional, hoy hay algo profundamente preocupante, en la manera como se viene desarrollando parte del debate político en Colombia: la discusión de los asuntos públicos parece ceder cada vez más espacio a las confrontaciones personales, las descalificaciones y las disputas ideológicas que, en lugar de contribuir a esclarecer los problemas de la nación, terminan convirtiendo la política en un escenario de antagonismos permanentes, lo que pareciera, nos estuviese llevando a retroceder en el tiempo, a que ese civilismo político que se había ganado hoy este quedando en el recuerdo.
No es la existencia de diferencias lo que debería inquietarnos. Una democracia sin controversia sería una democracia empobrecida, incapaz de confrontar el poder, cuestionar sus decisiones y someter las ideas al examen público. Lo verdaderamente preocupante es que, en ocasiones, parecemos estar perdiendo la capacidad de discutir nuestras diferencias con argumentos, rigor y sentido de responsabilidad, como si la finalidad del debate ya no fuera contribuir a resolver los problemas del país, sino imponerse sobre quien piensa distinto.
El Congreso de la República debería ser uno de los escenarios donde mejor se manifieste la madurez de nuestra democracia. Allí confluyen distintas visiones de país, intereses regionales, corrientes ideológicas y posiciones frente al ejercicio del poder. Esa pluralidad no es un defecto que debamos corregir; es una condición esencial de la representación democrática. Pero precisamente porque reúne tantas diferencias, el Congreso tiene la responsabilidad de demostrar que es posible confrontarlas sin reducir la discusión a una sucesión de agravios, ataques personales y demostraciones de superioridad política.
Sin embargo, cada vez que una discusión parlamentaria termina concentrando la atención en los insultos, las rivalidades o las frases descalificantes de sus protagonistas, surge una pregunta que no podemos seguir ignorando: ¿en qué momento dejamos de prestar atención a lo que nuestros representantes discuten para terminar pendientes de la manera en que se agreden?
La pregunta no es superficial. Revela una transformación preocupante en la percepción del debate político, en la que el protagonismo individual puede llegar a imponerse sobre la responsabilidad institucional. Una intervención contundente consigue atención; una frase hiriente puede convertirse en titular; una confrontación puede circular durante días en las redes sociales. Pero la notoriedad no equivale a deliberación, así como la capacidad de provocar una reacción no demuestra la solidez de un argumento.
El debate político pierde altura cuando la descalificación empieza a ocupar el lugar de la razón. Cuando a un funcionario se le cuestiona más por su vida privada que por las decisiones que ha adoptado en el ejercicio del cargo; cuando a un adversario se le manda a leer en lugar de demostrar con argumentos dónde está su error; cuando las etiquetas ideológicas parecen suficientes para desacreditar cualquier intervención, independientemente de su contenido. En esos momentos, el problema deja de ser una cuestión de modales y se convierte en una preocupación por la calidad de nuestra representación democrática, pareciera que este país se estuviese perdiendo en el desperdicio de que el congreso consuma honorarios en discusiones estériles, que no construyen ni encaminan el futuro socio político de la nación.
No se trata de exigir una cortesía artificial ni de prohibir las críticas severas. Un ministro debe responder por su gestión, un congresista debe sustentar sus acusaciones y cualquier funcionario público está sujeto al escrutinio que corresponde a sus responsabilidades. Si existen errores, deben señalarse; si hay decisiones cuestionables, deben examinarse; si aparecen indicios de irregularidades, deben investigarse. Pero precisamente por la importancia de esas obligaciones, las críticas deben sustentarse en hechos, evidencias y razones, no en prejuicios personales ni en juicios morales que desplacen el análisis de las actuaciones públicas.
Los recientes debates de moción de censura contra los ministros de Vivienda y de Defensa permiten ilustrar esta preocupación. En ellos se discutieron asuntos de evidente interés nacional, relacionados con la respuesta institucional ante una emergencia y con las circunstancias de una operación militar en la que murieron menores de edad. Eran temas que exigían preguntas difíciles, explicaciones rigurosas y un ejercicio de control político a la altura de su gravedad. La reflexión que dejan no consiste en desconocer la legitimidad de esos debates, sino en recordar que la trascendencia de los asuntos sometidos a consideración debería obligarnos a elevar el nivel de la discusión, no a reducirla a la confrontación entre sus protagonistas, sin dejar de lado que mientras se censuraba a los ministros el país estaba padeciendo flagelos que merecían una atención prioritaria y urgente, pero nuestra representación popular estaba más ocupada generando honorarios con cuestionamientos salidos de tono y absurdos.
