La Guajira tiene en el mar una fuente de identidad, riqueza natural y oportunidades económicas. Sus costas sostienen a numerosas familias, forman parte del patrimonio de nuestras comunidades y ofrecen un enorme potencial para el turismo, la pesca y la inversión productiva. Sin embargo, la erosión costera plantea un desafío que no podemos ignorar: ¿Qué estamos haciendo para proteger nuestro litoral y aprovechar responsablemente sus oportunidades de desarrollo?
La erosión costera puede responder a factores naturales y a intervenciones humanas. Sus causas y efectos deben establecerse mediante estudios técnicos, pues cada zona tiene características particulares. Lo importante es prevenir riesgos que puedan afectar las playas, los ecosistemas, la infraestructura y las actividades económicas de las comunidades.
No podemos esperar a que el daño esté hecho para empezar a actuar. La protección del litoral requiere planificación, prevención, conocimiento científico y decisiones oportunas. También exige transparencia para que la ciudadanía conozca los riesgos identificados, las medidas adoptadas, los recursos invertidos y los resultados alcanzados.
Este desafío requiere compromisos concretos. Al Gobierno nacional le corresponde articular políticas y recursos para la gestión costera; a la Gobernación y las Alcaldías, incorporar los riesgos en la planificación territorial, coordinar acciones y priorizar las necesidades de las comunidades; y a las autoridades ambientales, orientar las decisiones con criterios técnicos y velar por la conservación de los ecosistemas. La academia y los centros de investigación deben aportar estudios y alternativas fundamentadas, mientras que las comunidades costeras necesitan espacios efectivos de participación para que sus conocimientos y necesidades sean tenidos en cuenta.
La inversión privada y extranjera también es fundamental para impulsar el turismo, generar empleo y dinamizar la economía de La Guajira. Nuestro departamento tiene atractivos naturales, paisajes y una riqueza cultural que pueden convertirse en oportunidades de desarrollo, siempre que se aprovechen con planificación y responsabilidad ambiental. Sin embargo, atraer capital requiere confianza, reglas claras y compromisos compartidos entre las instituciones y los inversionistas.
Las garantías públicas son responsabilidad del Estado. El Gobierno nacional, la Gobernación y las Alcaldías, dentro de sus competencias, deben promover seguridad jurídica, estabilidad y claridad normativa, respeto por los contratos, debido proceso, trámites transparentes y eficientes, coordinación institucional y condiciones de seguridad. También deben fortalecer la infraestructura, la planificación territorial y el acceso a información confiable para evaluar proyectos. Estas condiciones permiten reducir la incertidumbre y generar confianza, sin desconocer las normas ambientales ni los derechos de las comunidades.
Por su parte, las garantías y responsabilidades del sector privado se expresan en el cumplimiento de la ley y de los compromisos contractuales, la inversión responsable, el respeto por el ambiente y las comunidades, la generación de empleo digno y el desarrollo de proyectos viables. Las empresas nacionales y extranjeras deben encontrar en La Guajira un territorio con oportunidades, pero también asumir el compromiso de contribuir a su desarrollo y procurar que los beneficios económicos alcancen a la población local.
El turismo merece especial atención. Bien planificado, puede fortalecer el comercio, la gastronomía, el transporte, los servicios de alojamiento y los emprendimientos comunitarios. Para lograrlo, necesitamos destinos con infraestructura adecuada, servicios de calidad, protección de los ecosistemas y condiciones que incentiven la inversión de largo plazo. La conservación de nuestras costas no debe verse como un obstáculo para el crecimiento económico, sino como una condición para preservar el atractivo natural del que depende buena parte de esa oportunidad.
Esto exige evitar soluciones improvisadas frente a la erosión. Las intervenciones deben sustentarse en estudios técnicos, considerar las características de cada zona y evaluar sus posibles efectos sobre otros sectores del litoral. No se trata de construir obras por construir, sino de identificar las medidas apropiadas, hacer seguimiento a sus resultados y proteger tanto a las comunidades como al entorno natural.
La ciudadanía también tiene un papel esencial: informarse, participar en las decisiones y ejercer control social sobre las actuaciones públicas. La academia debe contribuir con conocimiento; las instituciones, con planificación y transparencia; y los sectores productivos, con inversión responsable e innovación. Ningún actor puede resolver por sí solo un desafío que compromete el patrimonio natural y las oportunidades económicas de todo el departamento.
Escribo estas líneas como ciudadano y GUAJIRO, no como experto en dinámica marina, sino desde la preocupación por el territorio que compartimos. Considero necesario que la erosión costera ocupe un lugar permanente en la agenda pública y que las decisiones se fundamenten en conocimiento, coordinación y responsabilidad.
La Guajira necesita instituciones que ofrezcan garantías y cumplan las reglas, inversionistas nacionales y extranjeros que confíen en el departamento y contribuyan a su desarrollo, y comunidades que participen activamente en la protección de su territorio. Atraer inversión, fortalecer el turismo y conservar nuestras costas deben ser propósitos complementarios. El verdadero progreso será aquel que genere empleo y oportunidades hoy, sin comprometer el patrimonio natural de las próximas generaciones.
William David Ospino Quintana