Un llamado urgente al Ministerio de Educación Nacional: la inclusión no se decreta, no se improvisa y mucho menos se construye excluyendo a quienes deben hacerla realidad en el aula.
La pluma dorada de La Guajira plasma la página en blanco con la tinta de su pensamiento, inspirada esta semana en una realidad que merece ser discutida sin eufemismos, la inclusión educativa en Colombia y la responsabilidad que, durante años, se le ha venido asignando al maestro, muchas veces sin las herramientas, la formación especializada ni las garantías necesarias para responder a las exigencias que se le imponen.
Desde sus 25 años de experiencia en las aulas de básica primaria, secundaria y educación universitaria, esta pluma ha tenido el privilegio de conocer de cerca la complejidad del oficio docente. Porque enseñar no consiste únicamente en transmitir conocimientos, evaluar aprendizajes o cumplir con una programación académica. Enseñar implica comprender realidades, reconocer diferencias, transformar vidas y asumir una responsabilidad social que exige vocación, compromiso y preparación permanente.
Sin embargo, después de tantos años escuchando hablar de inclusión, surge una pregunta inevitable: ¿cuánto hemos avanzado realmente y cuánto de ese discurso se ha quedado en capacitaciones, reuniones, programas y documentos que pocas veces responden a las necesidades cotidianas del aula?
Hace años escuchamos la misma promesa, debemos ser inclusivos, debemos transformar nuestras prácticas, debemos atender la diversidad. Y, por supuesto, ningún maestro comprometido con su profesión debería oponerse a que todos los estudiantes tengan acceso a una educación digna, pertinente y de calidad. La inclusión no es un favor; es un derecho. El problema comienza cuando ese derecho se convierte en una exigencia para el docente, pero el Estado no garantiza las condiciones para ejercerlo.
El maestro, entre el discurso institucional y la realidad del aula
Comprender la educación de las personas sordas exige reconocer una realidad lingüística fundamental, la lengua de señas colombiana es una lengua natural y constituye la primera lengua de muchas personas sordas, mientras que el español escrito puede ser su segunda lengua. Esta particularidad no es un detalle menor; tiene implicaciones pedagógicas, comunicativas y curriculares que requieren formación y acompañamiento especializado.
Entonces, ¿cómo se espera que un docente cuya formación inicial se centró en la enseñanza del español y en la comunicación con estudiantes oyentes responda, por sí solo, a las necesidades lingüísticas y educativas de un estudiante sordo, si no ha recibido preparación suficiente para hacerlo?
No se trata de desconocer la capacidad de aprendizaje del maestro ni de negar su responsabilidad profesional. Tampoco de cuestionar el derecho del estudiante a estar en el aula regular. Se trata de reconocer que la voluntad no reemplaza la formación especializada y que la vocación, por grande que sea, no convierte automáticamente a un docente en intérprete de lengua de señas, especialista en educación bilingüe y bicultural o experto en todas las necesidades educativas que pueden confluir en un mismo salón.
¿Cuánto dinero se invierte en hablar de inclusión y cuánto llega al aula?
Por eso, el Ministerio debería revisar de manera transparente la inversión, los resultados y la pertinencia de los programas existentes. No para desmantelar lo que funciona, sino para corregir lo que no responde a las necesidades de las comunidades educativas y fortalecer aquello que verdaderamente transforma las prácticas pedagógicas.
También estamos excluyendo al maestro
Se le exige transformar sus prácticas, adaptar sus planeaciones, diseñar estrategias diferenciadas y responder por los aprendizajes de poblaciones diversas. Sin embargo, pocas veces se le pregunta con suficiente profundidad qué necesita, qué dificultades enfrenta, qué formación requiere y qué apoyos considera indispensables.
Se habla del estudiante, de sus derechos, de sus necesidades y de las rutas de atención. Todo ello es necesario. Pero ¿dónde queda la voz del docente que debe hacer posible ese derecho? ¿Dónde están las condiciones laborales, los tiempos de planeación, los equipos de apoyo y los incentivos que reconozcan la complejidad adicional de su trabajo?
No podemos convertir al maestro en el destinatario de todas las exigencias y, al mismo tiempo, negarle participación efectiva en la construcción de las soluciones.
Porque una cosa es reconocer la diversidad en una planeación y otra muy distinta es disponer de las competencias lingüísticas, pedagógicas y didácticas para garantizar que un estudiante comprenda, participe, se comunique y aprenda.
Si queremos garantizar una educación verdaderamente inclusiva para los estudiantes sordos, necesitamos docentes formados en educación bilingüe y bicultural, profesionales con competencias específicas, intérpretes cuando corresponda y modelos de apoyo que respondan a las necesidades de cada estudiante.
Y aquí propongo una alternativa concreta: que el Ministerio de Educación estudie la posibilidad de fortalecer la formación universitaria y de posgrado de los maestros en lengua de señas colombiana, educación de personas sordas y otras áreas de atención a la diversidad. Que se establezcan rutas de formación rigurosas, con práctica pedagógica y reconocimiento profesional, para que las instituciones educativas cuenten con personal preparado y no dependan exclusivamente de intervenciones externas ocasionales.
También es necesario revisar las posibilidades de incentivos, reconocimiento salarial y condiciones laborales para quienes asumen responsabilidades adicionales y acreditan formación especializada. No se trata de pagar por incluir ni de convertir un derecho en una transacción económica. Se trata de reconocer que la cualificación profesional, el tiempo de preparación y las responsabilidades adicionales requieren inversión y valoración institucional.
Si el Estado necesita docentes bilingües, biculturales o especialistas en determinadas áreas, debe contribuir a formarlos, vincularlos y garantizar su permanencia en el sistema educativo. No puede limitarse a exigir que todos los maestros se conviertan, de un momento a otro, en profesionales especializados en campos para los cuales su formación inicial no los preparó.
Una inclusión que también incluya a quien enseña
Al Ministerio de Educación Nacional y al Gobierno de Colombia les hago un llamado respetuoso, pero firme: revisen los programas, escuchen a los docentes y evalúen si los recursos destinados a la inclusión están generando las transformaciones que el país necesita.
No se trata de oponernos a la inclusión. Se trata de defenderla con responsabilidad. De impedir que termine convertida en un discurso administrativo que presenta cifras de actividades realizadas mientras los maestros siguen enfrentando, muchas veces en soledad, las dificultades concretas de la enseñanza.
La pluma dorada de La Guajira deja esta reflexión sobre la página pública: la inclusión será una realidad cuando deje de ser una obligación solitaria del maestro y se convierta en un compromiso efectivo del Estado.
Delia Bolaño