El pasado 15 de octubre, en el Ministerio del Interior, el presidente Abelardo de la Espriella dijo en público lo que muchos funcionarios de las regiones hemos comentado en voz baja durante años: que la misión de la Unidad Nacional de Protección (UNP) “se ha desnaturalizado” y que pedir escoltas después de denunciar una amenaza “se volvió una moda en este país”. Ordenó retirar los esquemas sin fundamento, “sin importar quién sea el beneficiario”, y habló de payasada y de vagabundería. Son palabras duras, pero no exagera.
Yo lo viví. Fui secretario de Gobierno de La Guajira durante tres años, y aquí el orden público se maneja con la frontera encima, con economías ilegales que no dan tregua y con conflictos sociales que estallan sin avisar. Con esa responsabilidad y con amenazas que llegaban hasta el despacho, la UNP me asignó un chaleco antibalas. Uno solo. Ni camioneta blindada ni escoltas.
A mi amigo y hermano Wilson Rojas, secretario de Gobierno del Distrito de Riohacha, le fue mejor, o eso creímos al principio: a él sí le asignaron un escolta. Lo que nadie le asignó fue un carro. Así que el responsable del orden público de la capital del departamento salía a cumplir su agenda en taxi, con su escolta al lado, o a pie bajo el sol riohachero, protegido y protector caminando juntos como dos compadres. Debe ser el único esquema de seguridad del país que dependía de que pasara un taxi libre. La amenaza, mientras tanto, sí andaba en moto.
Ninguno de los dos lo cuenta como queja; nunca nos interesó recorrer La Guajira en un carro blindado. Lo que me dejó pensando fue ver a quién sí le llegaban los esquemas. Mientras los secretarios de despacho nos movíamos con fe y un chaleco, había “líderes” sin trabajo comunitario conocido paseándose en camionetas del año, con teléfono satelital y escoltas como de ministro.
Indepaz, la MAPP/OEA y el mismo Ministerio del Interior coinciden en que al líder social lo define lo que hace por su gente: defender el territorio, el ambiente, los derechos de su comunidad, plantarse frente a los armados y las economías ilícitas. No lo define un carné ni una aspiración política. Ni siquiera presidir una Junta de Acción Comunal convierte a alguien, por sí solo, en persona en riesgo extraordinario. Eso depende de los problemas que enfrente, no del cargo que ocupe.
El problema es que esa definición se volvió fácil de imitar. Hay quienes se presentan como líderes sociales sin haber hecho nada que lo sostenga: no han encabezado una sola causa ni tienen una comunidad que los respalde. El título se lo pusieron ellos mismos. Y hay otros que, sin estar en riesgo real, estudian los requisitos de la UNP y van acomodando su historia hasta que encaja. No buscan proteger su vida; buscan el carro, el conductor y el estatus de llegar escoltados a cualquier parte. Cada caso de esos le quita credibilidad a las denuncias de quienes sí están en peligro, porque el funcionario que evalúa termina desconfiando de todos.
A eso súmele los panfletos. Hoy cualquiera con un computador arma un comunicado firmado por un grupo armado que a lo mejor ni existe. Esos mensajes asustan de verdad a las comunidades, pero algunos aprendieron que un panfleto bien movido en WhatsApp es la mejor prueba ante la UNP.
La cuenta la pagamos todos. La plata que se va en camionetas para riesgos fabricados es la misma que falta para el líder de una vereda apartada que sí está amenazado y al que nadie protege. Que quede claro: nada de esto es un argumento contra la protección. El derecho a la vida es inviolable, dice el artículo 11 de la Constitución, y el artículo 2 manda a las autoridades proteger a todas las personas en su vida. Justamente por eso un esquema mal asignado es grave: es protección que se le quita a quien la necesita.
La orden del presidente va en la dirección correcta, siempre que no se confunda austeridad con abandono. Si la revisión se hace otra vez desde Bogotá, con los mismos formularios que dejaron pasar a los falsos y por fuera a los verdaderos, el tijeretazo puede caer sobre quien no debe. El propio Presidente De la Espriella lo reconoció ese mismo día: proteger a los colombianos “es una obligación del Estado”.
Mi propuesta es concreta. Que el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) incluya con voz y voto a las secretarías de gobierno departamentales y municipales, y que ninguna decisión se tome sin un concepto técnico vinculante del territorio. En nuestros pueblos todos nos conocemos. El secretario de gobierno sabe quién trabaja con la comunidad y quién vive de la foto.
Si la revisión se hace de la mano de las regiones, el Estado podrá cumplir su deber con quien de verdad lo necesita, y quizás dejemos de ver lo que yo vi durante tres años: que en Colombia resultaba más peligroso firmar un decreto de orden público en La Guajira que inventarse un liderazgo desde una 4×4 blindada.
Misael Velásquez Granadillo