Este problema tampoco puede atribuirse exclusivamente a una bancada, a un partido o a una corriente ideológica. La descalificación no tiene una ideología propia, y la falta de rigor no se vuelve aceptable porque la cometa alguien con quien coincidimos políticamente. Es precisamente allí donde debemos examinar nuestros propios sesgos: con frecuencia somos más severos frente a las expresiones de quienes piensan distinto y más indulgentes cuando las mismas conductas provienen de quienes consideramos cercanos a nuestras convicciones.
Esa doble vara empobrece el debate. Nos acostumbra a juzgar los argumentos por su procedencia y no por su contenido, a defender lo indefendible cuando favorece a nuestro sector y a desestimar incluso las razones válidas cuando provienen del contradictor. Bajo esa lógica, la política deja de ser un espacio para confrontar ideas y se convierte en una competencia entre identidades enfrentadas, donde reconocer un argumento válido del otro parece interpretarse como una derrota.
Pero una democracia madura no exige que renunciemos a nuestras convicciones; exige que seamos capaces de defenderlas sin perder el criterio. La oposición debe cuestionar al Gobierno con firmeza, pero también con rigor. Las mayorías tienen derecho a defender sus decisiones, pero no a sustraerlas del examen crítico. Los funcionarios deben responder por sus actuaciones, y los congresistas, por la calidad de las preguntas que formulan, las acusaciones que presentan y las decisiones que respaldan.
En últimas, el control político no puede medirse únicamente por la intensidad de los enfrentamientos ni por el resultado de una votación. Su valor reside también en la capacidad de esclarecer hechos, identificar responsabilidades, poner en evidencia errores y contribuir a que las instituciones corrijan aquello que deba corregirse. Incluso cuando una moción de censura no prospera, las preguntas que la originaron pueden seguir siendo legítimas y las preocupaciones ciudadanas que la motivaron pueden continuar sin respuesta.
Por eso, reducir el debate parlamentario a una batalla entre vencedores y vencidos constituye una pérdida para todos. El país no necesita que sus representantes se pongan de acuerdo en todo; necesita que sus desacuerdos produzcan algo más que titulares. Necesita que las discusiones sobre las reformas, el presupuesto, la seguridad, la salud, la educación, la vivienda y el empleo tengan la profundidad que merecen. Necesita que las diferencias políticas se traduzcan en propuestas, controles efectivos y decisiones responsables.
Mientras la atención pública se concentra en las disputas entre dirigentes, los ciudadanos siguen enfrentando problemas concretos que no se resuelven con discursos de confrontación. Las familias esperan respuestas de las instituciones, las comunidades reclaman presencia estatal y los recursos públicos exigen vigilancia. Detrás de cada decisión legislativa hay consecuencias que trascienden el recinto del Congreso y afectan a personas que no tienen por qué compartir las posiciones políticas de quienes las representan.
Aquí radica la verdadera dimensión de la responsabilidad parlamentaria: quienes ocupan una curul no representan únicamente a sus electores, a sus partidos o a quienes comparten sus ideas. Forman parte de una institución que actúa en nombre de la nación. Su deber no se agota en defender una posición política ni en demostrar lealtad a un dirigente. También implica escuchar, estudiar, deliberar, ejercer control y comprender que el interés general debe ocupar un lugar central en el ejercicio de sus funciones.
La dignidad del Congreso no depende de que sus integrantes dejen de confrontarse. Depende de que entiendan el propósito de esa confrontación. No se les exige silencio, sino argumentos; no se les exige unanimidad, sino responsabilidad; no se les pide que abandonen sus convicciones, sino que dejen de utilizarlas como excusa para descalificar a quienes piensan distinto.
Tampoco se trata de idealizar el pasado ni de suponer que antes la política estuvo libre de enfrentamientos, intereses particulares o excesos. Se trata de exigir hoy un estándar de responsabilidad acorde con la importancia de las decisiones que se adoptan y con la confianza que los ciudadanos depositan en sus representantes.
Porque una curul no es un escenario para satisfacer rivalidades personales, ni una licencia para convertir al adversario en objeto de humillación. Es una responsabilidad pública. Y quien la ocupa debería recordar que cada intervención, cada voto y cada decisión forman parte de una tarea que está por encima de cualquier disputa individual: representar a Colombia.
El país no necesita un Congreso que deje de debatir. Necesita uno que vuelva a comprender para qué debate. Uno donde la firmeza no se confunda con la agresión, donde las convicciones no anulen la razón y donde la capacidad de controvertir esté acompañada de la responsabilidad de construir. Porque cuando el protagonismo personal desplaza al interés nacional, no es solamente el debate el que pierde altura: es el pueblo el que termina perdiendo representación.
Julia Hurtado Arellano