Ese podría ser el título para el más reciente escándalo del Gobierno Petro que, ni aun terminando su mandato, deja de generar polémica sobre cómo se estaba adelantando la llamada «paz total», la cual no dio ningún resultado. Lo grave de todo esto es que el primer comisionado de Paz, Danilo Rueda, aparece en una investigación de Noticias Caracol haciendo todo tipo de compromisos con el Clan del Golfo para adelantar un cese de hostilidades a cambio de retirar oficiales de la Fuerza Pública. En una analogía, el ex comisionado Rueda llamó a esto «el juego de los congelados», como el juego infantil donde todos se quedan quietos. Eso fue lo que propuso: ustedes se quedan quietos en las zonas y nosotros también; pero, además, nos comprometemos a entregarles todo lo que pidan bajo la fachada de «construir confianza». Esto es el colmo: un comisionado que más parecía miembro del Clan del Golfo que representante del Estado colombiano.
Esto representa, literalmente, una entrega total del gobierno a esta banda criminal que durante el periodo de Petro creció exponencialmente. También está salpicado el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien fue el encargado de sacar a los generales en fechas que coinciden sospechosamente con estas negociaciones. Y la que no podía faltar, Laura Sarabia, también está incluida según lo denunció el general (r) Henry Sanabria, exdirector de la Policía. Es impresentable que el gobierno haya cometido semejante barbaridad; eso es no tener empatía con las Fuerzas Militares ni con las víctimas de estos grupos armados. ¿Hasta cuándo Colombia tiene que soportar que sigan pisoteando la dignidad nacional? Es una completa irresponsabilidad que el señor Rueda se expresara así y, mucho peor, sin un marco jurídico de sometimiento ni ninguna ley tramitada en el Congreso. Lo que quería era mostrarse como el gran gestor de paz, pero entregándoles todo a los criminales y, lo que parece ser más grave, en presunta connivencia con esos grupos, dada la cercanía que se le notaba. Pero lo más inaudito e increíble es que se ofreciera la cabeza de investigadores y altos mandos de la Fuerza Pública que luchan contra este siniestro grupo que hoy domina más de 400 municipios y tiene aterrorizada a la gente, especialmente en los territorios más alejados y empobrecidos.
El presidente Gustavo Petro también tiene que dar la cara y no puede esconderse tras el argumento de que es una «persecución». Los audios son claros y, como comandante en jefe, debe responder —no sé si penal o políticamente—, pero tiene que rendirle cuentas al país por lo que hicieron su ministro de Defensa y su ex comisionado de Paz.
El impacto de esta denuncia en la agenda nacional durante esta semana ha sido devastador para el cierre del gobierno. Mientras el presidente Petro insiste en que las grabaciones corresponden a montajes o descontextualizaciones para sabotear los procesos de diálogo, desde el Congreso de la República ya se han empezado a promover debates de control político de carácter urgente y varios sectores de la oposición. La tensión en el país es total, pues la opinión pública y las asociaciones de militares en retiro coinciden en que este escándalo no solo deslegitima por completo la política de Paz Total, sino que deja en una vulnerabilidad histórica la seguridad nacional y la moral de las tropas en las regiones más golpeadas por la violencia.
Lo que sí queda claro es que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, debe iniciar una investigación seria contra Danilo Rueda y contra Iván Velásquez. Así este último sea su amigo, ella debe adelantar lo que corresponda para judicializarlos, porque lo que hicieron fue una traición a la patria, sin pensar en el dolor de tanta gente en Colombia que padece a diario el accionar de estos criminales.
Jacobo Solano Cerchiaro