“La guerra es una masacre entre personas que no se conocen, para provecho de personas que si se conocen pero que no se masacran.”
Paul Valery
Las diferentes protestas que han tenido cabida en distintos lugares alrededor del mundo han despertado el interés de actores que se han empeñado en entender lo que se podría considerar el fenómeno de movilizaciones masivas más grande de la historia de la humanidad. Aunque existe una gran variación en cuanto a sus causas y potenciales desenlaces, un aspecto recurrente en el debate ha sido el papel que la violencia ha tenido en estas expresiones colectivas de descontento. Mientras algunos advierten que han sido en su gran mayoría pacíficas, otros sugieren que la violencia ha sido una estrategia necesaria en condiciones de abierta represión (Thaler, 2019) o una consecuencia no deseada del alcance de las movilizaciones y la dificultad de coordinar acciones en movimientos sin líderes visibles (Chenoweth, et al. 2019).
En Colombia históricamente la protesta social se relacionado con la violencia citando argumentos como la influencia de los diferentes grupos armados o la incapacidad de los manifestantes de reconocer las vías institucionales para tramitar sus demandas (Barrera & Hoyos, 2020). Lo anterior se ha interpretado en un difuso y un deficiente marco normativo informado por una narrativa pública criminal que supone que la protesta, de forma inevitable, genera desorden, origina delitos y afecta de forma sistemática los derechos fundamentales de quienes no hacen parte de las movilizaciones.
En relación con lo anterior, las distintas agresiones originadas por las protestas han generado un proceso de adaptación por parte de los manifestantes, y esto contribuye a que aumente el potencial de la confrontación. Un ejemplo de ello es la creación de grupos de protección conocidos como “primera línea” que han ocasionado eventos violentos durante las movilizaciones.
Ante esta problemática, se hace necesario plantearse la pregunta si la violencia y el desorden son, buena parte de tomadores de decisión y fuerzas del orden, características naturales de la protesta en Colombia. La pregunta resulta relevante si se tiene en cuenta que, como advierten (Della Porta & Tarrow, 2012), ante la activación de nuevos ciclos de protesta, autoridades y manifestantes ajustan sus estrategias de acuerdo con las expectativas que tienen del comportamiento de su contraparte en relación con la información de la que disponen y de las experiencias previas de interacción.
Para poder resolver esta pregunta, se hace necesario establecer tres factores: el primero, es que la violencia se supone como una de las tácticas que disponen los manifestantes en el país, y a la cual recurren cuando las demandas están relacionadas con carencias de tipo material, teniendo como rival las Fuerzas de Seguridad del Estado; el segundo, se evidencia la reducción de la probabilidad de recurrir a tácticas violentas sin que esto implique la institucionalización de la protesta; por último, es la influencia de los grupos armados que pueden incidir en la probabilidad de emplear tácticas violentas.
Estos hallazgos resultan relevantes tanto a nivel sustantivo como teórico. En términos sustantivos, brinda un panorama muy distinto de aquel que históricamente ha orientado la respuesta estatal para la gestión de la protesta y discute con el imaginario colectivo que la asocia con desorden y violencia. Un asunto de vida o muerte, en un sentido muy literal, si tiene en cuenta que una buena parte de los despliegues de las fuerzas de choque como el Escuadrón Móvil Antidisturbios se fundamentan en este tipo de apreciaciones con las consecuencias que el país ya conoce (Barrera & Hoyos, 2020).
Para entender el concepto de protesta social, debemos tener claras ciertas definiciones que se han suscitado alrededor de este fenómeno. Primero, debemos entender el repertorio dentro de una dimensión estratégica, ya que reincide en conseguir la atención del adversario y la posibilidad de obtener los resultados que se proponen; en segundo lugar, es necesario comprender la dimensión expresiva del repertorio, ya que los mensajes que transmiten afectan la percepción y la imagen que se tiene de la manifestación y puede incurrir en la probabilidad de tener nuevos aliados, y por último, porque los repertorios pueden contribuir o no a la cohesión interna y al fortalecimiento de los lazos afectivos al interior de los grupos que protestan (Casquete, 2006).
Charles Tilly define el repertorio como “el conjunto de medios que los grupos tienen a su disposición para visibilizar reclamos de distinto tipo en contra de diferentes individuos o grupos”. Así mismo, este autor establece que esto no se origina de forma espontánea, que trata de procesos de índole cultural mancomunados con procesos de aprendizaje que se despliegan en el tiempo de acuerdo con la organización del poder al interior de las sociedades y la interacción entre desafiantes y adversarios (Tilly, 1986).
