Hay un momento en la vida de cualquier territorio en el que los diagnósticos dejan de servir. No porque estén mal hechos, sino porque ya se han hecho demasiadas veces. La Guajira lleva casi una década bajo la sombra de la Sentencia T-302 de 2017, la que declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales frente a la desnutrición infantil de la niñez Wayuu. Desde entonces hemos leído cifras, hemos visto informes, hemos escuchado promesas. Lo que entrega ahora la Comisión Asesora Científica (CAC) no es otro recuento del horror: es, por fin, un capítulo de recomendaciones que se atreve a nombrar lo estructural y a proponer caminos concretos. Vale la pena detenerse en él, no como ejercicio académico, sino como hoja de ruta que esta región —y quienes la gobiernan— tienen la obligación moral de recorrer.
El cuidado como gobierno, no como caridad
Lo primero que salta del documento es un giro de mirada que debería incomodarnos a todos: el cuidado materno-infantil Wayuu no es un asunto doméstico ni un servicio que el Estado presta por benevolencia. Es una forma de gobierno propio, sostenida durante generaciones por parteras, sabedoras, abuelas y autoridades tradicionales. Reconocerlas como agentes legítimos del sistema de salud intercultural, y no como simples «beneficiarias» de programas asistenciales, es el primer paso para romper una lógica que ha tratado a las comunidades como receptoras pasivas de ayuda en lugar de sujetos de derechos con conocimiento propio. La Comisión lo dice con claridad: mientras las parteras sigan siendo vistas como personal por «capacitar» en vez de maestras por reconocer, seguiremos repitiendo el mismo error de origen.
De ahí se desprende una propuesta que cualquier alcaldía o gobernación debería tomarse en serio: la implementación real del Modelo Unificado de Salud Propio e Intercultural Wayuu. No es un modelo más en el papel. Implica presupuesto asignado, autoridad sanitaria indígena reconocida, rutas materno-infantiles que combinen diagnóstico tradicional y seguimiento biomédico, mediadores culturales permanentes en los hospitales, y algo tan básico como ambulancias 4×4 y telemedicina satelital para un territorio disperso donde la distancia mata tanto como el hambre. Institucionalizar las salas maternas interculturales de Nazareth, Uribia y Manaure, con acompañamiento de parteras durante el parto, es una medida que no requiere inventar nada nuevo: exige voluntad y continuidad.
El agua, otra vez el centro de todo
Ningún lector guajiro se sorprenderá de que el agua vuelva a ocupar el corazón de las recomendaciones. Pero el informe va más allá del lugar común y plantea algo que rara vez se dice con esta franqueza: los proyectos que se ejecutan en el departamento deben explicar con claridad sus efectos sobre los cuerpos de agua —ríos, jagüeyes, pozos, lagunas y mar— antes de ser autorizados, y deben incluir mecanismos de compensación justa cuando los afecten. La Comisión advierte, además, algo que muchos venimos señalando desde hace tiempo: el mar se perfila como el próximo territorio en disputa, y las comunidades costeras Wayuu y afro estarán en el centro de ese conflicto si no se actúa con anticipación.
Aquí aparece una figura que merece más atención institucional de la que ha recibido: el sembrador de agua, especialista Wayuu sistemáticamente excluido de los diseños de infraestructura hídrica que se le imponen a su propio territorio. Incorporar su conocimiento —y el de otros especialistas ambientales indígenas y afro— no es un gesto simbólico, sino una condición técnica para que los proyectos funcionen. A esto se suma la propuesta de fortalecer sistemas ovino-caprinos, recuperar semillas nativas y construir calendarios agrícolas propios que dialoguen con el calendario alimentario Wayuu, en lugar de imponerle ciclos de siembra ajenos a su lógica territorial.
Las regalías, puestas a trabajar
Una de las propuestas más concretas es la de destinar un porcentaje fijo de las regalías del carbón y el gas a una política de transformación productiva con encadenamiento local. No se trata de más subsidios dispersos, sino de construir clústeres agroindustriales y turísticos formales que absorban la informalidad y generen empleo de calidad para las microempresas Wayuu y afroguajiras. La Guajira ha exportado riqueza mineral durante décadas sin que esa riqueza se traduzca en autonomía económica para quienes habitan el territorio. El informe propone, en el fondo, que la región deje de ser solo territorio de extracción y empiece a ser territorio de producción propia.
Junto a esto, la Comisión insiste en un marco financiero plurianual obligatorio y vinculante, formalizado mediante un documento CONPES, que blinde la inversión en los determinantes sociales de la salud frente a los cambios de gobierno. Cuántas veces hemos visto programas prometedores morir con el cambio de administración. Un instrumento de esta naturaleza no resuelve la desnutrición por sí solo, pero cierra la puerta a que cada cuatro años se vuelva a empezar de cero.
Medir lo que de verdad importa
Quizás la recomendación más silenciosa, pero más profunda, tiene que ver con la forma en que medimos el problema. El informe pide que los indicadores dejen de culpar a las familias por condiciones estructurales y empiecen a evidenciar las fallas del Estado: la débil presencia institucional, la fragmentación de la oferta pública, la desigualdad en la asignación de recursos. Propone desagregar los datos por territorio ancestral, microterritorio, lengua y estacionalidad, porque un promedio departamental esconde más de lo que revela. Y plantea algo que debería ser elemental en cualquier ejercicio de política pública seria: devolver los resultados a las comunidades, en su lengua, antes de publicarlos.
Lo que sigue
El propio informe lo advierte: estas recomendaciones son orientaciones estratégicas, no garantías. Su impacto depende de la voluntad política y de la articulación real entre Estado y comunidades, algo que en La Guajira ha sido, históricamente, la pieza que falta. Pero el documento entrega algo valioso: un mapa detallado, construido con evidencia técnica y con la voz de las propias comunidades, de por dónde empezar.
La pregunta que le queda a la institucionalidad departamental y nacional no es si estas recomendaciones son razonables sino si existe, esta vez, la determinación de ejecutarlas con la misma seriedad con la que fueron formuladas. Nueve años después de la T-302, La Guajira no necesita un nuevo diagnóstico. Necesita que alguien, por fin, se atreva a implementar el que ya tiene sobre la mesa.
Arcesio Romero Pérez