Algunos entendidos prevén el riesgo de un apagón en la región Caribe y se denuncian fallas en la estructura tarifaria de la energía, ocasionando fuertes perjuicios económicos sobre los usuarios del servicio. Se estima que la región está bajo riesgo de perder la continuidad del suministro eléctrico por falta de condiciones económico-financieras en las empresas distribuidoras en los departamentos de La Guajira – Magdalena y Atlántico. La situación ha forzado la intervención de la principal distribuidora de energía, la empresa Air-e, afirmando el Gobierno Nacional que, aunque la situación parece grave, la coyuntura será superada y el servicio no será suspendido. Muy cerca de allí, las Empresas Públicas de Medellín ha anunciado su intención de vender la empresa AFINIA, su filial en la Región Caribe, seguramente por la misma razón.
Estas son, mi estimado amigo, algunas de las señales que han lanzado los medios y los involucrados en el sector energético, a raíz de la crisis que enfrenta la principal empresa distribuidora del servicio en la región. ¿Qué es lo que sucede? Sencillamente que el esquema se vino abajo por “insostenibilidad”, es decir, una condición en la cual la empresa operadora enfrenta costos de operación totales que vienen a ser superiores a sus ingresos regulares, de donde se genera un déficit estructural. La situación se pone peor cuando el Gobierno Nacional se tarda en girar los recursos correspondientes al subsidio a la tarifa de estratos 1, 2 y 3, cuyo déficit puede estar rondando los 0,5 Billones de Pesos, según se ha dicho en medio de la crisis. De otra parte, la empresa enfrenta sobrecostos de operación y responsabilidad financiera que pueden estar siendo trasladados a la factura del servicio domiciliario e industrial y comercial que incrementan el valor final de la unidad de energía que se suministra, obviamente en perjuicio de los usuarios. En las circunstancias actuales, al menos hasta la reciente intervención del gobierno, el peso económico de la operación puede estar concentrado casi exclusivamente en aquellos usuarios que pagan la factura, claro, porque hay otros que no la pagan, según se sabe en todo el sector, así como hay otros tantos que se roban la energía mediante conexiones ilegales. De este modo, mi amigo, son los buenos usuarios quienes terminan pagando por las pérdidas de operación de la empresa, que parece haberse quedado corta en resolver sus propias deficiencias. Al final resulta que, a causa de las ineficiencias operacionales del esquema, son los usuarios en la costa atlántica quienes pagan el valor más alto de energía del país, algo así como 210 Pesos por encima de cualquier usuario de energía en el interior del país. [i]
¿Cómo se llega a este estado de cosas? Por desequilibrio en la estructura tarifaria, lo que implica que la empresa no pueda ajustar su tarifa a lo que realmente le cuesta suministrar cada kilovatio-hora. Las empresas compran la energía en el sistema generador a un precio determinado y lo comercializan a otro, sabiendo que en ello deben quedar cubiertos los costos normales de operación, administración y gestión. En cumplimiento de la operación, debe buscarse que la ecuación económica cuadre, de lo contrario la empresa se vendrá abajo y empezará a acumular un déficit que la lleva finalmente a la quiebra.
Pongámonos de acuerdo en que los costos por mantenimiento y renovación de redes, o por deficiencias en la operación, son responsabilidad de la empresa, no de los usuarios, por lo tanto, constituye un abuso que el costo de las ineficiencias y otras necesidades operacionales como renovación de redes y cobertura de pérdidas sea trasladado a la tarifa del servicio, en tanto son conceptos no directamente relacionados con el consumo, que es lo que legalmente se puede cobrar a los usuarios. El costo de renovación y modernización de las redes de transmisión y suministro, para que el sector energético se desarrolle adecuadamente, lo debe asumir el Gobierno Nacional, no los usuarios del servicio.
