En las últimas semanas la extradición volvió a ser un tema visible por unas propuestas polémicas del presidente Petro y por la probable extradición de Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba.
Desde la época del Cartel de Medellín en los años 80 la extradición ha sido casi permanente un asunto polémico en Colombia. Grupos narco terroristas como “Los Extraditables” iniciaron una guerra contra el Estado para evitar ser extraditados y en este contexto nació la frase famosa de Escobar “Prefiero estar en una tumba en Colombia que en una celda de la cárcel en Estados Unidos”.
En 1979 el gobierno de Turbay había firmado el Tratado de Extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, el cual fue ratificado al año siguiente en el Congreso. Pero como tantas veces en la historia del país, la narco oligarquía de la época pudo celebrar una victoria cuando la Constitución del 91 estableció en el artículo 35: “Se prohíbe la extradición de colombianos por nacimiento. […]”
En 1997 se reintroduce la extradición con el Acto Legislativo 1 de 1997 durante el gobierno Samper quien se encontraba bajo fuerte presión por el escandalo 8.000 y por las relaciones tensas de su gobierno con los Estados Unidos. Desde esta fecha la extradición sigue vigente en Colombia.
La extradición se define como un instrumento de cooperación judicial internacional, y según la Corte Constitucional de Colombia se trata de “un mecanismo de colaboración entre los estados para combatir el crimen y garantizar que no haya impunidad.” Sin embargo, es controvertido si se trata de un mecanismo efectivo para combatir el crimen. Algunos críticos afirman que muchos narcotraficantes extraditados a Estados Unidos logran negociar con la justicia estadounidense para recibir luego beneficios bastante altos como la residencia temporal o permanente en el país del norte.
Las voces a favor de la extradición argumentan con que la extradición, sí es efectiva porque el sistema jurídico colombiano se deja corromper fácil como lo demuestran las altas cifras de impunidad.
Además, hay que reconocer que muchos capos grandes le temen a la extradición, pero no a la justicia colombiana. Recordemos todo el espectáculo mediático y jurídico acerca de la extradición del delincuente difunto alias Jesús Santrich, o las imágenes de alias Otoniel del Clan del Golfo quien se vio bastante agitado, minutos antes de su extradición. Por otro lado, fugas de presos de alto perfil como Aida Merlano o alias Matamba soportan el argumento de que la justicia colombiana “no sirve para nada”.
Hace unas semanas, el presidente Petro había propuesto que narcotraficantes que negocien con el Estado y que no reinciden en este negocio ilícito, no serán extraditados. Esta propuesta causó malestar en varios sectores y no fue recibida de manera positiva en los Estados Unidos. Todd Robinson, Subsecretario de Estado de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de Estado dijo sobre esta idea de Petro “es algo que el Departamento de Justicia debe discutir.”
A parte de esto, hay que plantear la pregunta, ¿si el gobierno realmente busca una “paz total” a través de testimonios de narcotraficantes, o si estos testimonios solo sirven, si tienen sesgos políticos en contra de opositores del gobierno actual? Resulta improbable que narcotraficantes que comprometen a miembros del gobierno actual o a personas cercanas al gobierno, se puedan salvar de una extradición.
La verdad no puede ser víctima del oportunismo político, y la no extradición no debe ser el premio que el gobierno le otorga a narcos que testifican contra opositores del gobierno. De ser así, los testimonios falsos serán la regla.
Andreas Mariano Althoff Ospina