DUQUE NO LA TIENE FÁCIL CON EL PRESUPUESTO 2022

No la tiene fácil el presidente Duque con el último presupuesto que ejecutará durante el año 2022 con el cual se acaba el período de gobierno, con el sol a la espalda, un año electoral, pospandemia, y cuyo proyecto debe presentar al Congreso dentro de los primeros diez de días de la legislatura que empieza el próximo 20 de julio.

Desde marzo del año pasado todo ha resultado difícil en materia de ingresos y gastos públicos como consecuencia de la recesión en todos los sectores de la economía, y que se puede observar en las contracciones de los diferentes negocios, todas las actividades de la economía, y además en las tasas de desempleo que desde hace muchos años no se veían en los niveles de dos dígitos que están hoy, y que según el DANE para el mes de mayo fue de 15,6% que equivale a 3,7 millones de personas sin trabajo aproximadamente.

¡Eso es mucha gente!

Pero también hay que tener en cuenta, no se puede negar, que la pandemia del coronavirus acabó con todas las expectativas que se tenían para mejor la situación fiscal y de producción del país.

Esta situación pandémica condujo a que se redujeran los ingresos fiscales de manera ostensible, pero que al mismo tiempo el gobierno tuviera que aumentar los gastos para tratar de aliviar la situación de la gente.

El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) que presentó el gobierno al Congreso el 15 de junio pasado ratifica lo dicho al informar en ese documento, que es una especie de hoja de ruta del gobierno para los años 2021 y 2022, porque muestra que el déficit fiscal aumentó de manera significativa en tres veces el valor que tenía, al pasar de 2,5 % a 7,8 % como proporción del PIB.

Ante lo cual se infiere que la diferencia resultante de 5,3 puntos porcentuales está representada en las decisiones que tomó el gobierno para prestar la atención necesaria a la gente en la situación de emergencia creada por el coronavirus, y las necesidades de recursos que llevó al gobierno a aumentar el nivel de endeudamiento para que pasara de 50,3 % del PIB a 64,7 %.

No la tiene fácil el presidente Duque en materia fiscal porque también las calificadoras de riesgo Standard & Poor’s y Fitch Ratings le redujeron el grado de inversión creándole problemas a la economía nacional, en razón a que los inversionistas miden el grado de riesgo de las economías para decidir las conveniencias de invertir. Nadie invierte para perder si existen altas condiciones de riesgo.

Y ante la urgencia de aumentar todos los frentes de recaudo entonces el gobierno se obliga a que tenga que hacer un ajuste en el sistema tributario a través de una reforma, que es un tema delicado si se tiene en cuenta que este fue el detonante del paro nacional y que los promotores tomaron como excusa para voltear el país patas arriba, destruyendo todo cuanto encontraron a su paso.

Sin embargo, ante la situación social que actualmente vive el país en el marco de la emergencia sanitaria, no hay duda que el gobierno tendrá que asumir un gasto expansionista porque se verá abocado a tener que aumentarlo para sobrellevar las necesidades de la gente que no tiene como resolverlas con sus familias, y así lo reconoce el MFMP al expresar que el déficit fiscal subirá a 8,6 % porque tendrá que atender, entre otras cosas, la cadena de subsidios que existen: familias en acción, ingreso solidario, jóvenes en acción, adulto mayor, matrícula cero, subsidio de vivienda, devolución del IVA, en fin, una cantidad de recursos que se entregan a la población vulnerable, pero que no enseñan a pescar sino que entregan el pescado.

Y no es que yo no esté de acuerdo con otorgar subsidios, no es eso y que se entienda bien, lo que sugiero es que los subsidios deben tener límite en el tiempo, y el que el gobierno más bien ampliara las fuentes de trabajo para que haya más posibilidades de producir.

En todo caso, y siguiendo con el MFMP como fuente de información, los ingresos para el presupuesto del 2022 están previstos en $194 billones, teniendo en cuenta que además del recaudo tributario también pueda ingresar lo relacionado con la venta de la propiedad de algunas empresas.

Pero la dificultad está en la cuantificación de los gastos, porque están calculados en $277,5 billones atendiendo el mandato del artículo 347 de la Constitución en el sentido de que “El proyecto de ley de apropiaciones deberá contener la totalidad de los gastos que el Estado pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva”, con lo cual se concluye que hacen falta $83,5 billones; es decir, la reforma tributaria es inevitable.

Porque como lo establece el mismo texto del 347 de la Constitución “Si los ingresos legalmente autorizados no fueren suficientes para atender los gastos proyectados, el Gobierno propondrá, por separado, ante las mismas comisiones que estudian el proyecto de ley del presupuesto, la creación de nuevas rentas o la modificación de las existentes para financiar el monto de gastos contemplados”, es decir, todo hace prever que al Congreso llegarán dos proyectos de ley en forma simultánea: el presupuesto general de la Nación y la reforma tributaria.

Y empezar a pensar si con esto volverán a voltear el país patas arriba, destruyendo todo cuanto encuentren a su paso.

Porque de otra manera cómo se van a financiar los costos de la política social del gobierno para apoyar a la población vulnerable, ¿si no es con una reforma tributaria?

Con todo ese reguero de subsidios que en vez de enseñar a pescar lo que hacen es entregar el pescado, y que están cuantificados en aproximadamente $6,3 billones, ¿de qué otra forma se consiguen esos recursos si el nivel de endeudamiento está desbordado?

Todo esto debe tener pensando mucho y preocupado al gobierno, haciendo los ajustes necesarios para presentar el proyecto de presupuesto general de la Nación después del próximo 20 de julio.

A las necesidades de gasto social hay que agregar el costo de la voracidad burocrática del gobierno y del congreso aumentando cargos en la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Registraduría, Fiscalía, Contraloría, los privilegios económicos de los congresistas y magistrados de altas cortes y en general de la rama judicial. Burocracia y privilegios exagerados e inútiles que no producen ningún resultado, que no generan nada en el desarrollo del país ni en la solución de los problemas de la gente.

Todo esto lleva a pensar, que cada vez se hace más urgente revisar la estructura del Estado y simplificar una cantidad de funciones que llevan a cabo varias entidades de manera simultánea. Burocracia inicua.

Todo eso cuesta, todo eso hay que pagarlo, pero este Congreso no hizo nada en ese sentido sino al contrario: más burocracia inútil.

Hay que considerar seriamente en la posibilidad de renovar el Congreso con gente decente que no tenga rabo de paja, ni prontuarios, ni conflictos de intereses para que se hagan las reformas que necesita el país en aras de optimizar el uso de los recursos que se recaudan para resolver los problemas de la gente.

No la tiene fácil el presidente Duque.

Luís Alonso Colmenares Rodríguez 

#LaOpinionDeColmenares

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