Hace unos días, una estudiante se acercó a cuestionarme la calificación de un examen. Hasta ahí, nada extraño. Los profesores estamos acostumbrados a que nuestros alumnos pregunten, discutan y defiendan sus respuestas. De hecho, me parece saludable que lo hagan. Lo particular fue el argumento con el que llegó: había consultado sus respuestas con una herramienta de inteligencia artificial y esta le indicaba que algunas de las que yo había marcado como incorrectas eran, en realidad, correctas.
La situación me produjo más preocupación que molestia. Le respondí algo que desde entonces me ha quedado dando vueltas: la inteligencia artificial, cuando se utiliza sin conocimiento previo, puede terminar induciendo al error. Son herramientas extraordinarias, quizá de las más importantes que han aparecido en los últimos años, pero su utilidad depende también de quien las consulta.
En este caso bastaba con algo mucho más sencillo que preguntarle a una máquina: abrir el Código Penal, leer cuidadosamente las disposiciones correspondientes y confrontarlas con las afirmaciones del examen. No había que acudir a grandes tratados ni resolver una discusión jurídica particularmente compleja. Había que leer.
El episodio revela un problema que comenzamos a enfrentar quienes ejercemos la docencia. Muchos estudiantes están dejando de utilizar la inteligencia artificial como una herramienta para aprender y empiezan a utilizarla como una autoridad encargada de decidir quién tiene la razón. Y allí aparece el verdadero riesgo.
Una respuesta producida por inteligencia artificial puede ser clara, elegante, convincente y estar completamente equivocada. La seguridad con la que está redactada no constituye una garantía de verdad. La máquina no reemplaza la fuente, y mucho menos el conocimiento necesario para verificar lo que responde.
En Derecho esto resulta todavía más delicado. Nuestra disciplina exige trabajar con normas, jurisprudencia, doctrina, principios y contextos concretos. Una palabra puede modificar completamente el sentido de una disposición. Confundir un concepto jurídico con otro puede llevar a conclusiones equivocadas, aunque la explicación parezca impecable.
Por eso quizás la pregunta que deberíamos hacernos ya no es si los estudiantes deben utilizar inteligencia artificial. Esa discusión probablemente quedó atrás. La verdadera pregunta es cómo enseñarles a utilizarla sin renunciar al pensamiento propio. Consultar una herramienta tecnológica puede ser el comienzo de una investigación, nunca necesariamente su final. La respuesta debería provocar una nueva pregunta y llevarnos al libro, al código, a la sentencia o a la fuente original.
La inteligencia artificial puede ayudarnos a pensar. El problema comienza cuando permitimos que piense por nosotros. En tiempos de respuestas inmediatas, quizás el verdadero aprendizaje siga estando en algo mucho menos novedoso: leer, dudar, contrastar y formarse un criterio propio. Porque ninguna tecnología, por avanzada que sea, debería ahorrarnos el trabajo de pensar.
José Jorge Molina Morales