Las pérdidas no técnicas, como pueden ser la cartera que no se cobra y el robo de energía, o la responsabilidad financiera, son responsabilidad de la empresa y tampoco pueden ser cargados a la factura de consumo. En el ejercicio de auditoría profunda que debe hacer el Gobierno se esperaría descubrir bajo qué manejos se llega al Kwh más caro del país. ¿Les cargaron a los buenos usuarios una prorrata de las pérdidas operacionales, para tratar de balancear la ecuación? ¿Quiere decir que los usuarios del servicio están asumiendo una carga que no les corresponde? ¿Quién se inventó esa ilegalidad y quién autorizó esa figura? Como ves, amigo, las cuentas de la empresa pueden ponerse feas si las investigaciones demuestran que detrás de la ineficiencia operacional se está cometiendo un delito en contra de los usuarios del servicio.
Veamos ahora esa parte de los subsidios. Aunque es cierto que la tarifa para estratos 1, 2 y 3 está subsidiada en Colombia, no sirve de nada que exista el citado subsidio si al final del día esos dineros no llegan a donde tienen que llegar. Imagina por un momento que el Gobierno Nacional no desembolse oportunamente el valor del subsidio que el operador de energía descuenta de la factura. Si ese dinero no llega, se acumula un déficit de caja que la empresa no recauda y que no tiene cómo reponer, lo cual termina quebrándola, como en efecto sucedió con Air-e. Además, está claro que la empresa no puede trasladar ese faltante de caja a la factura de los usuarios, aquellos que sí pagan su factura, porque sería cargar una obligación que corresponde al Gobierno Nacional. Como ves, la situación es muy complicada porque da la sensación que los usuarios de la energía en la costa atlántica están pagando sobrecostos que no corresponden al consumo propio de cada hogar, o por lo menos al consumo controlado, lo cual configuraría una especie de estafa. Un escándalo abominable que debe remediarse en el acto.
Pero aclaremos también que en torno al consumo hay mucho que discutir, porque no es comparable lo que se consume en una vereda fría de Nariño o de Boyacá, en donde las viviendas se calientan al calor de la estufa, mientras que en la costa las viviendas, las industrias y los comercios sólo se enfrían con aparatos eléctricos que consumen energía. Y mientras que en esas mismas veredas frías de Colombia los alimentos se guardan en un escaparate ubicado en cualquier rincón de la cocina, en la costa atlántica se necesitan refrigeradores y neveras. Por lógica consiguiente, el consumo por unidad de vivienda en la costa resulta mayor que en cualquier otra parte del país, así como seguramente es mayor el consumo industrial y comercial. Se entiende, en consecuencia, que sea mayor el valor de la factura de consumo. Entonces ¿hacia dónde dirigir la discusión? A que no sólo hay que vigilar el costo real del Kwh servido, que de suyo es un asunto técnico de alto significado, sino que hay que comenzar a buscar soluciones para bajar el consumo en los hogares, las industrias y los comercios para lograr ahorros significativos en el flujo de caja de los usuarios.
¿Se puede hacer esto? Este sería un asunto social y económico de altísimo impacto que vale la pena intentar. No les vamos a pedir a los usuarios, claro, que no enciendan sus aparatos, porque eso sería estúpido; tampoco que se inventen algún tipo de “pico y placa” porque eso sería peor. Lo que sí se puede hacer es que se insista en los hogares de la región, al menos para comenzar, con un trabajo serio de reducción y reemplazo de aparatos ineficientes, energéticamente obsoletos, para bajar el consumo y generar ahorros en las facturas de energía. Se trataría de una campaña de recambio de aparatos que puede acarrear grandes cambios en el panorama de la región: nuevos aires acondicionados, nuevas neveras, recambio de cocinas eléctricas por cocinas a gas, nuevas planchas eléctricas, nuevas lavadoras, nuevos televisores, que son soluciones que podrían desencadenar una ola de “desarrollo doméstico” con grandes beneficios para el país y para las gentes de la costa. Cada aparato que se reemplaza puede representar un ahorro sustancial en el consumo y un beneficio en la economía del hogar. Nos aseguraríamos, mi amigo, que detrás de la tarea en la costa atlántica viniesen las demás regiones del país en esa avanzada sin precedentes en la modernización de la dotación de aparatos en los hogares para la reducción del consumo de energía doméstica. Al menos comencemos por allí.