A partir de este concepto anteriormente mencionado, se pueden determinar tres tipos de repertorios que pueden aplicarse al caso de protesta social colombiano.
- Repertorio convencional: este busca generar un cambio sin generar una interrupción de las actividades de la sociedad; este tipo de repertorio es comúnmente conocido y a las personas les es más fácil de implementar al momento de expresar una inconformidad.
- Repertorio disruptivo: a diferencia del anterior, este busca interrumpir todas las actividades cotidianas de la sociedad, que incluso pueden constituir una amenaza de violencia. Según (Barrera & Hoyos, 2020), requiere de niveles de coordinación importantes y suelen ser efectivas en la medida que llaman la atención de las autoridades a quienes los manifestantes dirigen su reclamo. Invasiones, tomas de entidades y bloqueos de vías son algunas de las tácticas que hacen parte del repertorio.
- Repertorio violento: A este tipo de repertorios corresponden todas aquellas tácticas que buscan alterar el funcionamiento rutinario de la sociedad a través de acciones que intencionalmente buscan generar un daño físico a objetos o personas. Según Tarrow, se trata de una táctica que requiere de un nivel mínimo de organización y movilización pero que acarrea grandes riesgos en relación con la reacción que pueda desencadenar (Tarrow, 1998). Dentro de este repertorio se pueden incluir actividades como el saqueo, los disturbios o la destrucción de la propiedad privada o pública.
En referencia a lo anterior, es necesario poner en consideración cinco hipótesis que pueden caracterizar el desarrollo de los diferentes movimientos sociales.
- Las características de los grupos: en este caso se puede considerar que los grupos no son homogéneos; en este caso se pueden presentar desacuerdos y no precisamente actúan cohesionadamente. Se puede concluir que no precisamente las características del individuo se asemejan a las características del grupo como tal.
- El tipo de demandas: aquí se puede hacer acotación a las demandas que hacen entrever los actores de la protesta. (Medel & Somma, 2018) señalan que, de acuerdo con su naturaleza, las demandas inciden en el tipo de tácticas que despliegan los manifestantes: cuando se trata de demandas radicales por lo general asociadas a carencias materiales o a la afectación directa del bienestar por acciones y omisiones del Estado existen mayores incentivos para usar tácticas disruptivas e, incluso, violentas.
- Los adversarios de las protestas: aquí se hace relación a los actores a quienes va dirigida la manifestación. Si bien es cierto que en un principio se concibe la idea de que el Estado es el principal adversario de la protesta, actualmente se ha evidenciado la presencia de otros actores como lo son la empresa privada, universidades, organismos internacionales, entre otros.
En el contexto colombiano se pueden destacar tres. La primera, en circunstancias en las que el adversario es el Estado es razonable esperar que la protesta sea más violenta en la medida que se trata de un actor que si bien tiene las capacidades para reprimir, actúa bajo coerciones institucionales y políticos que se lo pueden limitar. La segunda, en situaciones en los que el adversario es un actor no estatal resulta conveniente distinguir según se trate de un actor legal como por ejemplo las empresas privadas, o ilegal conformados por grupos armados.
Aunque en Colombia existe evidencia de las alianzas entre unos y otros, para efectos de la generación de las hipótesis se estima oportuno distinguirlos de manera analítica. De esta manera, en tanto las empresas pueden tener bajas capacidades y altos constreñimientos para reprimir violentamente, los manifestantes serán más proclives a protestar de forma disruptiva y violenta. Inversamente, en la medida que los grupos armados ilegales tiene altas capacidades y menores restricciones, la mejor opción a disposición de los manifestantes serán tácticas convencionales (Barrera & Hoyos, 2020).
- Presencia de grupos armados: para esta hipótesis en particular, es difícil establecer de forma precisa la influencia de los grupos armados en la manera como se organiza y manifiesta el disgusto popular.
(McAdam D. , 1986) propone contemplar en el análisis de la acción colectiva tanto los costos como los riesgos anticipados que ésta acarrea. La diferencia entre unos y otros, como anotaron posteriormente (McAdam & Wiltfang, 1991), es que mientras los costos están bajo el control del activista, “los riesgos, como costos futuros, dependen no sólo de las propias acciones de los activistas, sino de las respuestas de otros a sus acciones’’.
- Efecto de tiempo y lugar: se trata desde luego de la forma de como surgen, evolucionan y/o desaparecen los diferentes repertorios en una protesta social. Algunos autores como (della Porta y otros, 2006) y(Jasper, 1997) advierten que en las últimas décadas se han difuminado masivamente acciones más orientadas por lógicas simbólicas cuya principal pretensión no es vencer sino convencer al adversario; incluso, Sidney Tarrow en su obra Power in Movement considera que este proceso de institucionalización es casi siempre el mismo: “en la medida que la emoción de la fase disruptiva de un movimiento muere y la policía adquiere mejores destrezas para controlar, los movimientos institucionalizan sus tácticas con el fin de lograr ganancias concretas para sus partidarios”.