Preguntaríamos en consecuencia si el país y la industria nacional está lista para dar ese salto, porque sería estupendo que la transformación energética de la costa estuviese apalancada por la industria nacional en cuanto al recambio de electrodomésticos esenciales, al menos en los hogares más vulnerables. ¿Estamos listos para eso? ¿Existe esa capacidad? ¿Está la industria nacional en condiciones de responder a ese desafío? Aquí debe entrar el Gobierno Nacional para asegurar las condiciones de política económica y recursos financieros que faciliten semejante esfuerzo nacional, porque de lo contrario terminaremos comprando aparatos importados de China, sin haber logrado ningún cambio significativo en la estructura productiva del país y sin recuperar un ápice del atraso industrial que nos agobia. ¿Se puede confiar en ello? ¿Te imaginas el impacto favorable en la industria nacional, si el Gobierno asume este cambio? ¿Cuántos empleos nuevos? ¿Cuánto desarrollo? El Gobierno Nacional tiene la tarea de apalancar financieramente esa tremenda aventura en lugar de botar la plata a través de subsidios que no fomentan disciplina productiva en las gentes ni les inducen a generar ahorro. ¿Podríamos firmar ese compromiso, al menos con los miles y miles de usuarios en la costa atlántica que se ubican en estratos 1, 2 y 3?
¿Cómo proceder en este caso? En tanto se trata de un servicio público de carácter básico que no puede suspenderse, corresponde cubrir el déficit con cargo a fondos públicos que están bajo control de la Superintendencia de Servicios Públicos y refrescar la operación de las distribuidoras de energía en la costa. A partir del acto de intervención en la empresa Air-e, es el Gobierno Nacional quien controla la crisis y es el mismo Gobierno la instancia que debe hallar soluciones si quiere salvar el sistema del colapso. Presumimos que el Sector Energético Nacional hará uso de todas sus capacidades para encontrar la forma de conciliar entre “generadoras” y “distribuidoras” para acabar con el fantasma de que las empresas de la costa deben pagar más cara la energía. Ese problema debe resolverse de inmediato. Pero también está la oportunidad de convocar a la industria nacional para que, en una iniciativa de envergadura nacional, se impulse el recambio tecnológico en los hogares costeños para renovar la dotación de aparatos domésticos que permitiría reducir sustancialmente el gasto en energía que castiga tan fuerte el bolsillo de los hogares en el tiempo presente. ¿Habría condiciones para hacerlo? Claro que sí. Hay que comenzar con pagar la factura de servicio, que es lo primero para ayudar a la recuperación de las cuentas de la distribuidora de energía, y de otra parte, por intermedio de la misma factura, pagar los electrodomésticos nuevos, estos sí financiados y subsidiados por el Gobierno Nacional – con un sentido práctico y conducente hacia el ahorro de energía- para promover el desarrollo en la industria nacional y conseguir el bienestar en los hogares de la costa. Los aparatos viejos serán materia de un vasto plan de desmonte y reciclaje debidamente diseñado y ejecutado que también correspondería liderar al Gobierno Nacional.
¿No tenemos aquí una forma práctica de costear el desarrollo? ¿Se te ocurre mejor forma de aplicar los recursos del Estado para apalancar el desarrollo, antes que estar promoviendo subsidios onerosos que no promueven disciplina productiva ni generan ahorro? El problema y crisis del sector energético en la costa atlántica le está brindando al país una excelente oportunidad de aprendizaje que debemos aprovechar. Todos debemos actuar en consecuencia.
Arturo Moncaleano Archila
[i] https://razonpublica.com/la-factura-energia-electrica-la-costa-atlantica-parte-2/