En concordancia con lo anterior, se puede concluir que la corriente de movilizaciones que ha experimentado el país ha tenido dos efectos masivos que, factiblemente, perduren en el tiempo. El primero, es que nuevas generaciones de ciudadanos ejercieron por primera vez su derecho a protestar y se volcaron a las calles junto a otros sectores sociales con una larga tradición.
De forma simultánea la magnitud del desafío público alimentó visiones conspirativas por parte del Gobierno y distintos sectores empresariales y políticos que, en lugar de dar la razón a la legitimidad de los reclamos, han impulsado y apoyado una campaña conducida a endurecer la respuesta estatal. Una decisión que, podría radicalizar aún más las demandas y la conducta de los manifestantes dando como resultado un círculo vicioso en el que finalmente ninguna de las partes obtendrá algún beneficio.
En el centro del debate, se encuentra la discusión sobre el papel de la violencia en la protesta social. Para unos, la protesta se acaba cuando la violencia comienza a emerger. Para otros, se trata de una relación consecuente en la que la protesta se asume se asume de forma violenta y desordenada.
Aunque la posibilidad de utilizar tácticas violentas decrece en la medida que pasa el tiempo, esto no implica que la disrupción desaparezca o quede de lado por formas más institucionalizadas de protesta. Al contrario, parece haber un efecto de sustitución en el que la disrupción reemplaza la violencia. La probabilidad de emplear este tipo de repertorios tiende a incrementarse cuando la protesta es liderada por grupos sociales específicos, las demandas están ligadas a carencias materiales o afectaciones directas al bienestar de las personas producto de acciones u omisiones del Estado.
La probabilidad de emplear tácticas violentas no parece aumentar por factores relacionados con el conflicto armado sino a unas pocas variables aunadas con ciertas demandas de carácter radical y adversarios específicos como las fuerzas de seguridad del Estado y las empresas públicas.
Faiver Coronado Camero[2]
Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”
https://orcid.org/0000-0002-0640-7907
[2] Teniente Coronel de la reserva activa del Ejército Nacional de Colombia, Profesional en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Cadetes General. José María Córdova, Magister en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra, Docente Investigador del Departamento de Estrategia en la Escuela Superior de Guerra. Faiver.coronadoc@esdegue.edu.co, https://orcid.org/0000-0003-3327-8386.
REFERENCIAS
Barrera, V., & Hoyos, C. (2020). ¿Violenta y desordenada? Análisis de los repertorios de la protesta social en Colombia. Análisis Político(98), 167-190.
https://doi.org/https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/89416/75742
Cabrera, L. (2017). Entre el cambio y la inercia histórica: el contexto actual de la inteligencia militar en Suramérica. URVIO Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad(21), 8-21.
https://doi.org/https://doi.org/10.17141/urvio.21.2017.3082
Casquete, J. (2006). The power of demonstrations. Social Movements Studies, 45-60.
Chenoweth, E., Dahlum, S., Kang, S., Marks, Z., Shay, C., & Wig, T. (16 de Noviembre de 2019). This is maybe the largest wave of nonviolenta mass movementss in world history. What comes next? The Washignton Post.
Della Porta, D., & Tarrow, S. (2012). Interactive Diffusion: The Coevolution of Police and Protest Behavior with an Ap-plication to Transnational Contention. Comparative Political Studies, 45(1), 119-152.
della Porta, D., Andretta, M., Mosca, L., & Reiter, H. (2006). Globalization from Below. Minneapolis. University of Minnesota Press.
Jasper, J. (1997). The Art of Moral Protest: Culture, Biography, and Creativity in Social Movements. University of Chicago Press.
McAdam, & Wiltfang. (1991). The Costs and Risks of Social Activism: A Study of Sanctuary Movement Activism. Social Forces, 69(4), 987–1010.
McAdam, D. (1986). Recruitment to High-Risk Activism: The Case of Freedom Summer. American Journal of Sociology, 92(1), 64-90.
Medel, R., & Somma, N. (2018). ¿Marchas, ocupaciones o barricadas? Explorando los determinantes de las tácticas de la protesta en Chile. Política & Gobierno, 23, 1163-199.
Tarrow, S. (1998). Power in Movement. Cambridge University Press.
Thaler, K. (2019). Violence Is Sometimes the Answer. Foreing Policy.
Tilly, C. (1986). Contentious French. Harvard University Press.